El futuro del proyecto de cobre de First Quantum en Panamá se debate entre la presión social y las decisiones del gobierno que va y viene entre aprobaciones y derogaciones.

Desde que entró en vigor el contrato minero, el pasado 20 de octubre, las manifestaciones en Panamá se intensificaron. Concentraciones, marchas y cierres de vías se apoderaron de las principales calles del territorio.

En el marco de normativas legales y con objetivo de la notificación es meramente cumplir con las formalidades legales requeridas por los tratados internacionales, con el propósito de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días, First Quantum, Cobre Panamá y Franco- Nevada Corporation presentaron demandas arbitrales ante el Ministerio de Comercio e Industria.

Según explicó en un comunicado First Quantum "La empresa confía plenamente en su sólida posición legal y su intención ha sido siempre abrir canales de diálogo para encontrar soluciones conciliadoras en estricto cumplimiento de la ley y los tratados internacionales, siempre reservándose el derecho de activar otras medidas para defender su inversión realizada de buena fe".

Y agregó que "Reitera su compromiso con la transparencia, la ética y el estado de derecho, elementos esenciales para promover un futuro sostenible inclusivo y próspero para Panamá".

El estallido social comenzó luego de que se aprobara, de forma expedita, una ley que le otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, un permiso para explotar cobre por 20 años, prorrogables por otros 20 y con la posibilidad de extender el contrato hasta que termine la vida útil de la mina. El presidente Laurentino Cortizo ratificó la norma con celeridad y el contrato se confirmó, a pesar de las numerosas críticas contra el proyecto. 

 Los choferes de transporte de carga, muchos procedentes de Centroamérica, denuncian que se enfrentan a unas condiciones "inhumanas y antihigiénicas" en los bloqueos de carretera que se registran en Panamá desde hace más de un mes en rechazo a un contrato minero.

El gobierno defendió el contrato argumentando que es fuente de unos 40.000 empleos entre directos e indirectos y señaló que los aportes de la mina son importantes a la economía del país. Destacó que con el contrato se asegura un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares por parte de la minera.

De hecho, el Ministerio de Economía recibió hace una semana la suma 562 millones de dólares correspondientes a las obligaciones de la minera a la fecha, establecidas en el contrato-ley. Debido a que el país está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno dijo que esos dineros no serán utilizados y se mantendrán en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá.