Mendoza sigue en el centro de la escena con sus idas y vueltas para habilitar la minería en la provincia. Al proyecto presentado por el intendente de Malargüe para poder tener minería en su departamente se le suma el del diputado provincial Gustavo Cairo (PRO) para modificar la ley 7722, que en la práctica significó un freno total a la actividad minera metalífera en Mendoza

En los considerando del proyecto titulado "Minería responsable para Mendoza", se destaca que la 7722 se convirtió en "un factor virtualmente prohibitivo de la actividad de minera metalífera en la provincia" y que "a nadie se le va a ocurrir venir a invertir ni un mísero dólar a Mendoza en minería metalífera".

"Lo que no podemos es seguir repitiendo la hipocresía de decir que tenemos una norma que 'permite' la minería, cuando en realidad virtualmente 'la prohíbe'", agrega la iniciativa, que apunta contra dos restricciones importantes de la ley sancionada hace más de 15 años.

Por una parte, Cairo propone eliminar la obligatoriedad de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cualquier proyecto minero sea ratificada por ley.

"Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley", asegura el artículo 3.

La modificación del PRO sostiene, en cambio, que "la DIA debe ser presentada para su conocimiento y control de legalidad a las comisiones de ambiente y recursos hídricos de ambas cámaras de la Legislatura o la Comisión Bicameral que se cree al efecto".

Cairo enumera el procedimiento técnico que debe recorrer cualquier proyecto para conseguir la DIA. Y que luego de ese largo camino, debe llegar a la Legislatura para conseguir aval legal. "Allí los intereses partidarios y electorales de unos y otros pueden dar por tierra, como lo han hecho, a proyectos impecables desde el punto de vista técnico", reclamó el diputado.

Por otra parte, el proyecto, que cuenta con el respaldo de otros legisladores como Enrique Thomas (PRO), Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente) y Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista), también modifica el artículo 1 de la ley 7722.

Actualmente, "se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".

La iniciativa de Cairo elimina de la redacción original el "ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares", lo que en consecuencia habilitaría su utilización en toda la provincia. El objetivo fundamental de este punto es favorecer el desarrollo de las minas de cobre.

Un punto que destacan los autores del proyecto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó, en su sentencia dictada en noviembre de 2021, la inconstitucionalidad de la frase “y otras sustancias tóxicas similares”.

Finalmente, se propone reemplazar el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) por la Agencia de Control Ambiental de Mendoza (ACAM), como ente autárquico del Estado provincial, "con el objeto del control y seguimiento ambiental de la utilización de los recursos hídricos y la situación medioambiental en el territorio de la provincia".

Este proyecto se suma al presentado recientemente por el intendente radical de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para excluir a sectores puntuales de su departamento de las prohibiciones establecidas por ley. Pero tanto esa propuesta como esta iniciativa del PRO no cuentan con el apoyo del gobernador Rodolfo Suarez, quien dio por cerrado el debate minero en diciembre de 2019, tras el fracaso en su intención de modificar de 7722 a raíz de un fuerte reclamo social, publicó El Sol.

"La minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza", admitió Suarez el 12 de octubre pasado. Pero aclaró: "No creo necesario avanzar en un debate así en este momento".

LOS APOYOS A LA MINERÍA EN MENDOZA
Sectores políticos, empresarios y de la sociedad civil mendocinos manifestaron en los últimos días su apoyo al desarrollo minero en la provincia, mientras el Gobierno busca reactivar los proyectos Potasio Rio Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo para demostrar los beneficios de la actividad, informó Télam.

“El futuro ya no puede ser sólo agrícola o turístico; mejorando los sistemas de control ambiental podremos ampliar la matriz productiva habilitando una minería responsable en zonas donde no sea posible realizar otras actividades", afirmó Sebastián Halpern, empresario de insumos para conducción y cuidado del agua.

Halpern puso como ejemplo a la vecina San Juan, donde “sólo 1% de las concesiones de agua son para uso minero y más de 11 mil personas se benefician directa o indirectamente con el trabajo que genera la minería, mientras que la exportación llega a US$ 1.000 millones anuales y los fondos mineros se utilizan para mejoras de riego y obras hidráulicas”.

Esta semana, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael, Hugo Tornaghi, recalcó en el almuerzo aniversario ante las fuerzas vivas que “tenemos la tarea pendiente de entablar un debate firme y responsable acerca de la minería sustentable porque posiblemente no sea tan mala palabra como muchos piensan”.

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó hace unos días un proyecto de ley para permitir el desarrollo minero en 200 hectáreas de su localidad, que autorice el uso de productos químicos para la extracción de minerales, sin poner "en riesgo el agua, ni en calidad, ni en cantidad”.

“Si hay consenso social e históricamente vocación territorial minera-petrolera por su conformación geográfica, patagónica, su clima y sus tierras, que no son aptas para potenciar cultivos como existe en el norte mendocino” y urge la necesidad “para combatir la pobreza”, afirmó.

En respaldo a la iniciativa, se celebró el 1º Foro Minero “Juventud y Minería”, con la presencia del presidente de la Cámara de Proveedores y Productores Mineros de Malargüe (Capromim) Raúl Guevara; Manuel Benitez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin); y Julio Totero, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet).

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez consideró que "no es el momento" para impulsar el tema dado que el debate "puede llegar a generar una conflictividad social que va más allá de la minería", dado que un sector de la población no la quiere porque cree que contamina y genera una mala distribución a favor de las empresas extranjeras.

"He sido muy claro y lo fui durante la campaña del 2019. Creo que la minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza”, recordó.

Para ello, Mendoza trabaja para reactivar tres proyectos: Potasio Rio Colorado, con varios interesados extranjeros; Hierro Indio, a punto de comenzar la exploración; y Cerro Amarillo (cobre), que tiene que ir a la Legislatura porque se rechazó porque la ley de glaciares aún no estaba reglamentada, pero ya se reglamentó.

A ellos se suman las dos exploraciones que va a empezar YPF en Vaca Muerta.

Los últimos datos oficiales estimaron que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta.