En el segundo día de conferencias de Rumbo a PERUMIN “Camino a la reactivación económica” se analizó el costo que representa el retraso de la puesta en marcha de proyectos mineros y los beneficios que podría traer al país agilizarla. En tal sentido, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que el PBI pierde S/ 698 mil millones por no poner en marcha 23 proyectos mineros.

“El impacto que puede tener la minería es en órdenes de magnitud. Es probablemente la actividad que más te puede mover la aguja con el potencial que ya está ahí. Esta es una oportunidad que no va a estar aquí para siempre, tenemos que aprovecharla lo antes posible; el costo de dejar pasar la oportunidad es enorme y aumenta año a año”, indicó durante su ponencia.

Macera explicó que uno de los factores por los que se retrasan los proyectos mineros en el país es la tramitología, que implica más de 200 procesos administrativos con 19 entidades públicas, además pueden tardar en promedio hasta 6-7 años, en la entrega de permisos, más del doble del tiempo normativo (2-3 años). Aclaró también que el sector no apunta a saltarse trámites ni reducir estándares, sino a que se gestionen con mayor eficiencia y velocidad.

Para demostrar su impacto en la inversión y producción minera, expuso un estudio elaborado para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), donde se planteó el proyecto modelo "Yacimiento Minero”, con una inversión de US$ 1,400 millones y datos promedio de los 16 proyectos de cobre de la cartera 2023 del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Para evaluar los efectos, se consideró que el proyecto modelo “Yacimiento Minero” enfrenta un retraso de cuatro años en el inicio de su inversión y producción. Esto implica S/ 2,656 millones no invertidos entre los años 1 y 4, y s/ 2,310 millones (115,000 TMF de cobre) no producidos en el cuarto año.

“El retraso de 4 años en el inicio de la inversión y producción del proyecto modelo debido a la tramitología resulta en pérdidas de S/ 12,044 millones de PBI, equivalente a 2 puntos adicionales de crecimiento durante el periodo. Además, genera una disminución de la recaudación de S/ 2,064 millones, y pérdidas de 8,500 empleos anuales en la fase de inversión y 7,400 empleos anuales en la fase de producción”, detalló.

COSTO ECONÓMICO DE LA NO EJECUCIÓN DE 23 PROYECTOS EN CARTERA
De acuerdo con el mismo estudio, Macera explicó que de los 46 proyectos en cartera de inversión hay 34 proyectos demorados.

Y, al momento del estudio, 23 de esos proyectos registraron retrasos por razones ajenas a la voluntad de la empresa, los cuales representan un monto de inversión de US$ 29,667 millones, equivalente al 55% de la inversión total.

“Entre el 2008 y 2022, la no ejecución de proyectos mineros resultó en una pérdida de PBI de S/ 698 mil millones y una reducción en recaudación en ingresos fiscales de S/ 123 mil millones. La puesta en marcha de estos proyectos podría haber generado 541 mil empleos adicionales en el año 2022, así como 125 mil empleos temporales en el año de mayor inversión (2011)”, precisó.

COSTO ECONÓMICO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Por otro lado, el director del IPE señaló que los conflictos sociales también han afectado de manera notable al sector minero.

Expuso que, desde mediados de 2021, los conflictos sociales vinculados con la minería se ubican 20% por encima de sus niveles promedio en 2017-2020, alcanzando un pico de 73 casos en el 2022.

“Entre 2021 e inicios de 2023, la conflictividad social llevó a la paralización de 11 principales unidades mineras en ocho regiones, reduciendo la producción de cobre, zinc, oro, plata, molibdeno, entre otros metales. Las regiones más afectadas se concentran alrededor del Corredor Minero Sur y representan cerca del 50% del PBI minero nacional”, apuntó.