La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, expresó su "profunda preocupación" por los incendios que están sacudiendo Europa, América del Norte y otras partes del mundo, empeorando la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad.

"Si bien los incendios forestales son un proceso normal e incluso esencial en la naturaleza, no existe nada de normal o natural en los incendios que estamos observando en estos momentos", señaló Andersen en un comunicado de esta institución de la ONU, según informó EFE.

"La ciencia nos dice que estos incendios masivos y trágicos son una consecuencia inevitable y creciente de la crisis climática", lamentó la directora del Pnuma.

Según Andersen, los "efectos a largo plazo" de estos incendios en la contaminación del aire y en la pérdida de la biodiversidad, así como los impactos en la salud humana, son "muy preocupantes".

"Es el momento de actuar para evitar que los incendios empeoren más rápidamente", dijo esta experta en medioambiente, que recomendó reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y apostar por fuentes energéticas más verdes.

Asimismo, Andersen pidió más inversiones de los países para la prevención de los incendios, trabajar mano a mano con las comunidades locales y los pueblos indígenas para aprovechar sus conocimientos, compromisos globales para frenar y adaptarse a la crisis climática, y restaurar la calidad de los ecosistemas.

Los pronósticos de la ONU indican que, si las tendencias actuales no cambian, el calentamiento global y los cambios de los usos de las tierras harán que el número de "incendios extremos" aumente un 14 % en 2030, y un 50 % a finales de este siglo.

LA DEUDA SUBIRÁ CINCO PUNTOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El impacto económico de los desastres naturales y el cambio climático es un hecho incuestionable. Con cada incendio o inundación se pierden bienes de capital e infraestructura como viviendas, escuelas y caminos. Las catástrofes también incrementan los niveles de endeudamiento, terreno en el que España es especialmente vulnerable.

Un reciente informe de la Comisión Europea estima que la ratio deuda sobre el PIB nacional crecería más de cinco puntos porcentuales respecto a la ratio original en un evento catastrófico asociado al repunte de las temperaturas. Es, según el organismo, el miembro del bloque más expuesto, según informó Denisse López en El País. 

En una situación normal, la CE cree que la deuda española se situará en 2024 en el 120,3% del PIB, pero se eleva hasta el 126,2% en caso de un desastre natural, con un aumento de la temperatura de 2º celsius. En las mismas condiciones, la cifra se dispara hasta el 131,3% en 2032.

Pueden parecer escenarios lejanos, pero la evidencia científica muestra un aumento en la severidad, duración y extensión de las olas de calor, inundaciones, sequías e incendios. 2022 es el ejemplo más claro de esta tendencia, al registrar la peor ola de quemas forestales en al menos una década.

En 2012 se perdieron casi 138.000 hectáreas en los primeros siete meses del año. Desde entonces no se registraba un saldo tan negativo como el de ahora. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, hasta el 17 de julio se habían contabilizado 20 grandes incendios y casi 79.000 hectáreas afectadas. No obstante, las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFIS, por sus siglas en inglés) duplican las gubernamentales y confirman que España se enfrenta a la peor ola de incendios del siglo.

España es, junto a Francia e Italia, el país en el que más desastres naturales se han registrado entre 1980 y 2020, según la Comisión Europea. La catástrofe que más se repite en los países del sur del continente son los incendios, seguidos por las sequías.

Si bien los gastos han sido manejables, el empeoramiento de las condiciones climatológicas en los próximos años implica, según el organismo, costes fiscales anuales adicionales de al menos el 4,5% del PIB en España. Esto, según Moody’s, implicaría “efectos crediticios negativos a largo plazo”.

En el corto plazo, la urgencia no está en aumentar el presupuesto, sino en reorientar las políticas para apoyar la transición hacia economías climáticamente neutras, así como de políticas de adaptación, dirigidas a anticipar los efectos adversos del cambio climático y tomar acciones apropiadas para prevenir o minimizar los daños. Sin embargo, son retos que han pasado a segundo plano debido a la guerra en Ucrania.

La falta de gas ruso ha llevado a la UE a relajar el control de las emisiones a fin de poder comprar otros combustibles, aunque sean más contaminantes. Bruselas ha ofrecido además computar como cero emisiones dióxido de carbono, a efectos del mercado de emisiones, el aumento de la capacidad en el sector del refino. En paralelo, algunos países, como Alemania, han vuelto a autorizar la producción eléctrica en plantas de carbón; otros, como Bélgica, han aplazado el cierre de algunas centrales nucleares.

De seguir así, cabe esperar una mayor exposición a los riesgos climáticos. Así lo cree Ruben Laína, profesor de gestión ambiental y forestal en la Universidad Politécnica de Madrid, quien asegura que el país no está preparado para enfrentarse a la capacidad destructiva de los próximos incendios. No solo se adelantan, también son más peligrosos y requieren de tecnología con la que no se cuenta, detalla.

La ola de calor y el terreno quemado este año evidencian dicha situación: España y Portugal han registrado más de 1.000 muertes relacionadas con el calor desde el 19 de julio, sin contar las torres de humo que transportan los vapores contaminantes del fuego.

Las pérdidas materiales y humanas han hecho que el presidente Pedro Sánchez anunciara el viernes la aprobación de un real decreto ley para favorecer la coordinación de todas las administraciones en la prevención y extinción de incendios forestales, y establecer unos mínimos para que no existan diferencias comunitarias en cuanto a los servicios.

La norma, que se aprueba este lunes, coordinará también las tareas de restauración. Al igual que otros analistas y el propio Laína, el Ejecutivo reconoció durante su intervención que las campañas de prevención ya no pueden durar cuatro o cinco meses. Auguró, por contra, que deberá ser todo el año.