11 son los puntos de la Agenda Productiva 2030 que elaboró el gobierno de Argentina para transformar el entramado productivo del país con vistas a mejorar los indicadores sociales, económicos y ambientales. La minería es el número 8.

El Ministerio de Economía junto al centro de estudios Fundar presentaron un documento, de más de 300 páginas, donde analizan estrategías para potenciar la minería en el marco de la transición energética y persiguiendo los objetivos de la agenda 2030.

De manera general, el plan propone como metas generales a 2030 la reducción de la pobreza a la mitad, la disminución de la indigencia en un 70%, la baja del desempleo al 5%, la creación de más de 3,5 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de más de 100.000 nuevas empresas, la disminución de las tres grandes desigualdades que tiene el país (las territoriales, las de ingresos y las de género) y también la reducción del impacto ambiental de las actividades productivas.

La transición hacia una matriz energética de menores emisiones de carbono para mitigar el cambio climático está impulsando la demanda de una amplia variedad de minerales, entre los que se incluyen el litio, el cobre, el cobalto, el grafito, el níquel y las tierras raras.

Según define el informe, Argentina aún tiene mucho potencial para ser explotado, según las cifras que se divulgan, en 2021 la minería dio cuenta del 0,9% del valor agregado bruto de la economía, una cifra muy inferior a la de otras actividades primarias como los hidrocarburos (3,5%) o el agro (8,2%).

El oro (57%) y la plata (16%) son los minerales más relevantes en valor producido, seguidos muy de atrás por el litio (6%) y otros minerales como triturados pétreos, arena, plomo, zinc, etc. (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2022). El cobre supo ser el principal mineral producido, aunque el último yacimiento en operación cesó su actividad productiva en 2018.

A partir de este escenario, la minería argentina cuenta con un gran potencial para ser desarrollada en el marco de la transición energética, que está generando perspectivas favorables de inversión particularmente en litio y cobre.

La minería se cuenta entre los pocos sectores económicos “generadores netos” de divisas  aportando  al alivio de la restricción externa sino también coadyuvando a la promoción de sectores que proveen bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de la economía doméstica o que sostienen el entramado socio productivo nacional, los cuales son con frecuencia demandantes netos de divisas.

 En 2021, la minería generó exportaciones por más de US$ 3.200 millones, explicando casi el 4% de las exportaciones de bienes y servicios de la economía (una cifra cuatro veces mayor a su aporte al PIB).4 Este guarismo, no obstante, es muy inferior al de Chile, que en 2021 exportó minerales por un valor 17 veces superior al de Argentina, a pesar de compartir la misma cordillera.

La minería argentina se caracteriza por ciertas particularidades en lo que concierne al empleo. Tras estancarse entre 2012 y 2020 en torno a los 31.000 puestos asalariados formales directos, en los últimos años el empleo del sector cobró un fuerte dinamismo principalmente en torno a proyectos litíferos próximos a entrar en operación. En septiembre de 2022 hubo alrededor de 37.000 puestos de trabajo asalariados formales directos en los distintos segmentos de la minería, la mayor marca histórica.

Con la misión de potenciar el desarrollo minero el informe también toma la consecuencia de los conflictos sociales, el consumo energético y la creencia extrema del negativo impacto ambiental. Argentina tiene una gran oportunidad para que la minería termine de dar el salto que no logró completar en las últimas décadas, particularmente si se compara con otros países de la región como Chile y Perú, en donde la actividad se desarrolló notablemente más.

La misión se estructura en cuatro proyecctos: Promover la inversión y desbloquear el potencial geológico-minero argentino.  Desarrollar proveedores nacionales en la cadena de valor de la minería. Generar empleo local, inclusivo y de calidad.  Fortalecer los instrumentos de gobernanza socioambiental de la minería.

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UNA POR UNA TODAS LAS POLÍTICAS POR PROYECTOS PARA LA MISIÓN PRODUCTIVA

1- Promover la inversión y desbloquear el potencial geológico-minero argentino

 Los lineamientos de política de este proyecto (y las dimensiones por ellas abordadas) se formulan en base a cuatro objetivos principales: 

+Mejorar el aprovechamiento de los recursos minerales actualmente explotados y por explotar extendiendo la vida útil de las operaciones. 

+Favorecer el incremento de las inversiones en el sector aumentando el volumen de producción, el valor de exportaciones y el saldo positivo de divisas. 

+Mejorar los ingresos fiscales, su distribución jurisdiccional y su destino. 

+Fortalecer la agenda de transparencia. Antes de avanzar hacia las recomendaciones, es oportuno observar los planes, metas y visiones que se han propuesto en años recientes otros países que presentan ciertas similitudes con la Argentina y que presentan una larga trayectoria en el sector.

Si bien cada territorio tiene características propias, idiosincrasias diferentes y regímenes de gobernanza y estructuras administrativas particulares, se pueden apreciar lineamientos comunes para el sector minero en varias dimensiones como insumo para pensar las políticas locales.

Aquí se observa la política minera de tres países: Perú, Canadá y Chile, que además han sido analizados en estudios de caso puntuales a lo largo del documento. Argentina comparte algunas características geológicas con Chile y Perú, siendo la Cordillera de los Andes una de las principales fuentes de depósitos minerales del mundo (Oyarzún, 2000). Con Canadá comparte la forma de gobierno federal (parlamentarista en este caso), una baja densidad poblacional y una extensa geografía que afronta desafíos logísticos semejantes. En estos tres países el sector minero contribuye de manera significativa a su desarrollo

2- Desarrollar proveedores nacionales en la cadena de valor de la minería.

A corto plazo se ve como más factible realizar reformas en el régimen de promoción establecido por la ley de inversiones mineras 24.196/93 y modificatorias (LIM) mediante cambios en los condicionamientos para acceder a los beneficios que establece dicha ley (estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria). 

La entrada de los proveedores a la cadena de valor está supeditada, en primer lugar, a la estructura y dinámica de los mercados relevantes y las cadenas globales de valor mineras las cuales están generalmente dominadas por grandes empresas globales con procedimientos de abastecimiento de bienes y servicios estandarizados y con preferencia a proveedores globales.

Las posibilidades de entrar o no a la cadena por parte de proveedores domésticos depende entonces de cuán cerrado o abierto sea el segmento de la misma, y de las políticas empresariales con respecto a compras, las que incluyen hacer disponible información sobre licitaciones u otros procedimientos, y el uso o no de contratos u otra forma de compromiso de trabajo en conjunto

Avanzar con el COFEMIN en la construcción colectiva de una visión estratégica para el sector minero. Dicha visión debiera definir el tipo de minería y de proveedores para minería que se quiere alcanzar a mediano y largo plazo. Luego, en base a dicha estrategia, se podría avanzar con el COFEMIN en la generación de una nueva institucionalidad para minería que establezca reglas claras, mecanismos institucionales e incentivos para los diferentes organismos estatales de la Nación y las provincias.

El objetivo es que la interacción entre las reparticiones nacionales y provinciales vinculadas a minería articule el trabajo técnico en pos de avanzar hacia objetivos comunes. En materia de desarrollo de proveedores, debieran consensuarse objetivos comunes diferenciados por el tipo de proveedor a ser promovido y el rol de cada jurisdicción.

Asimismo, es clave definir incentivos atractivos para que las reparticiones que cuentan con información acuerden cómo compartirla y procesarla de manera colaborativa en pos de fortalecer las políticas. Dichos incentivos podrían ser, por ejemplo, fiscales en el marco de los reclamos históricos desde las provincias sobre la desigual distribución tributaria que caracteriza el modelo minero metalífero.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) puede ser un organismo a considerar para apoyar en el diseño de dichos mecanismos. Un antecedente relevante de construcción de una visión estratégica entre la Nación y las provincias para el sector fue el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) elaborado durante los años 2020 y 2021

3- Generar empleo local, inclusivo y de calidad. 

Para garantizar una oferta de destrezas que tengan un anclaje territorial acorde con la demanda de las empresas, resulta necesario fortalecer el sistema educativo (formación técnica en la escuela media y en los niveles terciarios, carreras universitarias, posgrados) y profundizar los mecanismos de articulación con los conocimientos y capacidades demandadas por el sector. La experiencia internacional muestra la pertinencia de vincular estrechamente al sector educativo formal con los requerimientos actualizados del sector productivo minero.

Es por ello que se recomienda la implementación de las siguientes políticas:

+Conformar un “Consejo Nacional sobre Competencias Mineras”

+Elaborar un Plan Nacional de Capacitación en Saberes y Conocimientos Mineros

+Asistir técnicamente a las provincias para elaborar regulaciones provinciales que establezcan mejoras cualitativas en la empleabilidad local, teniendo en cuenta la formación de perfiles mineros locales;

Expandir la oferta educativa con orientación en saberes y conocimientos mineros, en las provincias mineras y sus provincias limítrofes

+Estimular la formación educativa de la población joven que reside en los departamentos mineros a través del otorgamiento de becas para estudiantes técnicos y universitarios que deseen formarse en tecnicaturas o carreras mineras

+Mejorar la oferta educativa relacionada al sector del litio en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

+Incentivar las “prácticas profesionalizantes” para que estudiantes de escuelas técnicas, tecnicaturas y carreras mineras puedan insertarse más fácilmente en las empresas mineras, con particular foco en residentes de localidades cercanas a yacimientos.

+Establecer la obligatoriedad de exámenes de salud física para las personas que deseen emplearse en minería y se encuentren en una instancia previa a ingresar a una institución educativa con orientación en minería

+Mejorar el acceso a los servicios públicos de salud para las poblaciones en los departamentos mineros.

4-Fortalecer los instrumentos de gobernanza socioambiental de la minería.

Desafíos derivados de la necesidad de robustecer las instancias de participación y articulación entre los distintos actores en la toma de decisiones en relación a proyectos del sector minero, como forma de mediar entre dos planos que ocupan el análisis: el de las herramientas de gestión ambiental y el de los conflictos por el desarrollo de los proyectos.

En función de ello se profundizó en el análisis de las instancias de participación pública en el marco de la EIA e implementación de la CPLI y en las experiencias de inclusión de la dimensión socioambiental en la planificación de la actividad a partir del relevamiento internacional. 

Para lograrlo el informe propone: 

+Capitalización y seguimiento de los planes estratégicos existentes Implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) e institucionalización para todo el territorio nacional.

+Creación de Mesa de Trabajo de los Minerales Estratégicos. Propiciar mesas de trabajo intersectoriales a nivel regional.

+Estandarización de requerimientos y parámetros de evaluación de los proyectos mineros. Establecimiento de requerimientos mínimos comunes referidos a la participación pública en las distintas etapas del proceso de evaluación de impacto.

+Establecimiento de requerimientos mínimos comunes referidos a la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas

+Elaboración de un “Protocolo de protocolos de CPLI”

+Institucionalización de mecanismos participativos de monitoreo y fiscalización

+Fortalecer la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC)

+Fortalecer el SIACAM, generando incentivos para que las autoridades provinciales proporcionen la información ambiental de los proyectos bajo su órbita.

+Fortalecimiento de los equipos sociales y ambientales de las provincias

+Diseño de estructuras de soporte y apoyo a las comunidades locales en el marco de los procesos de evaluación ambiental

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