ELÍAS GARCÍA OLANO

El gobierno planteó observaciones a la autógrafa de ley que dictó el Congreso de la República de Perú y que plantea incrementar la asignación del canon petrolero en favor de autoridades locales del departamento de Loreto, reduciendo la destinada al gobierno regional.

El pleno del Parlamento aprobó en mayo último un texto, a iniciativa de la Comisión de Economía, que modifica la ley N° 24300, a fin de mejorar la distribución del canon y sobrecanon petrolero de Loreto.

La recaudación por canon (minero, petrolero y gasífero) permite generar transferencias de aproximadamente S/11,000 millones anuales a las autoridades subnacionales, de los cuales solo el petrolero y de gas representa unos S/3,000 millones al año en zonas donde se desarrolla esa actividad.

SE REDUCIRÍA RECURSOS A GOBIERNO REGIONAL
Si se aprobara la modificación, el canon que recibe hoy el gobierno regional de Loreto, que corresponde actualmente al 52% del total a transferir por ese concepto al departamento, se reduciría a un 20%.

En tanto que las transferencias por canon a los gobiernos locales, que hoy es del 40%, se elevaría al 70%. En tanto las universidades mantendrían el 5% que hoy perciben, mientras un 3% iría a institutos de investigación, y 2% a institutos tecnológicos de la región.

La autógrafa también dispone que los gobiernos regionales y locales destinarán a las comunidades campesinas y nativas, los fondos asignados por concepto de canon y sobrecanon petrolero.

PERUPETRO A FAVOR
Gestión supo que Perupetro, que es la agencia estatal encargada de realizar las transferencias de recursos recaudados por canon, estaría de acuerdo con la ley propuesta.

De hecho, en un reciente evento sobre canon, Gustavo Vásquez, tesorero de Perupetro, al explicar los alcances de la modificación aprobada, indicó cómo se distribuiría el 70% que podría pasar a manos de los gobiernos locales.

Ese 70%, detalla el funcionario, sería redistribuido a razón de diez puntos porcentuales (pp) para los distritos donde se produce el petróleo; otros 11 pp irían a las provincias productoras, y 40 pp para el resto de los distritos del departamento donde se desarrolla esa industria, entre otros.

Indicó que actualmente, en vista que solo un área está operando en Loreto, el Lote 95 (de Petrotal), ese departamento recibe S/13 millones, distribuidos en siete provincias y 53 distritos (además del gobierno regional), es decir tiene un monto por distribuir que resulta reducido.

Sin embargo, dijo, según se vayan reactivando otros yacimientos en la región, como el Lote 192 (entregado a Petroperú), y el Lote 8 (cuyo contrato está en proceso de negociación directa), aumentará la producción petrolera y eso favorecerá (con más canon) a los distritos productores.

OBSERVACIONES
En sus observaciones a la autógrafa, el Poder Ejecutivo indica que se estaría contraviniendo la Constitución, dado que se estaría vulnerando la autonomía y competencias del gobierno regional de Loreto, al reducir sus recursos de canon y sobrecanon petrolero en casi 62%.

Recordó que las transferencias por canon petrolero constituyen el 98.7% de los ingresos del gobierno regional, así como el 1.3% del sobrecanon petrolero proveniente de Ucayali.

Desde el ámbito presupuestal, refiere, esta disminución de recursos contraviene el principio de equilibrio presupuestario, entre ingresos y gastos, debido a que su aprobación implicaría una demanda adicional de recursos del Tesoro por parte del gobierno regional.

BUSCAN QUE SE INVIERTA EN COMUNIDADES
El viceministro de Economía, Juan Pichihua Serna, indicó que el gobierno presentó un proyecto de ley que fortalece las inversiones relacionadas a la explotación de recursos en las comunidades y busca se concreten inversiones en favor de las poblaciones asentadas en las zonas donde se realiza actividad petrolera.

En un evento sobre el canon, Pichihua refirió que, si bien las normas establecen que los gobiernos regionales y locales, deben invertir en las comunidades, pero como eso no tiene carácter vinculante en la ley del canon, esas autoridades subnacionales no tienen obligación de rendir cuentas que demuestren que invierten en dichas poblaciones.

En esa línea, refirió que el proyecto del Ejecutivo (Proyecto de ley N° 03101) hace vinculante la inversión (de gobiernos regionales y locales) en las comunidades, y para lo cual la Contraloría General de la República establece mecanismos de rendición de cuentas.