Desde la asunción de Pedro Castillo y más aún con su salida, la agitación social en Perú se hizo una constante. Si bien las cifras económicas no muestran la gravedad de los conflictos, sí condiciona la búsqueda de inversores.

Por un lado, el  ministro de Energía y Minas, Oscar Vera en PDAC 2023 aseguró que el gobierno está avanzando en la consecución de la paz social en el sur del país y se reunió con funcionarios del Banco Mundial para evaluar cómo reducir los plazos en los otorgamientos de los permisos y lograr que “los inversionistas no se vayan”. 

Por el otro,  según la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings, las mineras que tienen operaciones sólo en Perú enfrentan una mayor amenaza de interrupción de actividades debido a la agitación social que ha derivado en protestas y bloqueos de carreteras

Sin embargo, la firma indicó que muchas compañías con negocios múltiples de materias primas tienen sólidas condiciones de liquidez y que cualquier dificultad en su capacidad para ejecutar sus embarques de minerales desde el país debería ser limitada

En una entrevista con El Comercio, Otárola confirmó que "el corredor minero de Las Bambas ya está liberado y que ellos [MMG Las Bambas] están coordinado el inicio del transporte de su mineral, que ha estado embalsado mucho tiempo".

Perú vive desde diciembre una letal ola de protestas y convulsión social que se inició tras la destitución del expresidente de izquierda Pedro Castillo, quien tenía una importante base de apoyo entre las zonas empobrecidas del sur andino.

Fitch considera que hay incertidumbre sobre el momento en que se resolverán los conflictos sociales, que impactan regiones del interior donde están ubicados importantes yacimientos de cobre.

"Creemos que las protestas y bloqueos que se extiendan más allá de tres meses pueden representar un riesgo concreto a las operaciones de las minas, incluyendo la logística", destacó Fitch en un reporte.

Entre las mineras que encaran mayores complicaciones, Fitch mencionó los perfiles de crédito de Buenaventura ("BB-/Estable) y Volcán (BB/Estable), que operan únicamente en Perú, ante un eventual escenario de falta de insumos y problemas para trasladar su producción a los puertos de la costa.

Según definió el ministro, el paro indefinido que se inició en Espinar para forzar el cierre de Las Bambas, Antapaccay y Constancia  "esos son anuncios de algunas personas, pero en la práctica no es así. Estamos viendo que las compañías mineras están más tranquilas porque van camino a normalizar sus operaciones".

Entre las medidas para incentivar la inversión, Otaróla informó a El Comercio que "Uno de los mayores problemas que tenemos es la demora en el otorgamiento de los permisos. En la ‘permisología’ intervienen varios ministerios y hay un tema de demoras excesivas en comparación con otros países. Nosotros tenemos menos de tres meses en el gobierno, pero los diagnósticos que hemos hecho nos permiten identificar los puntos que debemos trabajar. También nos estamos reuniendo con los otros ministerios para revisar los procedimientos y que no haya etapas que se repiten dos y hasta tres veces".

Para sacar adelante algunos proyectos, el MINEM considera que deben iniciarse los proyectos Corani, Magistral, Romina y Reposición Antamina, que juntos suman US$2.950 millones de inversión.

Todos estos proyectos sufren un tema de ‘permisología’ y nosotros hemos tomado la decisión de participar directamente en el acompañamiento de todos los trámites con el objetivo de que se inicien este año.

Y para impulsarlos se tiene previsto una inversión de US$4.000 millones en el 2024 para los proyectos Zafranal y Yanacocha Sulfuros. La inversión en estos dos años suma casi US$7.000 millones. Nuestro objetivo es impulsar todo ello, y estoy seguro de que sí se va a concretar, concluyó el ministro en la entrevista en El Comercio.