FERNANDO CUADROS

“Cuando veo que no están funcionando bien las cosas, yo pongo orden. Saben que soy el malo de la película. Petroperú debe crecer [sic] creo en la empresa privada”, fueron las accidentadas y hasta subconscientes declaraciones de Carlos Alva Rojas (Acción Popular), presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, durante el inicio de las operaciones graduales de la Nueva Refinería de Talara, el pasado martes 12 de abril.

Ni 24 horas después, el grupo de trabajo que preside aprobó por mayoría el proyecto de ley 804/2021, que modifica dos artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221) para ampliar de 30 a 40 años los contratos de explotación de petróleo y gas natural.

Hasta allí, el criterio del dictamen es bien recibido por diversos especialistas consultados porque ya no se creará una superposición de operadores para una misma área de contrato; sin embargo, este posee una disposición complementaria que permite a los actuales contratistas perpetuar sus operaciones en los seis lotes cuyos plazos vencen entre 2023 y 2028, convirtiéndola en una ley con nombre propio, dado que al término del vínculo contractual los lotes iban a regresar al Estado.

ALVA ROJAS DEFIENDE SU TRINCHERA
Según Alva Rojas, la Comisión de Energía y Minas ejercerá un férreo control sobre la paulatina puesta en escena de la refinería de Talara, la cual en seis meses ya operará al 100%.

Y, respecto a su proyecto de ley, aseguró que “es mentira” todo lo que alegan sus detractores, dado que ha habido un retroceso en la capacidad productiva del Perú, que pasó de 200.000 barriles al día en los ochenta a los aproximadamente 30.000 de la actualidad, y aseguró que “hay una mafia en el centro” que se beneficia en la petrolera estatal actuando como intermediarios en la cadena de hidrocarburos tras la privatización ejecutada durante el régimen de Alberto Fujimori.

“Perú se ha hecho un país importador de petróleo. La ley que promuevo hace que el Perú sea llamador de inversiones (...) No es que esté mal la ley, a Petroperú no se le va a quitar, al contrario, se le va a fortalecer con el libre mercado”, esgrimió.

“Es un proyecto de ley exprés, de contrabando. Prorrogarlo es algo forzado. Está bien que se uniforme de 30 a 40 años, pero debe ser solo para los nuevos contratos petroleros. Lo irregular es que los congresistas pretenden regalar sin licitación la extensión de estos lotes. Si no pudieron cumplir con los programas de inversión en el pasado, ¿cómo lo harán en los próximos 10 años? Estos congresistas deberían expresar abiertamente que quieren desaparecer a Petroperú”, enfatizó el expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa.

Vale añadir que las operaciones puestas sobre el tapete son las siguientes: Lote V (Unna), VII/VI (Sapet), Z-2B (Savia), X (CNPC), II (Petromont) y XV (Petromont). Todas se ubican en Piura.

Un elemento que no debe pasar desapercibido son las reservas de petróleo que están en juego y que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas propone dejar en manos privadas por 10 años más.

En suma, las reservas probadas de petróleo del Lote X (61 millones 260.700 barriles), Z-2B (25 millones 190.600 barriles), VII/VI (10 millones 828.900 barriles), II (2 millones 794.500 barriles), V (1 millón 391.100 barriles) y XV (292.000 barriles) totalizan 101 millones 757.800 barriles de petróleo, de acuerdo al último Libro de Reservas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

GOLPE BAJO A PETROPERÚ
Ochoa lamenta que se minimice la participación de la petrolera estatal pese al reciente inicio gradual de las operaciones en la Nueva Refinería de Talara, la cual podría producir hasta 20.000 barriles diarios con su participación en los lotes en cuestión.

“Lógicamente es una cifra modesta, pero podría duplicarse o triplicarse si Petroperú lo toma junto a un socio, porque estos lotes no han tenido inversiones en estos años, por eso la producción declina”, anotó.

De aprobarse en el Pleno, el experto señala que se obligaría a Petroperú a seguir pagando el precio que impongan las empresas privadas en un contexto donde el barril pasa el umbral de los US$ 100.

“Si estos señores dicen querer al Perú, que le permitan a la petrolera estatal capitalizarse con esa diferencia de precio, de tal manera que la materia prima para producir combustible, por lo menos de esos 20 mil barriles, esté a un precio bajo que podría muy bien traducirse en su costo de producción y, en consecuencia, beneficiar a los consumidores. No creo que sea mucho para una refinería que va a procesar 95 mil barriles diarios, pero es una cuarta parte para capitalizar a la petrolera estatal, como lo ha hecho Colombia”, añade.

VIGILANTES
El parlamentario Guillermo Bermejo (Perú Democrático) exhortó a Alva Rojas a que le remita el dictamen aprobado en su grupo de trabajo. A través de un oficio, señaló que es de suma importancia conocer su contenido al versar sobre un tema de interés nacional y público.

Por su parte, Silvana Robles (Perú Libre) precisó que la extensión de estos contratos de explotación petrolera beneficiará a los actuales contratistas y perjudicará gravemente no solo a Petroperú, sino también a la ciudadanía en general “justo en plena crisis energética y ante el relanzamiento de la refinería de Talara”.

EN BUSCA DE LA INTEGRACIÓN
Asimismo, La República tuvo acceso a un proyecto de ley que la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre) trabaja para impulsar un modelo de negocio de integración vertical en manos de Petroperú, el cual será ingresado a la mesa de partes del Congreso en los próximos días.

En esencia, la iniciativa autoriza a la agencia estatal Perupetro para suscribir los contratos de explotación de hidrocarburos de todos los lotes petroleros “ubicados en territorio de Petroperú” para su exploración y explotación tras el vencimiento de los contratos actuales.

Vale precisar que tras celebrarse el contrato, la firma estatal estará facultada para convocar a socios estratégicos y ejecutar las acciones necesarias para una eficaz y competitiva gestión empresarial.

En esa línea, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) establecerá los parámetros económicos y financieros a través de una empresa o universidad de prestigio para elaborar estos ratios, los cuales se analizarán anualmente.

Una de las disposiciones complementarias resalta la desactivación de Perupetro una vez que los lotes retornen a Petroperú. Tras ello, la estatal creará una unidad orgánica especializada.

APROBACIÓN EN PLENO NO GARANTIZA ENTREGA
Voces del sector enfatizan que aún si el Congreso de la República aprobase el dictamen en cuestión, ninguna ley ordena que el Estado peruano entregue los lotes a las firmas privadas, ya que esta ley eventualmente solo daría la potestad a los concesionarios actuales de solicitar la extensión del vínculo contractual por diez años.

“La ley no podría ordenar que Perupetro les entregue a los privados porque tendría nombre propio y eso lo prohíbe la Constitución”, recalca Ochoa. No obstante, vale recordar que Perupetro busca unificar los seis lotes y convertirlos en dos bloques, y tiene un interés distinto al de Petroperú.

Asimismo, señala que el MINEM tiene que poner orden en Perupetro porque “no es concebible” que se esté descartando y desarmando a Petroperú.

Vale recordar que los congresistas que se opusieron a este dictamen son Pasión Dávila, Francis Paredes Castro y Segundo Quiroz Barbosa de Perú Libre, así como Ruth Luque de Cambio Democrático y Jorge Flores de Acción Popular.

Por otro lado, fuentes del sector advirtieron que Perupetro debería impedir cualquier renovación a la empresa china CNPC –actual operador del Lote X y del VII/VI a través de su filial Sapet– en la medida en que esta compañía incumplió sus contratos en los lotes 192 y 8. Es menester precisar que CNPC junto a Pluspetrol Corporation son los accionistas de Pluspetrol Norte.

REACCIONES
Carlos Alva Rojas, congresista de Acción Popular

“Hay que poner orden. Saben que soy el malo de la película. Petroperú debe crecer [sic] creo en la empresa privada (...) la ley que promuevo hace que Perú sea llamador de inversiones”.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro

“Es un proyecto de ley exprés, de contrabando. Está bien que se uniformice a 40 años, pero debe ser solo para los nuevos contratos. Lo irregular es que los congresistas pretenden regalar sin licitación”.

OJO AL DETALLE

ES UNA NUEVA PÁGINA 11
Por Jorge Manco Zaconetti, investigador UNMSM

Esta ley es producto de un gran lobby. Apuesto a que no lo ha redactado el congresista Alva Rojas, sino que es un libreto escrito por la Sociedad de Minería o la Sociedad de Hidrocarburos.

Nuestros estudios han demostrado que, con 20.000 barriles diarios del norte, la utilidad neta de Petroperú, descontado de Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores, sería de US$ 300 millones anuales, que necesita la estatal para repagar en el menor plazo posible los compromisos de deuda externa asumidos por la construcción de la refinería de Talara.

Recomendaría incluir una segunda disposición final que diga: exclúyase de la ley a los lotes X, VII/VI y Z2-B que serán transferidos a Petroperú para asociarse con un privado.

Este gran lobby parece ser una nueva página 11 de Acción Popular. El lote X, el más importante con más de 55 millones de reservas probadas, deja una riqueza potencial de US$ 5.500 millones para la CNPC. ¿Qué hizo en 30 años Petrobras o CNPC en el lote X? Solo explotaron las reservas de Petroperú, y un solo pozo exploratorio y más de 1.400 de desarrollo. Se han ido a la segura. Extraen nuestro petróleo y lo venden a Petroperú a precios internacionales. No va de la mano con el principio de fortalecer la integración vertical de Petroperú.