El nuevo presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Eduardo Quinto Pulenta Saguí, dialogó en MDZ Radio sobre sus objetivos personales como titular de la entidad, la apuesta al “consenso social” antes que el "disturbio" en el tema minería y en cuanto a Portezuelo del Viento remarcó que los u$s 1023 M que no se usarán para la obra, deben ser utilizados para proyectos que beneficien al sector productivo de Mendoza.

En una Asamblea General Ordinaria los integrantes del CEM eligieron a sus nuevas autoridades, que tendrán un mandato de dos años que terminará en abril del 2024. De esta manera, los máximos responsables del Consejo Empresario Mendocino serán Eduardo Quinto Pulenta Saguí como presidente, mientras que el vicepresidente será Pablo Giménez Riili, director de bodegas y viñedos y desarrollador inmobiliario.

Pulenta Saguí manifestó que uno de sus objetivos para este año es establecer por medio del “consenso social” el debate sobre las potencialidades económicas que tiene la industria de la minería para Mendoza. “Siempre con respeto y sin buscar el conflicto entre las partes, como centro económico queremos establecer el debate sobre la actividad minera. Especialmente, estamos viendo que el departamento de Malargüe está pidiendo la derogación de la 7.722 y por eso, creemos que es necesario establecer un diálogo con la sociedad mendocina por medio del consenso”, comentó.

El referente agregó que durante este año el CEM publicará 5 informes acerca de la realidad de Mendoza para ayudar a la sociedad y la política de turno para detectar nuevas oportunidades empresariales. “La institución es tenida en cuenta por los medios de comunicación y el empresariado para consultarnos sobre el potencial que tiene Mendoza para descubrir nuevas matrices productivas. Por lo tanto, tenemos llegada al Gobierno provincial y queremos realizar para este año 5 informes para ayudar a los mendocinos”.

Por otra parte, el presidente manifestó que la institución ha tenido contacto con otras entidades y concluyeron que la plata que era destina para Portezuelo del Viento, debe ser utilizada para el sector productivo. “ Desde el Consejo pensamos que la plata debe utilizarse para obras hídricas y obras que generen energías renovables”, explicó.

“Luego hay que tratar de mejorar la conectividad de Mendoza con el mundo para fortalecer el turismo de la provincia, que posee una excelente hotelería y gastronomía. Pero esto debe realizarse con otros fondos y no con los de Portezuelo del Viento, que tiene ser destinados para el control del agua y la generación de energía renovables”, finalizó Pulenta Saguí

QUÉ SE DEBE HACER CON LA 7.722 PARA QUE MALARGÜE PUEDA TENER MINERÍA
Después de lo ocurrido con Portezuelo del Viento y con la incertidumbre respecto a lo que puede suceder con Potasio Río Colorado, en Malargüe están decididos a avanzar con un proyecto para que se pueda exceptuar al departamento de las restricciones que existen para hacer minería en la provincia.

Sobre la base de la denominada y cuestionada "licencia social", se espera avanzar con una excepción que necesariamente significa cambiar la Ley 7.722, lo que va a enfrentar directamente a los impulsores del proyecto con los grupos antimineros que no quieren que se modifique ni una coma en el texto que prohíbe el uso de sustancias como el ácido sulfúrico en la actividad.

La idea de Malargüe viene a ser similar a lo que intentó Chubut con la zonificación, la cual permitía desarrollar la actividad en una zona específica de esa provincia. 

A diferencia de la ley 7.722 de Mendoza, la ley 5001 de Chubut, en uno de sus artículos dejaba abierta la posibilidad de desarrollar la industria a través de una reglamentación que estableciera una zonificación. Eso finalmente se aprobó, pero como ocurrió con la ley 9.209 en la provincia, se dió marcha atrás por las violentas protestas que incluyeron la quema de la Casa de Gobierno.

A partir de esto, no extraña que Suarez recalque que es un intento que dependa de él, porque con lo que vivió en 2019 tiene claro que independiente de la posición malargüina las protestas de los antimineros se concentrarán en Mendoza, principalmente en la Legislatura y Casa de Gobierno.

Siendo realista, no hay forma de habilitar la actividad en Malargüe sin tocar la ley 7.722, la que para muchos antimineros significa el cuidado del agua (aunque realmente y en términos fácticos no lo es) y defenderla es una cuestión que por momentos roza una fanatismo casi religioso.

Además, después de lo ocurrido en 2019, no son pocos los legisladores que estarán atentos al costo político de la decisión que puedan tomar y sin la intervención del gobierno provincial el panorama es realmente incierto.

SUÁREZ ALISTA A MENDOZA PARA PDAC

EDU GAJARDO/MEMO

Una dura tarea tendrán el gobernador Rodolfo Suarez y el titular de PRC Emilio Guiñazú en Canadá. Estarán participando del Prospectors and Developers Association of Canada 2022 (PDAC), en su vuelta a la presencialidad después de la pandemia y en una fecha que no es la habitual.

La feria minera más grande del mundo tendrá por primera vez una comitiva encabezada por un gobernador desde que se aprobó la Ley 7.722 y que puso a Mendoza entre los peores 10 lugares para invertir en minería. La presencia de la máxima autoridad provincial obedece a dar una señal de certeza, desde un distrito minero mal calificado, para intentar atraer inversores para Potasio Río Colorado, el yacimiento ubicado en el departamento de Malargüe que ahora está en manos de la provincia.

PRC está en proceso de búsqueda de inversores y, aunque técnicamente no está enmarcado en la minería metalífera, le juega en contra la mala fama minera de Mendoza en esa materia. En un momento complejo para la economía argentina y también la mendocina, Suarez apunta al yacimiento de potasio como una alternativa para generar empleo genuino en una provincia que lleva muchos años en estancamiento.

En ese contexto, más allá del trabajo que está haciendo al banco suizo UBS, Mendoza sale a mostrarse al mercado y no hay otro lugar mejor para hacerlo que el PDAC. La cuestión es que allá, seguramente, también recibirán muchas preguntas y consultas sobre lo que pasa con la actividad de primera categoría (metalífera) y, especialmente, sobre lo que sucedió en 2019 con derogación de la Ley 9.209 que permitía el desarrollo de la actividad y que duró menos de 10 días vigente.

Esa es la carga que tiene la provincia y que repercute en otro proyecto que podría venir a sumar la matriz productiva, no a los niveles que tenía cuando estaba Vale detrás del yacimiento, pero que puede mover un poco la estancada economía mendocina.

MENDOZA ANTES DE LA 7.722
Aunque ahora Mendoza tiene que llevar al gobernador para generar algo de confianza en el PDAC, hubo otros momentos en que no fue así y tuvo un exitoso paso por la feria. En el año 2005, bajo la administración de Julio Cobos, la ministra de Economía Laura Montero envió una misión a Toronto y consiguió buenos resultados.

En ese momento el director de Minería era Carlos Monjo y estuvo en Canadá promoviendo las inversiones mineras en Mendoza con muy buenos resultados. Los conocedores recuerdan que llegaron por lo menos 15 empresas interesadas en inversiones en Mendoza e incluso hubo firmas emblemáticas que llegaron y tuvieron suerte dispar.

Después del paso de esa comitiva por el PDAC llegaron -en distintos períodos- la Coro Minning al proyecto San Jorge, que actualmente es propiedad de inversores estonios. También llegó Depromin, que tiene aún los derechos de Paramillos Sur y por esos años también se promocionaba Potasio Río Colorado.

Sin embargo, el avance de cateos en San Carlos generó protestas y comenzó a tejerse el proceso para crear la 7.722. Ante eso, Monjo, que había hecho todo el proceso de promoción, comenzó a ver que el mismo gobierno no trabajaba para sostener la presencia de los inversores y renunció en septiembre de 2005.

Ahí comenzó la mala imagen minera de Mendoza, porque la administración de Cobos, la misma que fue a buscar a los inversores, avanzó con la creación de la 7.722 que hizo caer proyectos y que hizo que muchas empresas se fueran de la provincia.

Aunque algunas siguen teniendo derechos sobre áreas mineras, no tienen oficinas y funcionan de manera remota porque la ley vigente no les permite concretar sus inversiones. En la lista hay nombres muy relevantes como Yamana, Río Tinto o Anglo American.

Desde ese momento Mendoza quedó con una imagen muy mala que se ve reflejada en el Informe Fraser, una verdadera biblia para los inversores mineros que se reúnen cada año en Toronto. A pesar de eso, Mendoza vuelve a viajar a intentar buscar un aliado para poner en producción Potasio Río Colorado, uno de los pocos focos productivos que le quedan a la provincia y generar recursos genuinos, por fuera de los montos que le va a dejar el casi seguro freno a Portezuelo del Viento y que tienen demasiados interesados.