El Ministerio de Energía de Chile ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca regular el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), tomando en consideración las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contenidas en el Estudio de Mercado del Gas, emitido en diciembre de 2021, como también en su recomendación normativa de marzo de 2023.

El proyecto de ley busca, en primer lugar, mejorar la competencia en el mercado de GLP por medio de la desintegración vertical de dicho mercado en los segmentos de distribución mayorista y minorista, desde el punto de vista legal, patrimonial y económico, prohibiendo la integración entre ambos mercados, proscribiendo las cláusulas de exclusividad entre distribuidores mayoristas y minoristas.

Asimismo, la iniciativa legal incorpora la obligación de que los distribuidores mayoristas de GLP se constituyan como sociedades de giro exclusivo, de forma de facilitar el monitoreo y fiscalización tanto de los organismos asociados al sector energético como al de libre competencia.

De esta forma, se establece un régimen transitorio que permitirá a las empresas del mercado adaptarse a la nueva regulación en forma progresiva, considerando un plazo de doce meses para separar legalmente las actividades de distribución mayorista y minorista de GLP y un plazo máximo de 18 meses, prorrogable por una única vez, hasta por seis meses adicionales, para enajenar la entidad con giro de distribución mayorista o minorista de GLP, a su elección, ambos plazos contados luego de la eventual aprobación y publicación de la ley en el Diario Oficial.

En paralelo, se considera un plazo de 12 meses, desde la publicación en el Diario Oficial, para dejar sin efecto cualquier cláusula de exclusividad celebrada entre los distribuidores mayoristas y minoristas de GLP.

TRAZABILIDAD
El proyecto también contempla la consagración legal de la intercambiabilidad de cilindros de GLP, estableciendo un sistema de trazabilidad de éstos, que asegure la restitución oportuna, expedita y eficaz de los cilindros de GLP a su propietario, evitando su acaparamiento por parte de otras empresas.

La fiscalización de lo anterior se llevará a cabo mediante una plataforma informática de monitoreo de cilindros de GLP, de carácter reservada, administrada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

La iniciativa ingresada al Congreso considera además nuevas herramientas de fiscalización y sanción por parte de la SEC, así como otras modificaciones normativas, como la creación de un registro de distribuidores mayoristas y minoristas de GLP envasado en cilindros portátiles; acceso al servicio de envasado; la prohibición de interlocking, entre otras.

De esta forma, se cumple con el compromiso asumido por el Ministerio de Energía tras un acuerdo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados de ingresar este proyecto de ley durante la presente semana.

LA ADVERTENCIA DE LIPIGAS
Si bien aseguraron estar estudiando el documento, desde Lipigas entregaron una primera lectura al proyecto de ley sobre el mercado de gas licuado ingresado a la Cámara de Diputados y Diputadas por el gobierno.

“Creemos que una nueva legislación debe asegurar que va a mejorar lo que existe hoy en términos de precio, seguridad y accesibilidad al gas licuado en cilindro”, señalan a través de un comunicado, enmarcando que “no se puede cometer un error con un servicio básico que usa más del 80% de las personas en el país”, según informó Theclinic.cl. 

En relación al contenido de la iniciativa desde Lipigas fueron críticos. “Las decisiones se tomen en base a evidencia y no a teorías”, sostienen. En esa línea, plantean que “la evidencia demuestra que el gas más barato lo obtienen hoy los usuarios cuando es la empresa mayorista la que llega hasta el cliente final”.

“Al desintegrar el mercado, es decir, al impedir que la empresa de gas le venda al usuario final, como plantea el proyecto de ley, los precios no bajarán y nos preocupa que se generen expectativas que no se cumplirán”, aseguran.

De esta forma, desde Lipigas mencionan como ejemplo casos que han ocurrido en otros países de Latinoamérica como Brasil y México. En el primero, señalan, en 2016 “intentaron aplicar las mismas medidas que propone el proyecto: se prohibió la distribución directa a las empresas de gas para aumentar la competencia y bajar los precios. La medida fracasó y tres años más tarde derogaron la ley. Así, volvieron a permitir que las empresas de gas participaran en la distribución directa junto a los distribuidores minoristas”.