NICOLÁS DURANTE Y EQUIPO DF MAS

A principios de diciembre, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tuvo un cara a cara con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Teatinos 120. La cita tenía como objetivo analizar el impacto de la disminución de la producción de Codelco, que ya estaba “caída” pero que esta semana se agravó al sincerarse que Rajo Inca se atrasa 15 meses y dejará de aportar hasta 80 mil toneladas entre 2023 y 2025.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, calculó que el efecto total de la merma productiva en la estatal es de 850 mil toneladas menos en los próximos cinco años, solo por Rajo Inca, la estatal dejaría de percibir US$ 150 millones al año, estimó.

Como precisó Pacheco en su momento, la menor producción afecta directamente en los ingresos fiscales, “a la vena” y en los excedentes. ¿Cuánto? Dependerá, detalló, del precio del cobre y del volumen de producción final.

Otro efecto, dijeron en Hacienda, es que se ve afectada la disponibilidad de capitales para las futuras inversiones de la minera estatal. Y es que la norma de capitalización aprobada este año por Marcel establece la reinversión del 30% de las utilidades obtenidas entre 2021 y 2024. Si éstas caen, el aporte será menor y con ello, la estatal tendrá que, necesariamente, cubrir sus requerimientos con endeudamiento.

Otro impacto será en el orgullo nacional. Codelco es hasta ahora el mayor productor de cobre del mundo, responsable del 8% del metal rojo del planeta y que en 2021 vendió al mundo 1,728 millones de toneladas de cobre fino, de los cuales 1,6 millones eran producción propia. Pero con la baja, el sitial de número uno peligra. Su competidor más cercano es Freeport Mc Moran, su socio en El Abra, que produce 1,6 millones de toneladas.

A diciembre de 2021, Codelco contaba con activos consolidados por US$ 43.000 millones y con un patrimonio que ascendía a US$ 11.600 millones. Su aporte al erario fiscal se ha calculado en US$ 142 mil millones, en moneda de 2021.

LAS GRIETAS EN LA ESTRATEGIA DE CODELCO PARA CONTROLAR EL LITIO CHILENO
Toda la urgencia que se pueda poner para aprovechar el boom del litio, no basta. Partir de cero una exploración, y luego la construcción de una planta, con las decenas de permisos sectoriales y de comunidades, más las obras mismas, no son menos de 7 años hasta que salga la primera tonelada. 

2030 suena a un año clave: si una planta nueva comenzara hoy su construcción estaría operativa en el mejor de los casos, en ese año. Y al inicio de la tercera década de este siglo, SQM, la firma controlada por Julio Ponce y la china Tianqi, expira el contrato que tiene con Corfo para explotar en el Salar de Atacama. 

El panorama del litio en Chile está revuelto, con conflictos locales e internacionales en ciernes, decisiones estatales a la espera y viejos conflictos entre competidores. 

LA BÚSQUEDA DE OTROS MINERALES
El gobierno pasado empoderó a Codelco para que explorara otros minerales usando para ello su antiquísima concesión en el Salar de Maricunga, el segundo con mejores reservas tras el Salar de Atacama, donde opera hoy solo SQM y Albemarle. 

El personaje clave detrás de la apuesta por la estatal es Jaime San Martín, quien preside la filial Exploraciones Mineras Andinas. San Martín no es desconocido en el sector minero: estuvo seis años antes en Codelco; también en la empresa del grupo Cardoen, New Tech Copper; pero su paso más largo fue en SQM, donde entró en 1997 y permaneció hasta 2013. 

No son pocos en el puñado de empresas del sector del litio en Chile los que critican la apuesta de la estatal, principalmente porque distrae recursos de su tarea principal, que es el cobre  y cuyos problemas se acrecentaron este año, pero además porque han mostrado pocos avances en sus trabajos. 

Consultada directamente Codelco sobre qué han hecho en las exploraciones de los salares donde tienen permisos para explorar y explotar, respondieron a DF MAS que desde que obtuvieron el CEOL (contratos especiales de operación de litio) en 2018, “transcurrieron tres años para la obtención de las autorizaciones definitivas que permitieron ingresar al Salar para realizar las labores necesarias para la primera etapa de exploración”.

Pero en febrero de este año lograron por fin explorar, aunque “las condiciones climáticas en la zona durante el invierno obligaron a la suspensión de las labores durante algunos meses. Las actividades se retomaron a fines de octubre y se estima el término de la campaña de exploración dentro del primer semestre de 2023”.

Ello, a pesar de que en febrero señaló en un comunicado que “la campaña tendrá una duración máxima estimada de 10 meses en terreno (...) Dependiendo de las concentraciones de litio que se encuentren, la minera definirá si es medioambiental y económicamente viable avanzar a las siguientes etapas de desarrollo del proyecto”.

Respecto al presupuesto que ha usado la empresa fiscal, detallaron que la preparación de la campaña de exploración implicó una inversión de US$ 3 millones; mientras que la primera etapa de esta campaña, que se extendió hasta inicios de octubre de este año, consideró una inversión en torno a US$ 7 millones.

Para la segunda etapa de la campaña, que comenzó a fines de octubre, y que permitirá completar la cantidad de sondajes y metros planificados, se espera invertir del orden de US$ 15 millones adicionales. Es decir, desde 2018, Codelco ha desembolsado US$ 25 millones. 

Sin embargo, la estatal puso en alerta a todo el sector en octubre pasado, cuando le pidió al Ministerio de Minería extender su CEOL no solo a su zona donde tiene propiedades, sino a todo el Salar de Maricunga. Su argumento es que las propiedades mineras entregadas previo a 1979 no incluían al litio, por lo que los tenedores de esos permisos, como Salar Blanco o Simca, una empresa entre el Grupo Errázuriz y la singapurense Simbalik, no tendrían derecho a explotar litio, y Codelco sí. 

La minera estatal lo explica así: “El Estado de Chile le encargó a Codelco estudiar el potencial económico de litio en los salares de Maricunga y Pedernales. Para ello, en el análisis del proyecto de Maricunga, Codelco identificó la existencia de una incerteza jurídica relevante respecto al derecho a explorar y explotar litio que tendrían las pertenencias mineras constituidas antes del 1979 (bajo la regulación actual que indica que el litio no es concesible), entre las cuales se incluyen las de Codelco en el Salar de Maricunga. La consulta realizada al Ministerio busca despejar dicha incerteza para todos los interesados”.

A fines de octubre el Ministerio, dirigido por Marcela Hernando, acogió a trámite la solicitud, pero hasta la fecha no hay ningún avance sobre dicha petición, que podría cambiar drásticamente el tablero. 

GRUPO ERRÁZURIZ AL ATAQUE
Y aunque a nivel administrativo no hay avances, en el sector privado, el enojo con Codelco ha llegado a ribetes mayores. En particular el consorcio de Simbalik y los Errázuriz Ovalle. 

Ellos han acusado que han invertido más de US$ 10 millones en una nueva tecnología en el Salar de Maricunga que no evapora agua desde el Salar, donde tienen derechos de propiedad minera y que a pesar que el gobierno anterior les había dado un permiso para operar, fue retirado apenas comenzó la actual administración y hasta ahora no han tenido noticias de si se renovará. 

Por lo mismo, asesorados por el abogado Pedro Lyon, la empresa prepara una artillería legal en el caso de que Minería le otorgue el permiso único a Codelco, por sobre las otras propiedades mineras, como la de ellos. Incluso, se activaron los contactos para demandar una indemnización al Estado chileno a través del Ciadi. 

En particular sobre la petición de Codelco al Ministerio, la opinión de SIMCO es que esto debe resolverlo tribunales y no una secretaría de Estado. 

Sin embargo, varios consultados concuerdan en que una demanda en el Ciadi -que tarda hasta 15 años-, y trabajos de exploración que se extiendan por más tiempo por parte de Codelco, lo único que hace es beneficiar a SQM y Albemarle, los hoy exclusivos explotadores de litio en Chile. “Cada día que hay un conflicto en el mundo del litio, es un día ganado para esos dos productores”, dice una fuente. 

Justamente, Soqui está explorando por varias vías conversar ya sobre su arrendamiento. En septiembre de este año presentaron su proyecto Salar Futuro que busca a través de una inversión de US$ 1.500 millones hacer más sustentable la operación y reducir drásticamente el uso de agua. Sin embargo, para eso necesitan tener certeza de las inversiones y armar una mesa de trabajo para delinear lo que pasará el 2030. La reunión ya fue pedida directamente a la Corfo dirigida por José Miguel Benavente, pero aún no hay respuesta. 

Consultada la Corfo, declinó confirmar si se sentarán a conversar con la empresa, y sobre el rol que está jugando la Corporación en la política nacional del litio, dijeron que “el futuro de la explotación del litio en el Salar de Atacama será definido en el marco de una política nacional que el gobierno definirá, buscando el máximo beneficio para todos los chilenos y chilenas”.

También reconocieron por primera vez con respecto a Albemarle y la demanda internacional que hizo el gobierno anterior por un supuesto incumplimiento del contrato, “Corfo se encuentra evaluando las alternativas para un eventual cierre del arbitraje desde distintas perspectivas”, por lo que podría haber un acuerdo amistoso. 

ENERO: EMPRESA NACIONAL DEL LITIO
Mientras esa disputa avanza y las perspectivas del precio del litio siguen al alza, en el Ministerio de Minería están afinando los últimos detalles de la presentación de la estrategia de litio de este gobierno, que incluirá la creación de una Empresa Nacional del Litio. La fecha elegida es enero de 2023.  

Quien ha estado liderando esta política es Gonzalo Gutiérrez. El doctor en Física y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y ex coordinador de la “Red Litio y Salares: Ciencia y Futuro”; e integrante de la Comisión Nacional del Litio en 2015, fue reclutado por el gobierno para dar forma a la Empresa Nacional del Litio. 

Todavía no se conoce ningún detalle, pero fuentes del sector apuestan a que sea un ente que explore alguno de los más de 20 salares presentes en Chile y que no tienen registro de cuánto litio hay. Y para hacerlo, que se asocie con privados, pero siempre manteniendo el control de la sociedad. 

Por lo mismo, según su agenda de Lobby en Minería, desde abril Gutiérrez se ha reunido con Tianqi, el nuevo sindicato de SQM Salar, Salar de Litio Maricunga Austral SpA; con Robin Herve, de la Comisión Francesa de Energía Atómica y Energías Alternativas.

El 3 de noviembre fue el mismo Francisco Javier Errázuriz Ovalle y Juan Enrique Vilajuana, quienes se reunieron con él para hablar de las “consecuencias legales para el Estado” de la noticia de que Codelco podría convertirse en la única firma habilitada para explotar litio en Maricunga. Desde abril, Francisco Javier Errázuriz ha ido cuatro veces hasta el despacho de Gutiérrez.

El subsecretario de Minería, Willy Kracht, también se ha reunido con una serie de empresas y consorcios nacionales y extranjeros interesados en explotar litio o en producir soluciones a partir del mineral no metálico. 

Todos, en definitiva, quieren un trocito del conocido como oro blanco, por lo que 2023 promete ser reñido en nuevos y viejos actores peleando por el millonario botín.