JOSUÉ HINOJOSA

El agotamiento de los campos, que da lugar a la caída de la producción de hidrocarburos, además del elevado régimen impositivo, genera un escenario poco alentador para las empresas petroleras que operan en Bolivia.

Lejos de retomar la idea de ampliar sus inversiones, las operadoras tienden a abandonar sus proyectos de explotación, en algunos casos, de forma anticipada.

Tres especialistas coinciden en que el retiro de las empresas se explica por la baja rentabilidad de los proyectos, los cuales tienen dificultades para cubrir sus costos. Con este escenario, advierten que las operadoras avanzan hacia su retiro definitivo del país.

En junio de 2022, Shell Bolivia transfirió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sus operaciones y activos de los campos Los Suris y Escondido, en Tarija.

En junio de este año, ante el declive de la producción de gas, Petrobras Bolivia anunció el cierre de la planta Colpa Caranda, en Santa Cruz. A inicios de julio, Repsol E&P Bolivia transfirió a YPFB sus activos de las áreas Mamoré I y Surubí, en Cochabamba.

En opinión del analista en hidrocarburos Álvaro Ríos, esta situación surge porque la totalidad de los campos hidrocarburíferos de Bolivia está en declinación. Tras varios años de operación, los campos dejan de ser rentables, de modo que las operadoras ya no pueden cubrir costos operativos y de mantenimiento.

“Cada mes que pasa o cada día que pasa vamos a ir viendo más entregas (de activos) en función de que las empresas van llegando a este límite donde el campo, por su escasa producción, ya no es rentable. En esa línea es que van a proponer su devolución porque no vale la pena perder plata”, explicó Ríos.

También afirmó que el retiro de las empresas petroleras continuará porque no se hizo actividad de exploración. “Esto va a ocurrir hasta que una empresa no tenga ningún campo en Bolivia y se va a ir, va a abandonar el país”, agregó.

Para el especialista en hidrocarburos Hugo del Granado, existe una desilusión de las operadoras petroleras respecto a las condiciones en las que trabajan, situación que da lugar a la devolución anticipada de los campos.

Del Granado mencionó el reciente caso de Repsol E&P Bolivia, que transfirió a YPFB sus activos de Mamoré I y Surubí con el argumento de que son campos maduros. En opinión del analista, esto en realidad ocurre porque los pozos ya no generan los ingresos esperados y la operadora no está dispuesta a ejecutar nuevas inversiones ante la elevada carga fiscal.

“Por lo tanto, la mejor salida que han encontrado es devolver los campos. Lo más probable es que en pocos años, con un régimen parecido, ya no exista ninguna operadora en Bolivia, ninguna empresa petrolera internacional”, dijo.

Por su parte, el analista en hidrocarburos José Padilla afirmó que, al margen de la escasa rentabilidad por la decadencia de los pozos, las condiciones que establece YPFB no son favorables para las operadoras, dado que éstas producen y la estatal fija precio y comercializa.

Padilla explicó que el mercado interno demanda 15 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas y que YPFB fija un precio de US$ 1,30 a 1,60 por millón de BTU; si el gas es destinado al mercado externo el precio mejora. 

En esas condiciones de precio, y con una producción cada vez más disminuida, las operadoras prefieren abandonar los proyectos.

“Las empresas operadoras que se quedan, poco a poco se van a ir porque no se está produciendo. Esa es la tendencia porque no es rentable para las empresas con la actual Ley de hidrocarburos”, dijo Padilla.