¿SE PUEDE HABILITAR LA MINERÍA EN MALARGÜE REGLAMENTANDO LA 7.722?

EDU GAJARDO/Memo

A pesar de las intenciones y de la denominada "licencia social" que todo el mundo asegura que Malargüe tiene para desarrollar la actividad, es claro que el objetivo de avanzar con esa industria no será simple, sino todo lo contrario, será un proceso que generará ruido en caso de que se decida dar un paso adelante.

Sólo se necesita ser realista para saber que quienes organizaron las violentas manifestaciones antimineras en 2019, y que derivaron en la derogación de la Ley 9.209, van a volver a accionar si el departamento de Malargüe presenta un proyecto de ley en la Legislatura.

Para poder hacerlo a través de la vía legislativa es necesario que se modifique la Ley 7.722, situación que va a movilizar a los antimineros, a los partidos de la izquierda (que acá rechazan la minería, pero que en otras provincias se movilizan contra el cierre de minas) y sumarán a quienes desconocen realmente cómo funciona la industria y actúan en base al miedo.

Por ahora nadie conoce el detalle, ni cuando se avanzaría con la presentación de un proyecto, pero en el sur provincial el año pasado hicieron un borrador y los que alcanzaron a ver el documento indicaron que era muy parecido a la Ley 9.209, pero haciendo una especie de zonificación para Malargüe.

Aunque el gobernador dio vía libre para que se avance con una discusión legislativa, dijo claramente que no depende de él ese proceso, lo que genera incertidumbre respecto al posible destino de un proyecto. En ese contexto, surgieron algunas voces que plantearon que otra posibilidad sí estaba en manos del Ejecutivo y consiste en reglamentar la 7.722, la cual en sus casi 15 años de vigencia nunca cumplió con ese proceso.

Una de las consecuencias de esa falta de reglamentación es el conflictivo rol que cumple el poder legislativo, ya que si bien la ley establece que la Declaración de Impacto Ambiental de cualquier proyecto debe pasar por ambas cámaras, cumplen un rol ambiguo que les permite -por ejemplo- ponerse por encima, y cuestionar las resoluciones organismos técnicos y especializados en base a opiniones personales y hasta sentimientos.

Pero más allá de eso, que es una realidad, conversando con especialistas sobre la posibilidad de pensar en la reglamentación de la ley para poder exceptuar de alguna manera a Malargüe y permitir el desarrollo de la minería, consideran que no es imposible, pero que es muy complicado y que debe ser analizado cuidadosamente. En términos simples, anticipan que debe ser un proceso bien analizado y no que se utilice para la coyuntura política.

La clave de la reglamentación es que no puede ir contra el espíritu de la ley misma, por lo que una excepción a lo que indica la normativa debe ser aplicada de una manera adecuada y respetando la razón por la que se sancionó la 7.722.

El sentido para algunos es el cuidado del agua, aunque en la realidad es sólo una ley que impide el desarrollo de la minería y el agua sigue con los mismo problemas que acarrea hace décadas por malas administraciones y falta de inversiones.

Aunque es entendible el reclamo malargüino y es evidente la molestia de su población, también es cierto que las autoridades políticas se ven presionadas para lograr objetivos. En el caso de Malargüe los golpes han sido continuos con la caída de Potasio Río Colorado y ahora también con Portezuelo del Viento. La cuestión es que en ese contexto no se vuelva a ir a la Legislatura con la bandera de la minería sin tener en cuenta la historia reciente y los casos anteriores, especialmente si el Poder Ejecutivo no se hará parte de la discusión.

LA MINERÍA AGITA OTRA VEZ EL FANTASMA DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

MARCELO ARCE /MDZol

La construcción del dique Portezuelo del Viento se encamina a ser cosa del pasado tras dieciséis años de proyectos y promesas de desarrollo económico. Pero la noticia no impacta de igual manera en toda la provincia y, en ese sentido, el Sur ya se hizo notar.

Pasó poco más de una semana y San Rafael activó rápidamente un reclamo. Reincorporado a la función pública tras varios meses en los que realmente su estado de salud estuvo muy complicado, el intendente Emir Félix se puso al frente de una convocatoria multisectorial en su departamento para exigir que los U$S 1.023 millones previstos originalmente para Portezuelo del Viento se terminen destinando a obras en ese oasis de Mendoza. Sin demorar mucho tiempo, en General Alvear y en Malargüe se organizaron reuniones similares que concluyeron en el mismo punto.

Los sanrafaelinos principalmente, lo que esgrimen es un derecho originario sobre el destino de esos fondos bajo el argumento de que, desde la Cámara de Comercio departamental, surgió en los años noventa la denuncia por los perjuicios de la promoción industrial instalada en provincia vecinas que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa demanda fue la que luego utilizó Julio Cobos, en 2006, como moneda de cambio para que Néstor Kirchner se comprometiera a financiar Portezuelo tras haber firmado un arreglo extrajudicial.

En el fondo, está claro de dónde viene el planteo. En San Rafael temen que cuando Rodolfo Suarez defina cuáles serán los proyectos de inversión que se concretarán con esa plata, estos terminen quedando en su totalidad en el oasis Norte. Pero hasta aquí nada se sabe acerca de qué hará el gobierno con esa fuente formidable de recursos, más allá de la promesa asumida por Rodolfo Suarez de que el tema se discutirá en todos los ámbitos.

La caída de Portezuelo reactivó, asimismo, un reclamo histórico sureño que enciende todas las alarmas por la vuelta de la conflictividad social. El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, volvió a la carga con un proyecto para que en su departamento se permita desarrollar la minería y anticipó que en menos de dos meses lo llevará a la Legislatura.

Desde hace una década al menos, Malargüe viene insistiendo con la posibilidad de que los dejen hacer minería y el tema se transformó en una cuestión de estado municipal. Ya en 2012 el entonces intendente peronista Juan Agulles había impulsado una iniciativa en ese sentido que no avanzó y que ahora busca aprobar el radical Juan Manuel Ojeda. "Si realmente amamos a Mendoza y al departamento, lo vamos a lograr. Tenemos que conseguir acompañamiento político y si hay que convocar a una rebelión, lo haremos porque así no podemos vivir más", advirtió el actual jefe comunal apretado contra su comunidad por el seguro fin del proyecto para la construcción de Portezuelo que prometía cambiarles en buena medida su dura realidad económica.

¿Cómo reaccionó el gobernador ante la advertencia de uno propio? Pateó la pelota afuera ante un tema del cual, no hay caso, ya no quiere ni oír hablar a pesar de que dice estar convencido de que la minería es una salida hacia el desarrollo económico. “Esta no es una iniciativa que dependa de mí. El debate lo tiene que dar la Legislatura”, despejó cuando le preguntaron.

Ahora hace por lo menos dos años que Malargüe tiene redactado un proyecto de ley, al que intenta rodearlo del mayor consenso social posible, que propone una excepción a la Ley 7.722 para permitir en ese departamento el desarrollo de la minería metalífera y que además incluye la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.

El diseño original de la iniciativa, contemplaría asimismo la creación de una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información “simple y ágil” en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto.

La autoridad de aplicación de la ley sería la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y, como se evita la aplicación de la 7722, la autorización de los proyectos no deberá pasar el filtro de la Legislatura. Uno de los aspectos centrales que se intentó modificar sin éxito en aquella arremetida de Suarez de principios de gestión en 2019 y que fracasó.

Ojeda viene esgrimiendo argumentaciones jurídicas para avanzar con su intención, aunque los motivos de peso siempre fueron sociales. Entre las primeras, el intendente entiende que su propuesta está sujeta al cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Nacional que hace referencia a las autonomías municipales. Pero en definitiva el problema de fondo es otro: Malargüe enfrenta una situación muy delicada desde lo económico, agravada ahora por el seguro desplome de Portezuelo del Viento.

Algunos datos. Desde hace años el único ingreso importante del departamento está basado en las regalías petrolíferas que incluso han caído para la comuna en niveles importantes. El turismo repuntó un poco luego de la pandemia, pero hasta aquí Malargüe no logró diversificar su economía y de una población económicamente activa de alrededor de 16.000 personas, más de la mitad tienen problemas de empleo Muchos de ellos están precarizados y una cantidad importante directamente son desocupados. Según proyecciones municipales, hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

Cuando los malargüinos hablan de rodear al proyecto de mayor consenso posible, se refieren, entre otras cosas, a persuadir a sus vecinos de General Alvear y de San Rafael de que se cuidará la cuenca del río Atuel. Pero no será tarea sencilla. Como era de esperar el anticipo de Ojeda activó rápidamente a las asambleas departamentales que ya comenzaron a reunirse para diseñar un plan de acción que, se descarta, concluirá en una convocatoria a movilizaciones en Mendoza.

Basta recordar cómo fueron aquellas conflictivas semanas de finales de 2019 cuando Suarez pretendió cambiar la ley antiminera. De hecho el gobernador admitió tiempo después que, sí frenó y derogó la ley que él mismo había impulsado, fue por el temor a que las protestas terminaran con muertos en las calles.

Ya sabe que en Mendoza existe una dirigencia política que se muestra como cancerbera de la 7722, que rápidamente toma el protagonismo ambientalista y que incentiva este tipo de movilizaciones. Para ellos no se pueden permitir excepciones porque una fisura en la norma podría derivar en más excepciones. Y ya están anticipándose para dar una batalla jurídica, inclusive.

Entienden que cualquier modificación a la norma en vigencia contra la minería es inconstitucional porque violaría el principio de no regresividad de la norma. Esto es lo que sostienen los tratados internacionales en relación a que la protección legal del ambiente no puede ser disminuida por otra ley. En este sentido siempre, aseveran los ambientalistas, tiene que propender a una protección mayor.

¿Se enfrenta la provincia ahora a un escenario similar? Es probable, aunque Suarez haya hecho como que no ve venir el problema. Ante el anuncio de Ojeda, le tiró la responsabilidad a los legisladores y aplicó un “vamos viendo” para el devenir de los acontecimientos. Un detalle que quizás el gobierno no apreció todavía: en esta oportunidad los asambleístas del agua cuentan con un factor a favor y es el tiempo.

Malargüe les dio sesenta días para organizarse, oportunidad que no tuvieron cuando Suarez avanzó en aquellos momentos tan conflictivos de sus primeros días en el poder. En aquella oportunidad una de las movilizaciones sociales más fuertes llevadas a cabo históricamente en la provincia, se armó en menos de una semana.