Únicamente un tercio de la superficie malargüina es lo apuntado por el nuevo intento doméstico de hacer minería metalífera.
"Solo zonas bien delimitadas, cuencas y reservas. Específicamente la parte apta para hacerlo", argumentaron desde el Sur ante la consulta de UNO. Según afirman, se trata de la décima parte del territorio provincial, y con ese sustento apuntan a ablandar las posiciones más rígidas contra los cambios a la legislación.
Es una novedad, porque los primeros trascendidos en torno a los planes de Ojeda hablaban de una zonificación total, que permitiera proyectos en cualquier región del departamento. Siguiendo sus números, se trata de 12.395 km2 para los cuales dejaría de regir la prohibición al mercurio, el ácido sulfúrico y el cianuro como agentes de tratamiento. En rigor, es un porcentaje incluso menor al 10% de la extensión mendocina, como ellos mismos aseguran.
El propio intendente habla de "no tocar" la 7.722, haciendo referencia a que mantendría su validez para el resto de los departamentos. Aunque la norma sí se vería sustancialmente modificada, ya que su primer artículo -ampliamente difundido- extiende el veto hacia "el territorio de la Provincia de Mendoza". Es decir que comprende sus 148.000 kilómetros cuadrados de superficie.
¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA DE OJEDA?
Es muy poco lo que se conoce. El intendente no quiere que se filtre ni un sólo párrafo, porque entiende que allí encierran la esperanza de muchos empresarios y vecinos luego de décadas de espera (el marco legal es de 2007, pero hay proyectos frenados que datan de mucho tiempo antes).
Aún lo están revisando, pero estaría listo en cuestión de días y quieren que sea el propio Ojeda quien lo ingrese a la Legislatura -probablemente junto a su pareja, la también política y legisladora Jéssica Laferte-.
Según pudo reconstruir este diario, será un texto breve. Entre tres y ocho artículos y muy pocas páginas; aunque con un amplio bagaje de fundamentos que podría llegar a más de 50 folios. "Es mejor así, simple. En la extensión es donde pueden comenzar las trabas parlamentarias", explicó un colaborador de la intendencia.
En cuanto a las regalías, establece un 1,5% que debería dividirse en partes iguales. Una mitad iría a las arcas de Malargüe, y la otra se destinaría al Departamento General de Irrigación. Al menos así lo establece el proyecto original, aunque desde el Sur estiman que ese punto recién terminará de discutirse en las bancas. Quiere decir que el 0,75% de las ganancias se quedarían en su lugar de origen, y otro 0,75% dependería de una decisión provincial.
Esos detalles particulares del proyecto se dan sin perjuicio del 3% que ya está garantizado y que es inamovible por ley. Además, el punto combate uno de los ejes en la postura ambientalista, que remarcó -ante la novedad de que esto se presentaría- que al departamento no le quedaría ninguna ganancia más que los empleos que podrían generarse. Es sólo un anticipo de algo que está garantizado desde la previa: los pagos al Estado por la extracción de esos minerales agitarán la discusión que se viene.
ESPERARÁN A QUE SUAREZ REGRESE DE TORONTO
Aunque en los anuncios iniciales se esperaba que el texto viera la luz a mediados de junio, en los últimos días se conoció que esos plazos están pospuestos para fines de mes o principios del que viene.
En la comuna confirmaron que uno de los objetivos es aguardar al regreso del gobernador, quien asistirá al evento anual de la PDAC (Asociación de Mineros y Desarrolladores de Canadá, por sus siglas en inglés) a desarrollarse en ese país del 13 al 15 de junio.
Allí, la comitiva buscará atraer inversores para Potasio Río Colorado, el ex proyecto de la brasileña Vale que también está enclavado en las tierras de Ojeda, y por el cual el gobierno asegura que "explotan los teléfonos" con ofertas. El equipo que viaja a Toronto está compuesto por el mandatario y el titular de PRC Emilio Guiñazú, junto a otros cuatro directivos de esa empresa.
Su intención es volverse casi con un acuerdo sellado. Es una de las prioridades en la gestión, que ya puso a andar el polo logístico en el lugar, pero que aún no cierra con un socio que pueda extraer los 4 millones de toneladas anuales que -se estima- aguardan bajo tierra. De lograr esa alianza, entre diciembre y febrero podría formalizarse la explotación.
Justamente esa mina no necesita de ningún cambio a la legislación actual. Pero sí lo requieren otras que ya fueron apuntadas por sectores interesados. Por eso, aunque lo sigan guardando bajo llave, comienzan a surgir datos de ese proyecto que pulen en el Sur, y que impactaría en la Legislatura en cuestión de días.
