LUCIANA PAZ

En los últimos 10 años, la balanza comercial energética dio una pérdida de US$ 30.000 millones debido a altos costos de generación eléctrica y precios subsidiados y para revertirlo el gobierno nacional persigue tres objetivos: autosuficiencia, normalización y financiamiento

En el plenario de Comisiones del Senado, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, desarrolló algunos de los puntos claves del capítulo energético, que además de los subsidios incluye la reforma de la Ley de Hidrocarburos, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Con la meta de bajar el déficit energético, la Secretaría de Energía (plasmado en la Ley de Bases) se propuso tres objetivos inmediatos: lograr la autosuficiencia de las tarifas, normalizar los mercados y cambiar el esquema de inversiones de uno público a uno privado. 

En electricidad con la Ley Bases se propone pasar de un modelo centralizado en la toma de decisiones (Estado-CAMMESA) a un modelo de competencia y decisiones descentralizadas. Por eso, CAMMESA dejará de hacer contratos con los generadores quienes tratarán directamente con las distribuidoras.

ESTADO DE SITUACIÓN

En materia de electricidad los precios de generación de electricidad son muy elevados y contratos dolarizados, elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, donde era alta la inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años y que es uno de los temas a revertir.

En segundo lugar, también es que la generación que tenemos, la que se encuentra instalada, no toda funciona correctamente y a veces se acerca mucho a la demanda máxima y por tanto, como la demanda está subsidiada, a veces crece de una manera que nos lleva, por ejemplo, en este verano, aunque no hubo cortes significativos, hemos tenido que agotar todos los puntos de interconexión para traer energía de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Chile. La tarifa en diciembre del 2023 sólo cubría el 40% del costo total del servicio, cosa que es un aspecto fundamental y primario el que la tarifa cubra el costo del servicio, el costo de generación, el costo de transporte y el costo de distribución. 

En materia de gas también había un debilitamiento institucional y nulas señales de mercado para alentar las inversiones. Entre 2008 y 2017 se pusieron en marcha distintos tipos de contratos para incentivar la producción pero que representan un costo muy alto, si bien los precios podrían estar adecuados al momento económico  hoy son precios muy altos y muy caros que tiene que pagar la demanda. "Adicionalmente, como el gas no era suficiente, importamos gas de Bolivia a un precio todavía más alto que los planes de Gas.Ar y además adquiríamos barcos con gas natural licuado".

En general, en Bolivia adquirimos el millón de BTU a US$ 10  e internamente Enarsa lo vendía a 1,82. Lo mismo podría decirse en el GNL, donde se compraba una cantidad determinada y luego se vendía a un precio más barato. 

"Las inversiones se hacían, eran un poco costosas, como el GNK, pero no llegaban a tiempo. Quizás ese tramo del gasoducto podría haber estado cuatro años antes".

LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO DE MILEI

La nueva administración lo que se planteó fueron tres objetivos inmediatos: lograr la autosuficiencia de las tarifas, normalizar los mercados y cambiar el esquema de inversiones de uno público a uno privado.

Chirillo insistió en separar el concepto de tarifa y subsidio, el primero es el costo del servicio y el segundo la capacidad de pago de la gente. Partiendo de la diferencia es que se estableció una tarifa de transición hasta que se realicen revisiones quinquenales de un año con un sistema de ajustes.

"¿Qué es lo que se paga en la tarifa? Se paga el consumo, pero también se paga la disponibilidad para consumir. ¿Qué es la disponibilidad de consumir? Cuando uno enciende una luz detrás de esa perilla hay un montón de cables que nos llevan a la red de distribución, de ahí a estaciones transformadoras, de ahí a redes de transporte y de ahí a centrales de generación de cualquier tipo que sean ellas. Eso significa que hay todo un sistema que está disponible para que nosotros consumamos", explicó.

Una vez lograda la autosuficiencia de la tarifa, que permitirá sostener la recaudación del sistema, será el momento del segundo objetivo: normalizar los mercados. "Los mercados no tenían señales de precios porque el Estado era el que determinaba y planificaba todo con la ejecución de CAMMESA y por tanto los modelos hay que cambiarlos", afirmó.

En el caso del gas, se pasa de un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energética como principio general para pasar a ser un país exportador, para tal fin hay un apartado específico que impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos que apunta a aprovechar la ventana de oportunidad para el petróleo y el gas.

La Ley 17.319, sancionada en los años 60, fue aggiornada al contexto actual y a un mundo en transición para poder maximizar la renta asegurando las condiciones de suministro interno. "El cambio sustancial en este modelo es que  los operadores no tienen que pedir un permiso que le otorgue la Secretaría de Energía de una manera precaria, en condiciones que no eran firmes, que en cualquier momento se podían revocar, y se transforma en un derecho que tienen las empresas a poder exportar", dijo Chirillo

Y agregó que se busca hacer crecer las exportaciones de gas y petróleo a través de ductos, aquellos que se están terminando y lo que deberían construirse. Frente a la paradoja del freno a la obra pública, que es lo que, hasta el momento, motivó la creación de gaso y oleoductos para sostener la importación, la Ley de Bases apunta a una modificación del régimen de inversiones que incentiva la llegada de privados a la obra pública, aplicable a la Ley de Hidrocarburos.

El cambio de modelo, que apunta a los tres objetivos generales del plan energético del gobierno, establece que las responsabilidades son de la oferta y de la demanda. CAMMESA deja de hacer contratos con los generadores, y estos los realizan directamente con los distribuidores que, gracias a la autosuficiencia lograda a nivel tarifario, ya tienen la capacidad económica.

"Y CAMMESA volverá a ser una empresa que ha funcionado de una manera excelente y admirable en lo que es el despacho y la liquidación de las transacciones, el despacho de cada una de las unidades y la seguridad del sistema, que es muy importante".

Así se llega al tercer objetivo que es volver competitivo el sistema para impulsar la llegada de inversores privados, en todos los aspectos de la energía. Para esto existen dos herramientas, el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y/o el  Esquema de la Iniciativa Privada para Esquemas de Infraestructura o de Obra Pública. 

En la apuesta eléctrica la clave está en la remuneración de la generación, "estamos introduciendo un esquema nuevo que permita dar solución al esquema del transporte eléctrico para poder atraer generación eficiente", explicó, y agregó que "hoy nos está pasando qué generación del norte donde hay mucho sol o generación del sur donde hay mucho viento, por falta de líneas no la podemos traer y somos ineficientes".

El esquema apunta a permitir la línea dedicada en muchas industrias, entre ellas la minería "como saben es un sector al que necesitamos desarrollarlo y que nos puede ayudar a salir de esta situación".

El último punto, en materia eléctrica, que levantó polémica entre los representantes de las provincias, fue la libre comercialización en el mercado minorista, es decir que cada persona puede elegir su proveedor de electricidad. Chirillo destacó que es un plan enfocado en los grandes centros urbanos donde los monopolios naturales a veces se abusan y la falta de competencia no incentiva la mejora del servicio.

LOS CAMBIOS PARA LA LEY DE HIDROCARBUROS

Partiendo de la base de que los recursos pertenecen a las provincias, el cambio a la Ley de Hidrocarburos que propone la Ley Bases apunta a que todas las facultades que tienen las provincias en materia de concesión o en materia que les corresponde, de acuerdo a las facultades provinciales, sean reconocidas.

"Es decir, hay una interacción y una delimitación adecuada entre lo que siguen siendo facultades federales y lo que son facultades provinciales. Así como hablé de la exportación, la importación también es libre", apuntó el secretario de Energía.

Con la intención de incentivar y extender la producción aprovechando la ventana de oportunidades, la modificación apunta a maximizar la renta, la redacción de los pliegos de las concesiones y la no extensión de las prórrogas en forma automática. "Ahora lo que buscamos es que al vencimiento de la concesión, un año antes o dos años antes, se convoque a una nueva licitación".

Y esto también implicó un cambio de las regalías en favor de las provincias "Las regalías antes se pagaban en pesos fijos y ahora se pagan relacionado con una cantidad de barriles, de manera que conforme esté el precio del barril, entonces la regalía sube", explicó Chirillo.

Agregó que "en la licitación que se hace de la concesión, se establece que el 15% que establecía la ley, el oferente puede poner un más o un menos conforme el riesgo que vea en la flotación para la cual está participando. De manera que la regalía puede aumentar si un oferente ve que una concesión le va a aumentar la producción, la regalía puede superar el 15% de la producción que tiene".

Para sostener la transparencia, se crea un esquema de ajuste de los barriles para que no quede congelado el precio. "Respondiendo a un pedido de la industria se incorpora en la nueva ley el reconocimiento de ciertas actividades, más allá del transporte, que también son importantes", concluyó su presentación Chirillo.