Según datos del Observatorio Nacional de Política Criminal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en los últimos años se ha constatado la existencia de actividad minera informal e ilegal en 21 de las 25 regiones del país.

Estas actividades al margen de la ley ponen en riesgo la integridad de la población en las zonas afectadas, advierte la Defensoría del Pueblo. Entre sus consecuencias están la destrucción de miles de hectáreas de bosques amazónicos, la defraudación tributaria, el aumento de violencia y criminalidad, los daños en la salud pública, la corrupción y la exposición de personas vulnerables a la explotación laboral, sexual y trata.

Por eso, es importante entender cuáles son las diferencias entre minería formal, ilegal e informal para plantear medidas que reduzcan la violencia y criminalidad que las dos últimas pueden ocasionar.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA MINERÍA FORMAL, ILEGAL E INFORMAL?
La minería formal es aquella que se lleva a cabo con autorización para la exploración y explotación en una zona determinada, con condiciones y operaciones reguladas por un marco legal.

De esta manera, genera puestos de trabajos formales, ingresos por compra de insumos y contratación de servicios, capacitación para sus trabajadores y pago de impuestos, además de la mejora de infraestructura para las zonas aledañas a donde se realiza la actividad minera.

En cambio, la minería ilegal trabaja en zonas no permitidas por la ley y usando en muchos casos maquinaria prohibida para los pequeños productores mineros. De acuerdo con el estudio “Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico”, en los últimos años esta actividad ilícita ha crecido debido a estos tres factores:

+ El alza sostenida del precio internacional del oro: ha hecho que esta actividad sea cada vez más atractiva y rentable, pese a las condiciones de riesgo que genera operar en la ilegalidad.

+ La falta de empleo adecuado: provoca que la población, tanto de zonas rurales como urbanas, opten por una actividad que le genera ingresos importantes.

+ La debilidad institucional del Estado peruano: existe una muy limitada capacidad de control y fiscalización de los territorios.

Por su parte, aun teniendo características del tipo ilegal, la minería informal es aquella que se encuentra en un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas por las normas. Su actividad se realiza en zonas o espacios permitidos para su ejercicio y usando maquinaria que corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal.

El proceso de formalización de este tipo de minería se da a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que es una estrategia que utiliza el Estado para combatir la actividad ilegal en este sector.

Sin embargo, según cifras del Ministerio de Energía y Minas a enero del 2021, ha tenido escaso éxito desde su adopción: de los más de 90 mil mineros que iniciaron sus trámites de formalización en los últimos cuatro años, menos del 2% ha completado el proceso.

Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para mitigar la minería ilegal en zonas críticas es necesario fortalecer acciones de control e intervención, promover el ingreso al proceso de formalización de la minería artesanal y crear políticas transversales de prevención, asistencia técnica y monitoreo.