El Instituto de Ingenieros de Minas de Perú pide al gobierno mantener su compromiso de garantizar la estabilidad de inversiones mineras.

El IIMP, a través de un comunicado, sostuvo que Quellaveco cuenta con todos los permisos exigidos para iniciar actividades y que el esquema hídrico ha sido debidamente socializado.

Ante la controversia que se viene generando alrededor del proyecto cuprífero Quellaveco y los derechos de agua de la mina, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) estimó que en un mes su Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas dará su veredicto al respecto.

Así, se conocerá si finalmente se le quitará o no agua a la mina de cobre, propiedad de Anglo American. La ANA agregó que el plazo de un mes culminaría en la primera semana de noviembre. Además, en cualquier caso, el fallo sería llevado al Poder Judicial si las partes no están conformes.

Cabe recordar que la ANA emitió en agosto la Resolución Directoral N° 0624-2022 por la que se le permite a Anglo American el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo, para Quellaveco. Pero representantes del Valle El Tambo se mostraron en desacuerdo y apelaron.

EL COMUNICADO DEL IIMP

Quellaveco es el proyecto minero más importante desarrollado en los últimos años, y en las últimas semanas ha iniciado su operación comercial. Cuenta con una inversión de US$ 5,500 millones, que permitió durante los últimos 4 años, crear 29,000 puestos de trabajo y contratar 1,700 proveedores locales. Además, contribuirá con 0.3 puntos porcentuales al crecimiento esperado del PBI en el 2023 (3%) y elevará la recaudación fiscal minera anual entre S/ 200 a S/ 500 millones.

Sumado a esto, su trascendencia radica también en el profesionalismo de la empresa Anglo American, para operar con seguridad, respeto a las comunidades y al medio ambiente, gestionando eficientemente los recursos naturales.

La mina no usará en sus procesos de producción agua destinada a la población, la agricultura o la ganadería.

El 80% del recurso hídrico a utilizar en los procesos productivos mineros proviene del río Titire, de origen volcánico y con alto contenido de arsénico y boro, mientras que el 20% procederá de la presa Vizcachas, infraestructura que almacenará agua de lluvia de buena calidad y que será suministrada a la población y actividades agropecuarias de la cuenca del  Tambo durante la época de estiaje y además permitirá el uso efectivo de la reserva hídrica de la región Moquegua.

Reafirmar la legalidad y legitimidad de un proyecto minero de semejante magnitud hace prevalecer en nuestro país la imprescindible institucionalidad, sobre la cual se gestan los mecanismos para proteger y garantizar la inversión privada y la continuidad de los proyectos, específicamente de nuestra minería formal y moderna, evitando así el creciente deterioro de nuestra competitividad a nivel internacional como destino atractivo para la inversión privada.

Tal como ratificamos en la clausura de PERUMIN 35 el pasado 30 de septiembre, el IIMP junto al sector minero formal y responsable renueva su apuesta por un liderazgo de nuestra nación basado en la sensatez y la identidad con nuestra población más vulnerable, ejerciendo la defensa del medio ambiente y el crecimiento indetenible de un país vasto, rico y generoso. Ese Perú se aproxima.

El compromiso que asumen millones de peruanos con nuestra minería formal y responsable quiere dar un mensaje de esperanza sobre el futuro de nuestro país a las nuevas generaciones.

Conociendo la buena recepción del proyecto minero en la ciudadanía, por sus altos estándares operacionales e impacto socioeconómico, saludamos las recientes opiniones favorables de los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, y el Gobierno Regional de Moquegua, quienes ratificaron que Quellaveco cuenta con todos los permisos exigidos para iniciar actividades y dieron fe de que el esquema hídrico de Quellaveco ha sido debidamente socializado.

Esta es la única posición correcta y respetuosa frente a las decisiones tomadas por las instancias técnicas del Estado encargadas de analizar y aprobar los permisos correspondientes.

Hay que reafirmar esta posición y salvaguardar decididamente la institucionalidad de la Nación, pues esa es la forma de proteger y garantizar la inversión privada y la continuidad de las inversiones las cuales son la única manera de eliminar la pobreza, las desigualdades y brechas sociales que aún aquejan a nuestro país y así, construir el desarrollo sostenible que todos queremos.

Más que ejecutores, requerimos líderes comprometidos con la honestidad y el accionar responsable.