JUAN CARLOS GUAJARDO *

La aprobación del royalty a la minería cierra una etapa larga y pedregosa. Se sacan cuentas alegres por los mayores recursos que allegará al fisco pero hay varios flancos que conviene observar.

Hay que tomar conciencia de que la tasa de impuestos de Chile quedó por encima de varios países mineros de referencia, como Perú y los estados mineros de Estados Unidos, Canadá y Australia. Habrá que trabajar duro en otros aspectos como los permisos, la estabilidad política, las condiciones ambientales y comunitarias para compensar esta pérdida de competitividad. Seguirá habiendo inversión minera pero Chile ya no será una opción obvia.

Precisamente la validación con las comunidades en donde se realiza la minería tuvo una oportunidad excelente de ser mejorada en este royalty. Hasta ahora, la legislación nacional no permitía que los recursos generados por la minería quedasen en las zonas donde se realiza. Este royalty lo permite, pero no parece ser tan nítido que las cantidades que corresponden a las regiones y comunas mineras van a resolver la aspiración compensatoria regional.

Más aún, quedó un mal sabor de boca por la forma en que se manejó esta compensación regional, ya que pareció que la generosa distribución en todas las regiones del país buscaba más bien atraer los votos de los representantes regionales en favor del proyecto de ley más que atender la demanda de compensación de las externalidades mineras, que es el factor central que afecta el avance de los proyectos mineros.

Basta ver como el gran factor de discusión entre los congresistas no fue si el instrumento a aprobar era beneficioso para la industria minera y el país, sino cuánto recibirían sus circunscripciones. En general, en casi toda la discusión del royalty, primó la visión rentista que solo quiere sacar recursos de la actividad y muy poco hubo para pensar en cómo puede potenciarse para seguir aportando al país.

Toda esta repartición regional aún ofrece interrogantes, ya que no queda claro que los fondos van a tener un uso eficiente. Queda por definir un reglamento, que puede ser sujeto de tironeos políticos, y la historia enseña que la recepción y uso de los fondos a nivel regional no necesariamente se caracteriza por su efectividad.

El Impuesto Específico a la Minería, que será derogado en cuanto entre en vigencia el royalty, cuenta con dos fondos asociados: el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y el Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR). Ambos tienen un fuerte componente regional, pero existen serias dudas de los beneficios que han logrado a nivel regional o comunal.

Es sabido que las municipalidades son el nivel del estado donde hay menos fiscalización y menos control del uso de recursos públicos por lo que cabe la duda de si los beneficios de estos ingresos extras llegarán a ser tangibles para las personas. Podría haber un riesgo de expectativas insatisfechas que debe monitorearse.

La discusión de una nueva reforma tributaria gana terreno. Sería muy valioso que esta reforma en discusión, o aún sin ella, el país volviera a ofrecer algún mecanismo de invariabilidad tributaria. Cuando se derogó el DL 600 se argumentó que la estabilidad del país ya no lo justificaba. Al poco andar el país demostró que vaya que sí lo necesitaba.

Y en cuanto a permisos, el protocolo que se acordó en el marco del royalty, para mejorar la tristemente célebre permisología que asfixia a la minería y en rigor a los grandes proyectos del país, ofrece un rayo de esperanza de que, a pesar de la alta carga tributaria, algo podría mejorar para aprovechar la oportunidad de la minería.

* Director ejecutivo Plusmining