Golpear donde más duele. Las rentas petroleras representan más del 17% del PIB de Irán, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Y los ciberactivistas lo saben, por lo que apuntan sus fuerzas contra las empresas del sector y su infraestructura, en pleno auge de las protestas por la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, a mediados de septiembre por llevar de manera incorrecta el velo.

Anonymous, el colectivo virtual más famoso de hackers, dio comienzo en septiembre a la operación “OpiIran” para acompañar a los manifestantes. El primer golpe fue el acceso a más de 1 gigabyte de datos privados de la Compañía Nacional Petroquímica de Irán, una subsidiaria de la empresa estatal de petróleo con ingresos de más de 20.600 millones de euros.

El movimiento informático también accedió a los sitios oficiales del Parlamento y del Ministerio de Petróleo, donde hizo públicos los datos de contactos de los principales funcionarios y llamó a contactarlos para que dejen de “defender al dictador”.

Las acciones digitales también fueron acompañadas por la protesta de más de 1.000 trabajadores en tres plantas petroquímicas ubicadas ambas al sur del país el lunes 11. Los operarios bloquearon el acceso a los polos petroleros, de acuerdo a la agencia Reuters.

Las manifestaciones también alcanzaron otro icono comercial del país: el Gran Bazar de Teherán, epicentro de la venta de alfombras, otra gran industria iraní.

Los distintos movimientos virtuales han anunciado que sus acciones se profundizarán, a medida que las fuerzas del orden iraníes aumentan su emboscada contra los manifestantes. En 2021, un ataque cibernético ya dejó sin servicio a todas las gasolineras del país, por lo que el gobierno ha redoblado su protección para evitar que esto suceda nuevamente.

Las distintas intervenciones de Anonynous y otros movimientos suponen un fuerte cambio para Irán, país que ha acogido numerosos ataques cibernéticos como Occidente gracias a su aislamiento de de la comunidad internacional. En septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a tres iraníes por atacar infraestructura crítica a nivel global, en particular empresas de servicios públicos y de salud.

LOS USUARIOS, SIN SERVICIO
La mayor parte de estas acciones, desarrolladas por distintos grupos de hackers, son organizadas desde otros países ya que el régimen islámico ha intentado limitar severamente el acceso al internet, en particular a redes sociales y de mensajería.

Los intentos de censura varían de acuerdo al proveedor contratado, el horario y la ubicación del usuario y el tipo de contenido al que se intenta acceder. Las redes sociales y de mensajería fueron los primeros en limitarse.

A pesar de los controles vigentes desde 2021, ya en vigor desde antes de 2022, el 55% de la población iraní utiliza redes sociales, de acuerdo a información de la consultora DataPortal.

El fuerte uso de las plataformas sociales y las dificultades para acceder a ellas no ha hecho más que aumentar el enojo en la población. Además, la asociación de comercio electrónico de Teherán asegura que más de 400.000 negocios corren el riesgo de quebrar por la falta de acceso a una conexión estable.