Ecuador anunció que pagará un laudo de US$ 374 millones a la petrolera anglofrancesa Perenco tras perder un litigio por el aumento de su participación en las ganancias extras por el alza del precio del petróleo.

El Ministerio de Economía y Finanzas junto a la Procuraduría General del Estado "continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco", señaló la cartera.

Agregó que una vez hechos los pagos a la firma, la Procuraduría se encargará de llevar adelante juicios "contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente" a pagar una indemnización de US$ 374 millones por el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, perteneciente al Banco Mundial), según informó AFP.

Perenco exigía originalmente el pago de US$ 1.420 millones.

Quito emitió la aclaración sobre el pago tras versiones de medios de que Luxemburgo ordenó el congelamiento de los activos de Ecuador en ese país.

"Hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero", precisó la cartera.

Ecuador perdió el arbitraje solicitado por la petrolera en 2008, después de que el gobierno aumentara de 50% a 99% la parte que se quedaba Quito de las ganancias extraordinarias por el alza del precio del petróleo sobre el fijado en los contratos.

La medida tomada por el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) arrinconó a las petroleras extranjeras al recortarles las ganancias y cambiarles el modelo para operar en la nación, beneficiando al Estado.

En 2017, el CIADI también condenó a Quito a pagar una indemnización de US$ 337 millones a la estadounidense Burlington, que explotaba dos bloques conjuntamente con Perenco.

Ambas empresas fueron acusadas por Quito en 2009 de abandonar sus operaciones en el país y en 2010 se declaró la caducidad de sus contratos en el país.

Ecuador ha sido llevado a cortes internacionales principalmente por empresas petroleras como las estadounidenses Chevron y Oxy. A esa última Quito debió pagar unos US$ 1.000 millones como indemnización porque su contrato fue cancelado en 2006 por el gobierno alegando la venta ilegal de acciones.