El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) debe sustentar esta semana ante la Corte Superior de Justicia de Lima la demanda contra Repsol por el derrame de petróleo, en la que solicita una indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual por US$ 3,000 millones y una segunda reparación por daño social, moral y colectivo ascendente a US$ 1,500 millones.

Cabe recordar, que la acción legal fue presentada el pasado 13 de junio contra Repsol (matriz), la Refinería La Pampilla (sociedad subsidiaria), la empresa aseguradora (MAPFRE) y los propietarios de la embarcación que trasladaba el combustible.

Al proceso se sumó el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), como tercero interesado o litisconsorte facultativo.

Henry Carhuatocto, presidente de Idlads, precisó que la demanda busca que los responsables del derrame indemnicen en la brevedad posible a la totalidad de personas afectadas, mediante la ejecución de la póliza de seguro ambiental.

“El petitorio de la demanda presentada por Indecopi está vinculada al daño ambiental impuro o por influjo. Es decir, ante el derrame de petróleo se registraron dos tipos de daño: el directo o puro, que se refiere al daño provocado a la diversidad biológica. Mientras que el impuro, es el que afecta a la población debido a la contaminación. Por ejemplo, debido al derrame, los pescadores no pueden continuar con sus labores de pesca afectando su economía, los restaurantes y comerciantes de la zona vieron perjudicados sus negocios, mientras que los pobladores o turistas no pueden bañarse”, explicó.

PÓLIZA DE SEGURO AMBIENTAL
Carhuatocto resaltó además, que Indecopi se encuentra facultado para interponer la demanda en el marco de una relación de consumo de contratos de seguro, donde los beneficiarios son los afectados por el derrame.

La estrategia legal de Indecopi y de Idlads es, refirió, que mediante la póliza de seguro ambiental se indemnice inmediatamente a la totalidad de los afectados, sin la necesidad de un largo proceso judicial.

“Se recurre a la aseguradora para que pague por la empresa, pero no hemos visto voluntad para activar el seguro. Por ello es que los demandamos”, enfatizó.

En caso el dinero del seguro sea insuficiente para cubrir los US$ 4,500 millones, la diferencia la debe pagar la empresa responsable, dijo.

Es importante mencionar, que recientemente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una multa por más de S/ 5 millones a Refinería La Pampilla, al incumplir con la identificación de las zonas perjudicadas por el desplazamiento del hidrocarburo en el mar de Ventanilla.

Al respecto, Carhuatocto afirmó que dicho dinero “se suma al presupuesto de OEFA para que siga cumpliendo sus labores de supervisión y fiscalización ambiental”.