RYAN DUBE

Aclamado como la Arabia Saudita del litio, este pedazo de terreno del tamaño de California representa alrededor del 55% de los depósitos conocidos del mundo del metal, un componente clave en las baterías de los autos eléctricos.

Como aprendió recientemente el gigante chino de los autos eléctricos BYD, aprovechar ese recurso puede ser un reto. A principios de este año, después de que la empresa obtuviera un contrato gubernamental para la extracción de litio, los habitantes de la zona salieron a la calle para exigir la anulación de la licitación por su impacto en el suministro de agua local. En junio, la Corte Suprema de Chile anuló la adjudicación, alegando que el gobierno no había consultado primero a los indígenas.

“Quieren producir más y más litio, pero nosotros somos los que pagamos el precio”, explicó Lady Sandón, presidenta de uno de los dos pueblos indígenas atacameños que presentaron una demanda contra la subasta. Una representante de BYD no hizo comentarios al respecto.

En el llamado Triángulo del Litio, que abarca partes de Chile, Bolivia y Argentina, se están produciendo retrocesos similares. La producción se ha visto afectada por los gobiernos de izquierda que buscan un mayor control del mineral y una mayor participación en los beneficios, así como por las preocupaciones medioambientales y el mayor activismo de las comunidades andinas locales, que temen ser dejadas de lado mientras los extranjeros se enriquecen.

En un momento de explosión de la demanda que ha hecho subir los precios del litio un 750% desde principios de 2021, los analistas del sector temen que Sudamérica pueda convertirse en un importante estancamiento para el crecimiento de los vehículos eléctricos.

“Hoy, todos los principales fabricantes de automóviles están completamente interesados en vehículos eléctricos”, dijo Brian Jaskula, un experto en litio en el Servicio Geológico de Estados Unidos. “Pero el litio puede no ser suficiente”, agregó.

En Bolivia, el gobierno nacionalizó su industria del litio hace años y aún no ha producido cantidades significativas del metal. México, un actor menor, también nacionalizó recientemente el litio. En Argentina, la producción está empezando a despegar.

En Chile, donde el litio ya está fuertemente controlado, el nuevo gobierno de izquierda del Presidente Gabriel Boric planea crear una empresa estatal de litio tras criticar las privatizaciones de materias primas realizadas en el pasado como un error. Una nueva constitución, si se aprueba en un plebiscito de salida en septiembre, reforzaría las normas medioambientales y los derechos de los indígenas sobre la minería.

“Se trata de un recurso estratégico para la transición energética”, aseguró la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando. Recientemente, Hernando declaró ante el Congreso que, aunque el Gobierno no dispone de los conocimientos técnicos necesarios para extraer litio por sí mismo, insistirá en el control mayoritario de cualquier empresa conjunta con aquellas privadas.

Estanques de evaporación en una mina de litio de Albemarle Corp. en Chile. Foto: Tamara Merino/ The Wall Street Journal

Hace unos años, Chile era el mayor productor de litio del mundo, con una producción ligeramente superior a la de Australia. Mientras que el país latinoamericano ha ampliado la producción en sus operaciones existentes en un 80% desde 2016 a unas 140.000 toneladas anuales, no ha abierto una nueva mina en unos 30 años. Ahora produce aproximadamente la mitad que Australia, que ha cuadruplicado su producción en los últimos cinco años, según el USGS.

A diferencia del petróleo, que se produce en todo el mundo, el litio es menos común. América del Sur, Australia y China son los lugares clave. Fuera de Sudamérica, se extrae de la roca dura. En la región, el litio se encuentra en aguas subterráneas saladas que se evaporan con el sol tras ser bombeadas a grandes estanques artificiales. El litio de Sudamérica es menos costoso de producir, pero los mineros dicen que el inconveniente es que se tarda mucho más en construir una mina: unos ocho años.

A su vez, las autoridades chilenas y los ecologistas se preocupan por el impacto en el suministro de agua. Willy Kracht, subsecretario de minería de Chile, comentó recientemente que se necesitan hasta 2.800 metros cúbicos de agua para producir una tonelada de litio en Chile, frente a los 70 metros cúbicos de una tonelada de cobre.

Los ecologistas creen que la minería ha provocado que algunas lagunas cercanas se sequen, perjudicando a la población de flamencos salvajes que dependen de ellas para alimentarse de camarones y construir sus nidos. “El daño es irreversible”, afirma Cristina Dorador, bióloga que formó parte de la asamblea especial que redactó el borrador de la nueva Constitución de Chile.

Los mineros del litio niegan que sus operaciones hayan afectado a las lagunas, las cuales supervisan junto con las comunidades locales.

En 2017, Tim Fernback se mostró optimista sobre su proyecto de litio en Chile, un líder del libre mercado en la región que normalmente ha dado la bienvenida a los mineros extranjeros que extraen cobre y otros metales. Su empresa con sede en Vancouver, LiCo Energy Metals, adquirió una propiedad en el Salar de Atacama, un vasto salar rodeado de volcanes nevados.

Fernback, que fue director de operaciones de LiCo, dijo que se reunió con la población local para explicar los planes de la empresa y ofreció construir una planta para suministrar agua potable. Pensó que las reuniones habían ido bien.

Cuando llegó el momento de perforar la superficie cubierta de sal, los residentes bloquearon las carreteras en señal de protesta, alegando problemas medioambientales. Creyendo que el proyecto era inútil, LiCo abandonó Chile en 2019.

“Se sentía como una puñalada por la espalda”, aseguró Fernback. “Entramos allí, nos gastamos un montón de dinero en la propiedad, de la que tuvimos que salir. ¿Quién más va a querer hacer eso?”.

Chile perdió su liderazgo mundial en litio en parte porque el Estado ha mantenido un estricto control desde la década de 1970, cuando la dictadura militar del general Augusto Pinochet lo declaró recurso estratégico por ser un componente de las bombas nucleares.

Las dos mineras de litio que operan aquí alquilan sus tierras a un organismo estatal, que limita la cantidad que pueden producir. La exportación también requiere un permiso especial de la agencia nuclear del gobierno.

Mario Tapia, supervisor de operaciones de Albermarle, sostiene un trozo de sal de la mina de litio. Foto: Tamara Merino/ The Wall Street Journal

Para ampliar su producción, la empresa estadounidense Albemarle firmó en 2016 un nuevo contrato que le obliga a pagar cánones de hasta el 40%, un nivel máximo en el sector. Con la esperanza de añadir valor a nivel nacional en lugar de limitarse a exportar la materia prima, el gobierno exigió a Albemarle que proporcionara hasta el 25% de su producción de litio a un bajo precio de mercado a las empresas que lo procesan localmente. La empresa también entrega parte de sus ventas a las comunidades indígenas.

“Si la regulación del litio en Chile fuera como la del cobre, puedo asegurar que habría muchas más minas”, señaló el country manager de Albemarle en Chile, Ignacio Mehech. “Tenemos que ser capaces de producir el litio que el mundo necesita”, agregó.

El entorno operativo para los mineros del litio se va a complicar aún más con el ascenso de un nuevo grupo de líderes de izquierdas en América Latina, una región cuya historia está marcada por las batallas sobre el papel del Estado en el desarrollo de sus riquezas naturales.

Con las economías golpeadas por la pandemia y la gente lidiando con una inflación galopante, las autoridades de algunos países latinoamericanos afirman que un control estatal sólido sobre el litio ayudará a impulsar el desarrollo local y a llenar las arcas públicas.

Sin embargo, es una apuesta que corre el riesgo de estropear la producción de litio si las exigencias del gobierno hacen que sea demasiado costoso y difícil para los inversores extranjeros con la experiencia y el capital para construir minas, dicen los analistas de la industria. Las empresas públicas, por su parte, corren el riesgo de gestionar mal el recurso en una región donde las compañías estatales llevan mucho tiempo inmersas en la corrupción y el nepotismo.

“Latinoamérica es especialista en matar gansos de oro y una de las formas más rápidas de hacerlo es a través del nacionalismo de los recursos”, declaró Benjamin Gedan, un experto en Woodrow Wilson Center de América Latina, con sede en Washington, que sigue de cerca la industria del litio de la región. “Este boom podría convertirse muy rápidamente en una quiebra si se presentan malas políticas”, explicó.

Gedan califica a Bolivia como el último ejemplo de precaución. El país vecino a Chile, una de las naciones más pobres del mundo, nacionalizó el litio en 2008 bajo el mandato del ex presidente Evo Morales, que prometió convertir el país en una potencia minera que fabricara baterías y autos eléctricos. 

El gobierno creó una empresa estatal de litio, Yacimiento de Litio Bolivianos, o YLB. Bolivia gastó unos US$ 900 millones en una fábrica y otras infraestructuras para extraer litio del ventoso Salar de Uyuni, en Potosí, el estado más pobre de Bolivia y donde el imperio español saqueó la plata.

Años después de la inauguración de la fábrica en 2013, la producción es prácticamente inexistente. En 2021, Bolivia produjo apenas 540 toneladas de carbonato de litio, según YLB, o lo que produce Chile en un día y medio.

Juan Carlos Zuleta, un economista que dirigió brevemente YLB en 2020, dijo que debido a la falta de conocimientos y tecnología, la empresa sólo pudo recuperar alrededor del 9% del litio que extrajo de las salmueras, lo que la hace comercialmente inviable. Las dos grandes minas de litio existentes en Chile tienen una tasa de recuperación de alrededor del 50% o más.

“El gobierno ha pasado casi 14 años tratando de desarrollar el litio en el país y ha fracasado”, comentó Zuleta. “Estoy seguro de que estamos perdiendo una oportunidad de oro”.

Guadalupe Martínez, comenta que recibió electricidad por primera vez hace unos años. Foto: Tamara Merino/ The Wall Street Journal

En Río Grande, un pueblo al borde del salar, los residentes esperaban que el litio trajera empleo y modernidad. Pero las carreteras del pueblo siguen sin asfaltar. El hospital más cercano está a una hora y media de distancia. No hay policía, bancos ni Wi-Fi. Los jóvenes, incapaces de encontrar trabajo, emigran a Chile.

Donny Ali, oriundo de Río Grande, construyó el Hotel Lithium, previendo la afluencia de gente de negocios. Hoy, las ocho habitaciones del hotel están vacías. “Este lugar sigue olvidado”, dijo Ali.

Al igual que otros habitantes de Potosí, Alí desconfiaba de los extranjeros que querían explotar el litio de Bolivia, ya que creía que la población local no se beneficiaría. Ahora, cree que las empresas extranjeras son necesarias.

“La política de nacionalización no nos ha llevado por un buen camino”, afirmó Ali. “Han utilizado los recursos del Estado, pero no hay nada que mostrar”.

El Ministerio de Energía de Bolivia y YLB no hicieron comentarios al respecto.

El punto más brillante para la producción de litio en Sudamérica ha sido Argentina, que hasta ahora se ha mostrado más abierta a la inversión privada, una fuente de ingresos muy necesaria para el gobierno con problemas de liquidez. Las autoridades ofrecen a las empresas acuerdos de estabilidad fiscal y han suavizado algunos controles monetarios que asfixian a otros sectores, según las propias compañías que operan allí.

En consecuencia, el país ha recibido una fuerte llegada de inversores, como la minera anglo-australiana Rio Tinto, el fabricante chino de baterías Ganfeng Lithium y la multinacional francesa Eramet. Los gigantes mundiales del automóvil también apuestan cada vez más por Argentina, y Toyota tiene una participación en una mina local. Ford y BMW tienen acuerdos para recibir litio argentino.

Argentina podría tener 19 minas de litio en 2031, frente a las dos actuales, según Lukasz Bednarski, analista de litio de IHS Markit, una consultora con sede en Londres. La producción anual podría alcanzar las 230.000 toneladas a finales de la década, lo que supone multiplicar por seis la actual, según el gobierno.

“Estamos viendo un boom de inversiones mineras y eso va a continuar”, advirtió Matías Kulfas, que fue ministro de Producción hasta junio.

El Desierto de Atacama, Chile. Foto: Tamara Merino/ The Wall Street Journal

Sin embargo, algunos observadores señalan el fracaso de Argentina a la hora de desarrollar otros recursos prometedores, incluido un enorme yacimiento de gas de esquisto en el extremo sur del país que suscitó un entusiasmo similar hace una década. 

El peronismo gobernante en el país tiene un historial de intervención en sectores económicos clave y de incumplimiento de acuerdos. Y algunos legisladores ya piden un mayor papel del Estado en el litio.

El país, que está lidiando con la escasez de combustible, está muy atrasado en la construcción de la infraestructura energética necesaria para alimentar sus nuevos proyectos de litio, explicó Emily Hersh, directora ejecutiva de Luna Lithium, una empresa de exploración.

Hersh, quien además es economista, señaló que la prolongada volatilidad económica del país también perjudicará el desarrollo del litio. “Espero que cualquiera que opere en Argentina haya calculado adecuadamente y se haya preparado para una catástrofe económica en cualquier momento”, advirtió.