JUAN SALDARRIAGA

Los conflictos sociales en minería son moneda corriente en Perú. Ahora le tocó el turno a la mina de cobre Cobriza (Huancavelica), administrada por Doe Run Perú, la cual fue atacada por cerca de 250 comuneros.

Elvis Yupanqui, representante de los acreedores laborales de la empresa minera, relató que los atacantes ingresaron al área de la chancadora primaria y quemaron la faja transportadora, una retroexcavadora, un cargador frontal y dos casetas de vigilancia, hiriendo de paso a varios trabajadores.

Esto, en represalia por la frustrada venta de la unidad minera a la empresa Cobre de los Andes, que ofreció US$ 22 millones para hacerse cargo de la operación.

Para los comuneros es vital la reanudación de las operaciones de la unidad minera, detenida desde 2020, pues esta representa su principal y mayor fuente de trabajo.

Los asalntantes acusan al liquidador concursal de Doe Run Perú, Consultores A1, de frustrar la operación de venta.

Lo cierto, sin embargo, es que la venta se abortó en la Junta General de Accionistas de Doe Run Perú, celebrada la última semana de mayo, debido a que Doe Run Cayman (empresa que cuenta con voto preferente con derecho a veto) se abstuvo de avalar el convenio.

Poco después de saberse esta noticia, comuneros de Cobriza realizaron un plantón en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para manifestar que tomarían medidas radicales si no se ratificaba el contrato.

“Las once comunidades que se desplazan al exterior de la minera Cobriza, lamentablemente, tendrán que tomar acciones desesperadas porque estamos cansados del engaño y la postergación”, dijo entonces Janet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, a La República.

Los pobladores de la zona exigen la venta de la mina a un operador privado que los pueda contratar

ASALTO ANUNCIADO
Al cierre de este artículo, los atacantes de la unidad minera se habían retirado a las alturas aledañas, tras causar cuantiosos daños materiales ante la inacción de los policías que estaban presentes.

Por esta razón, Elvis Yupanqui dijo que presentará la denuncia correspondiente ante la Justicia.

“Los policías no han hecho nada para evitar esto. Al contrario, han replegado a los trabajadores y han dejado entrar a las comunidades para que destruyan la infraestructura, como si estuvieran en confabulación. Ese hecho lo vamos a denunciar a la Fiscalía”, dijo.

Renato Iriarte, gerente general de Consultores A1, explicó que comuneros opuestos a las acciones violentas presentaron evidencias sobre el inminente ataque, pero que las autoridades hicieron caso omiso de esto.

Precisó que los ánimos se caldearon debido a que Doe Run inició trabajos de explotación días atrás (a cargo del contratista Corporación Minera Cobriza) para conseguir mineral con el cual pagar los derechos de vigencia de la mina, que se vencen el 30 de junio próximo.

Advirtió que personas con “intereses particulares ocultos” azuzaron a las comunidades, diciéndoles que dichas labore son ilegales, por lo que estas procedieron a atacar la mina.

Desde la detención de Cobriza, la población de los alrededores se ha reducido de 10 mi a 5 mil porque muchos han emigrado debido a la falta de trabajo y de canon minero.