Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, admitió que la demora en los trámites para lograr ejecutar un proyecto, de diversos sectores y especialmente minero, le resta competitividad al país para atraer mayores inversiones.
“De 3 a 4 años le toma a un proyecto poder salir adelante, eso no hace al Perú un país competitivo frente a otros países”, afirmó en la primera Cumbre de Minería Responsable y Desarrollo Territorial, organizada por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), el Gobierno Regional de Moquegua y con el apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En ese sentido, indicó que “en 8 meses como máximo deberíamos estar aprobando una certificación ambiental. Sin embargo, para un pequeño permiso ambiental nos demoramos un año y un gran proyecto están pasando a 4 años. Queremos ver qué ha pasado y por qué no cumplimos los plazos legales”.
Detalló también que hoy existen 93 proyectos a la espera de certificación ambiental por parte de Senace, organismo adscrito al Minam, los cuales equivalen a US$ 21,000 millones. De los cuales, 32 corresponden al sector minero por un valor de US$ 18,000 millones.
Según afirmó Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), “Habíamos tratado de resolver la conflictividad con tramitología y la tramitología no había logrado resolver la conflictividad. Más permisos, más firmas, no eran necesariamente menos conflictos, en muchos casos aumentaban los conflictos, la frustración aumentaba. Y sigue aumentando”.
Por ello, afirmó que la propuesta de desarrollo territorial traería una solución de fondo a este tema, para la cual se requiere la participación de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo: el Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil.
Soluciones en marcha
Para atender este asunto, informó que su entidad ha puesto en marcha ciertas acciones. Una de ellas es la emisión del Decreto Supremo 004-2024 que modifica el reglamento del SEIA. Con ello, se dispone que la admisibilidad no puede demorar más de cinco días.
“Dejar el expediente en el Senace para que lo evalúen sobre 3 -5 requisitos formales, solamente ese paso tomaba 1 año, para admitir el estudio. Ni siquiera estamos todavía evaluando el estudio, estamos admitiendo. Entonces, esta norma está corrigiendo eso. Y la admisión no debe pasar de 5 días” explicó.
De igual manera, esto regula la demora de los opinantes para que no suspenda el procedimiento.
“No puedes esperar al opinante, tú tienes que evaluar, comunicar tus hallazgos mientras van llegando las observaciones de otros”, acotó.
Sumado a ello, con la resolución ministerial 116 se está modificando un Decreto Supremos para que reajustar los términos de referencia de los criterios a evaluar para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ordenar los procesos y fortalecer la coordinación.
“Lo que queremos finalmente es la mejora de la calidad técnica de los EIA, optimización de proceso, cumplimiento de plazos, y predictibilidad y celeridad. Todo eso nos va a llevar a la ejecución oportuna de los proyectos y a cerrar las brechas”, resaltó Castro.
Zegarra apunta que para resolver la conflictividad, que excede a las cuestiones de permisología, las empresas mineras deben actuar como catalizadoras y promotoras de la gobernanza territorial para el desarrollo territorial. También, que se elabore una política nacional de diálogo y gestión de conflictos sociales y un sistema nacional que garantice su implementación. Asimismo, que se impulse la participación activa de las universidades regionales y otros actores del sector del conocimiento.
