De acuerdo con la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la ciudadanía peruana identifica al narcotráfico y la minería ilegal como las actividades económicas ilegales más perjudiciales para el país. Esta última se encuentra en debate público ante la intención de un sector del Congreso por aprobar una norma que terminaría favoreciendo a esta práctica ilícita.

El estudio de opinión se realizó mediante entrevistas a 1.028 personas, en 154 provincias del país, entre el 19 y el 24 de enero. El margen de error es de ± 2.8 puntos. Como resultado de la encuesta, se determinó que un 28% considera al narcotráfico como el principal problema, seguido de la minería ilegal (24%) y la trata de personas (23%).

Sin embargo, hay cierta diferencia en Lima y las regiones, ya que la ciudadanía de la capital considera que la actividad económica que más afecta es la trata de personas, con un 29%; mientras que en las regiones la preocupación se centra en la minería ilegal, con un 24%.

Este porcentaje a nivel de regiones guarda relación con los recientes actos criminales vinculados a la minería ilegal que han generado mayor preocupación. Un caso en el norte es lo ocurrido en Pataz (La Libertad), donde la criminalidad ha crecido vinculada a dicha actividad ilícita e incluso se presentan reiterados ataques a Minera Poderosa, que han cobrado la vida de varios trabajadores.

En el caso del sur, hay regiones que registran un incremento de la minería ilegal como Cusco, Puno o Arequipa, además de Madre de Dios, donde la situación es más crítica.

POSIBLE REAPERTURA DEL REINFO
A pesar de la preocupación ciudadana, en el Congreso de la República se ha propuesto aprobar una nueva ley que aperture por un plazo adicional la inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El objetivo inicial del REINFO fue, de manera excepcional y por un periodo de tiempo limitado, facilitar la formalización de los mineros artesanales y de pequeña escala. Pero, lamentablemente, ha tenido varias ampliaciones que en lugar de lograr la formalización, en muchos casos ha encubierto el trabajo de mineros que no cumplen con los requisitos mínimos para operar.

Especialistas en la materia, como el abogado ambientalista César Ipenza y el ex viceministro de Gestión Ambiental José De Echave, han advertido en forma reiterada que los mineros ilegales aprovechan para solicitar su inscripción y así logran seguir operando bajo la fachada de “informales”.