El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, envió a la Legislatura de la provincia de Neuquén el informe elaborado por COPADE sobre las concesiones hidroeléctricas, como un aporte al debate político y jurídico en torno a las concesiones que vencerán el próximo año.
En 2023 finalizarán las licencias que el Estado Nacional otorgó a una serie de empresas privadas en el año 1993 para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados, emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, según informó el sitio web oficial de COPADE.
En este contexto, Neuquén ha expresado su interés por participar activamente, en conjunto con Río Negro, en las decisiones vinculadas a la gestión de las centrales hidroeléctricas emplazadas en su jurisdicción. Ello fundamentado en la constitución nacional reformada en el año 1994, que consagró el dominio de las provincias sobre los recursos naturales.
A partir de esta decisión, ambas provincias han conformado una comisión conjunta para evaluar la situación actual de la administración de las represas. Sumado a ello, el poder legislativo de la Provincia del Neuquén ha conformado la “Comisión de seguimiento para el proceso de recuperación y traspaso de las Represas Hidroeléctricas de la Región Comahue”, establecida por Resolución 1162.
El informe indica que es necesario discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. Así es que se propone repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales.
Con el objetivo de aportar al trabajo técnico que realizan dichas comisiones, la Secretaría del COPADE junto a la Asesoría General de Gobierno confeccionaron el informe “Concesiones hidroeléctricas: aportes al debate político y jurídico”, el cual ya fue remitido estasemana por el Gobernador Omar Gutiérrez a la Legislatura de la Provincia del Neuquén.
El titular de COPADE, Pablo Gutiérrez Colantuono, señaló que el informe “profundiza y desarrolla los fundamentos que sostienen la postura de la Provincia del Neuquén, señalando los argumentos y contra argumentos vinculados a las competencias provinciales y federal en esta temática ”.
“Un análisis sustancial ocupa el hito que significó la consagración expresa del dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, a partir de la reforma constitucional del año 1994”, indicó Gutiérrez Colantuono.
La Directora Provincial de Planificación Territorial, Daniela Torrisi, explicó que “el estudio se inicia con un diagnóstico sobre el papel que actualmente las centrales hidroeléctricas desempeñan en la generación de energía mundial. Luego prosigue con un análisis sobre los factores de riesgo asociados a tales tipos de infraestructuras y sus impactos ambientales, describiendo además la actual situación de emergencia hidrológica en la región”.
CRÍTICA A DARIO MARTÍNEZ
El informe critica la creación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) por parte de la Secretaría de Energía de Nación, que dirige Darío Martínez, al considerar que afecta el reparto de competencias constitucionales, porque está integrado solo por actores del ámbito nacional, sin participación efectiva de las provincias titulares del recurso agua, según contó LM Neuquén.
“Dicho acto administrativo de carácter reglamentario es inválido. Sus estudios y conclusiones que allí puedan confeccionarse resultarían inoponibles al dominio originario de las provincias titulares de los recursos hídricos”, asegura el informe elaborado por el gobierno neuquino.
La Provincia propone discutir el futuro de las concesiones de las represas en el ámbito de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), organismo encargado de administrar, controlar y establecer las normas de manejo y preservación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro y que está integrado por el Estado Nacional y las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Tras la privatización de Hidronor, en 1993, la AIC quedó como autoridad de aplicación de los contratos de concesión, en materia de manejo de aguas, protección del ambiente y defensa civil.
“Cierto es que el estado nacional posee un interés indiscutible en la generación de la energía eléctrica puesto que la misma resulta imprescindible para todo el desarrollo económico y social del país. Pero no menos lo es que la generación de la energía no deja de ser un uso y aprovechamiento del recurso natural provincial. Y salvo mala fe o abuso de derecho, la provincia debe tener potestad para ser parte necesaria en diversos aspectos que hacen a la generación de energía hidroeléctrica a partir del uso de un recurso incorporado al dominio provincial”, destaca el informe.
A su vez, se plantea que dentro de la discusión por el futuro de las concesiones, debe incluirse el relamo de Neuquén y Río Negro para la restitución de la Tarifa Comahue, que reconozca a la región como productora de energía eléctrica, beneficio que se perdió en 1991.
Se estima que la reducción de tarifas que pagarían los usuarios sería de entre 15% y 40%, según las categorías de usuarios y usuarias.
REGALÍAS
Otro punto el conflicto con Nación es el cobro de las regalías, un impuesto equivalente al 12% del valor de la energía producida las concesionarias de las centrales hidroeléctricas en el mercado spot, que perciben las provincias a modo de compensación por los perjuicios que produce la utilización del agua.
En los últimos años, con el precio de la energía eléctrica congelado por el Estado nacional, las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas cambiaron, lo cual originó reclamos por parte de las provincias.
El informe indica que “el espíritu de la ley dispone que se debe cobrar por el monto de las ventas realizadas por la empresa generadora. Sin embargo, en la actualidad el cálculo para el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista fijado en pesos por la Secretaría de Energía de la Nación, valor puede quedar fijo y a discreción, lo cual impacta directamente en la recaudación de las provincias”.
