El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) presentó dos proyectos de ley en la Cámara baja con los que propone derogar las normas actuales y establecer un régimen de regalías mineras en el que la provincia perciba el 51% de los recursos por ese concepto.
Al nivel de producción actual, estima que se recaudarían US$ 800 millones al año. Es una propuesta que se presenta por segunda vez, porque perdió estado parlamentario.
Ávila propone derogar la Ley Provincial N°4.759, por la cual la provincia adhirió a la Ley de Inversiones Mineras de la Nación N°24.196, y también la derogación de la Ley Provincial N°4.007, que establece un régimen de promoción diferenciado para la actividad minera.
“Este conjunto de leyes establece un sistema de explotación de nuestros recursos naturales no renovables que le da amplias ventajas y ganancias a las corporaciones mineras que los explotan, dejándole un pequeño margen de rentabilidad a la provincia, que en definitiva es la dueña de los yacimientos”, apuntó.
Según detalló el diputado, actualmente Catamarca produce 22.500 toneladas de litio “y recibe un porcentaje del 2% que significará que este año la empresa le deje a la provincia 26 millones de dólares”.
“Si en cambio cobramos el 51% de regalías, como realmente corresponde ya que los recursos naturales son nuestros, podríamos obtener más de 800 millones de dólares. Y en el futuro, cuando ya se empiecen a producir 82.500 toneladas, a 72.000 dólares cada una de ellas, podríamos percibir 3.000 millones de dólares para la provincia, es decir tres Presupuestos anuales como el actual”, calculó.
“Catamarca ha permitido que los sucesivos gobiernos que pasaron en los últimos años miraran para otro lado mientras los emprendimientos mineros y algunos funcionarios se enriquecían, cuando lo que debió hacerse es recuperar el manejo soberano de nuestros recursos y asumir un rol estratégico, renunciando a las leyes, acuerdos y convenios que limitan nuestra posibilidad de fijar políticas propias en materia de minería”, opinó.
Para Ávila, debe discutirse un marco normativo “que imponga la obligación de imprimirle valor agregado a la producción, de manera tal que se generen puestos de trabajo que permitan una dinámica económica local diferente del empleo público que hoy aparece como la única fuente de ingresos de la población”.
“Durante años escuché que sin estos incentivos provinciales que impone la ley provincial nº 4.007 las empresas no vendrían a invertir. Escuché también que si se pretende derogar la adhesión a la ley nacional nº 24.196 las empresas se irían de nuestra provincia. Es una flagrante mentira. Observen lo que ocurre en provincias de Chile, de Bolivia o del Perú, donde las regalías llegan al 50 % en algunos casos y cada vez son más los inversores. Sepan que invertir en minería es actuar con seriedad, generando seguridad jurídica, económica e institucionalidad; conceptos que este gobierno no asimila”, reclamó en los fundamentos de uno de sus proyectos.
