El día de los financiamientos. A pocos meses que comience la vuelta electoral con las PASO, Argentina acordó créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con el foco puesto en la infraestrcutura energética, por un lado para impulsar el acceso a la energía limpia y además fortalecer las inversiones para la represa Salto Grande.

El primer anuncio en llegar fue la aprobación de tres nuevos financiamientos del Banco Mundial, por US$ 900 millones: US$ 400 millones para ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables; US$ 300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud; US$ 200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.

Luego se anunció que el el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una nueva línea de crédito binacional de US$ 400 millones para Argentina y Uruguay con el fin de fortalecer inversiones en el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, informó el Ministerio de Economía argentino.

INVERSIONES PARA SALTO GRANDE

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande se construyó en una zona de rápidos y desniveles rocosos, en el curso medio del río Uruguay, aprovechando para la generación hidroeléctrica un desnivel natural llamado Salto Grande.  El Complejo está formado por una presa central de hormigón y dos presas de tierra, por eso se trata de una presa mixta. La capacidad total de evacuación -cantidad máxima de agua que puede pasar por la estructura de la represa- es de 61.560 m3/seg. Pero por el vertedero, pasan más de 58.000 m3/seg.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, a través de este préstamo de US$ 400 millones, el BID apoyará a Argentina y a Uruguay en la modernización de Salto Grande "mediante inversiones en infraestructura que permitirán garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la energía" proveniente de ese complejo hidroeléctrico, ubicado en el curso medio del río Uruguay, frontera natural entre Argentina y Uruguay.

De acuerdo al Gobierno argentino, se espera que las obras permitan extender la vida útil de la central hidroeléctrica y "contribuir a la sostenibilidad ambiental y social de esta fuente clave de energía limpia".

La financiación aprobada por el BID contará con una primera operación por 150 millones de dólares, que permitirá avanzar en las obras de infraestructura en el río Uruguay.

La central de Salto Grande, ubicada en las cercanías de las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay), es considerada la primera gran obra de integración energética de Latinoamérica.

El acuerdo entre Argentina y Uruguay para construir la represa se firmó en 1946, pero las obras recién se iniciaron en 1974 y en 1982 se pusieron en marcha la totalidad de las turbinas de la central.

Salto Grande es uno de los pilares de las operaciones de emergencia del sistema eléctrico interconectado. En caso de exceso hidráulico aportado por la cuenca del río Uruguay se hace uso del vertedero, ubicado en la parte central de la represa, para dejar pasar el agua que no es posible turbinar.

La Gerencia de Generación tiene a cargo el mantenimiento de los equipos y sistemas principales y auxiliares que producen la energía en el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Además de las tareas cotidianas, denominadas “mantenimiento fuera de estiaje”, implementa programas anuales para la conservación óptima del funcionamiento esperado del equipamiento, en especial de las unidades hidrogeneradoras. Estos procedimientos se vienen llevando a cabo desde 1978 y fueron incluidos en los protocolos de las normas ISO 9001:2008 - 14.001:2004 a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Desde 1979 al 2017,  se ha generado un total de 317.315 GWh. La participación de Salto Grande en el año 2017 ha contribuído con el 4 % para el cubrimiento de la demanda en Argentina y con el 44% en Uruguay.

El promedio de generación energética media anual de 1983 (año con las 14 unidades disponibles) a 2017, es de 8.592 GWh, ubicándose un 28 % por encima de la energía prevista originalmente en el diseño, que era de 6.700 GWh. El año de mayor producción del recurso energético fue 2014, en el que se obtuvieron 11.305 GWh. Solamente durante los años 1980, 1981, 1988, 1991, 1995, 2004, 2006, 2008 y 2012, la energía obtenida estuvo por debajo de la de diseño.

La gestión de operación, la permanente mejora de pronóstico, la capacidad de las instalaciones con elevados y oportunos índices de disponibilidad y una adecuada comercialización, han permitido obtener una buena utilización de la hidraulicidad registrada, llevando a la prosecución de uno de los objetivos de Salto grande: aprovechar al máximo el recurso hidráulico en el marco del respecto a los usos del agua establecidos en el Convenio de 1946.

El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande suministró hasta 2017 inclusive, 187.154 GWh a la red eléctrica argentina y 122.615 GWh a la uruguaya, totalizando un suministro de 309.769 GWh.
Desde el inicio de la explotación hasta el año 2017 inclusive, las horas de funcionamiento de las unidades fue de 3.045.663.

EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL

“A través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país. Con los proyectos aprobados en el Directorio del Banco, estaremos profundizando y fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, permitiendo dar continuidad a políticas de largo plazo centrales para nuestra población. Asimismo, con el foco puesto en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, estaremos llevando adelante proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como las inundaciones en el Norte Grande argentino, así como también proveer de más y mejores herramientas que contemplen el uso eficiente de la electricidad de las familias argentinas”, dijo Sergio Massa, ministro de Economía

Los tres proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de siete años.

El proyecto de energía permitirá, entre otros, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras sustantivas en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio, explicó el Ministerio de Economía, a través de un comunicado.

En particular, el proyecto ayudará a que familias vulnerables puedan cambiar electrodomésticos ineficientes y antiguos como heladeras y freezers, que son los que representan la mayor parte del consumo de electricidad en los hogares, precisaron desde la entidad.

También se apoyará a clubes de barrio y centros comunitarios en la compra e instalación de equipos de iluminación eficientes que ayudarán a reducir el consumo de electricidad y ahorrar dinero. En tanto, el proyecto de salud beneficiará a aproximadamente 19 millones de personas con cobertura de salud pública.

El proyecto “Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas” está enfocado a ciudades expuestas a las inundaciones. “Las inversiones de US$200 millones en infraestructura se focalizarán en la región del Norte Grande (Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones) y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se ubican la mayoría de los asentamientos urbanos vulnerables afectados por inundaciones”, se destacó. El Banco Mundial destacó que en Argentina, el 28 por ciento de la población está expuesta a inundaciones que representan el 60 por ciento de los desastres naturales.

El programa “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud” , en tanto, apoya el Plan Nacional Integrado de Salud 2023-2028, con foco en mejorar la cobertura equitativa y efectiva de los servicios de salud para la población sin cobertura, así como la eficiencia general del sector. Según el organismo, Eincluye desembolsos por resultados, una herramienta que permite abordar las desigualdades que aún persisten en el acceso y calidad de los servicios. En particular, se apoyará la prevención y control de enfermedades no transmisibles, como el cáncer de mama; la creación de una red de oncología pediátrica; la mejora de servicios de salud mental y los relacionados con violencias de género (un reto que se intensificó tras la pandemia de COVID-19) y se buscará integrar mejor el género y la diversidad y el enfoque climático en los servicios sanitarios”.