ANAHI ABELEDO

La publicación “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal de la minería del litio en la Argentina, Bolivia y Chile”, fue realizada en el marco del Programa de “Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos" (MinSus), ejecutado por la CEPAL en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Según establece el documento, en América Latina los recursos minerales son bienes de dominio público: le pertenecen al Estado y, a través de él, a sus ciudadanos, lo que significa que el Estado es soberano para decidir cómo y en qué condiciones se explotan estos recursos Para muchos países los recursos minerales representan una proporción importante de su riqueza, y su adecuada gestión puede tener efectos muy positivos para un desarrollo económico inclusivo.

Uno de los elementos esenciales para una correcta gestión de la actividad minera, que genere beneficios sostenibles y promueva la equidad intra e intergeneracional, es contar con un régimen fiscal que permita una adecuada apropiación, uso y distribución de la renta económica minera. Sin embargo, el diseño de un buen régimen fiscal presenta varios desafíos técnicos y administrativos, que se vinculan a las características exclusivas de la actividad extractiva y otras que, sin ser exclusivas, se exacerban en este sector.

Este diseño debe, además, equilibrar los distintos objetivos o atributos deseables para un régimen fiscal.  En primer lugar, debe recaudar ingresos suficientes, apropiándose de una proporción razonable de las rentas económicas que se generen con la explotación de los recursos minerales.

En segundo lugar, debe propender a la eficiencia económica, en el sentido de no desincentivar las inversiones mineras ni tampoco estimular la sobreexplotación.

En tercer lugar, debe recaudar con equidad, lo que incluye la equidad horizontal, en cuanto a que personas —naturales o jurídicas— con igual capacidad contributiva paguen los mismos impuestos; la equidad vertical, que significa que quienes perciben mayores rentas paguen proporcionalmente más impuestos; la equidad intergeneracional, para evitar que una sobreexplotación de recursos prive a las generaciones futuras de los beneficios que proporcionan los recursos naturales; y la equidad jurisdiccional, para velar por una adecuada distribución de ingresos y absorción de costos entre los distintos territorios.

En cuarto lugar, debe buscar la eficiencia administrativa, minimizando los costos de diseño, administración y cumplimiento.

El Programa MinSus busca favorecer una gestión más sostenible de la actividad minera en los países andinos a partir de una integración transparente en las cadenas globales de suministro y valor y la incorporación de información y salvaguardas sociales y ambientales en el análisis económico del sector.

Desde hace algunos años, uno de los temas que ha sido abordado desde distintas perspectivas es la explotación del litio, considerado como uno de los elementos críticos para el futuro, por su rol fundamental en las industrias automotriz, tecnológica y farmacéutica; particularmente en la transición energética y la electromovilidad, una vez que las baterías eléctricas de iones de litio permiten almacenar energía, con alta capacidad de ser durables, livianas y recargables.

En Argentina, Bolivia y Chile, el litio se configura como un material estratégico. Actualmente, los países del denominado Triángulo del Litio: Argentina (21%), Bolivia (24%) y Chile (11%) concentran el 55% de los recursos mundiales de litio. Los recursos minerales son bienes de dominio público y el desarrollo de la minería del litio ha sido dispar en los tres países.

El documento busca contribuir con una mejor comprensión sobre la captura por parte de los gobiernos de la renta económica que genera la actividad minera, el régimen tributario y la transparencia en la apropiación, distribución y uso de los ingresos públicos derivados de esta actividad.

Los resultados del estudio muestran que en los diez últimos años el Estado en Argentina se apropió del 28% de las rentas económicas generadas por las empresas mineras que explotan el litio, mientras que en Chile fue un 36%.

También, se estima, a través de la simulación de un proyecto de explotación de litio sometido al régimen tributario vigente en cada país, que los Estados podrían capturar una mayor parte de la renta del litio sobre la rentabilidad de las empresas mineras: 44,3% en Argentina, 63,7% en Bolivia y 57,4% en Chile.

El litio ha sido considerado en varios estudios recientes como uno de los elementos críticos para el futuro (USGS, 2017a), por el rol fundamental que juega en el desarrollo de tecnologías verdes, particularmente en la transición energética hacia la electromovilidad, al ser un componente que está presente en todas las baterías que actualmente se usan y en las que se prevé que prevalecerán en el futuro.

Es por ello que Bolivia y Chile, y la provincia de Jujuy en Argentina, lo han declarado un recurso estratégico. Argentina, Bolivia y Chile concentran el 58% de los recursos mundiales de litio conocidos, en un conjunto de salares ubicados en el área geográfica conocida como el triángulo del litio. De esos recursos, Bolivia tiene la mayor cantidad, equivalentes a un 24,4% del total, seguido de Argentina con un 22,4% y Chile con un 11,2%.

El desarrollo de la minería del litio ha sido dispar en los tres países. La primera producción de litio en Argentina se registró en 1936, a partir de mineral de espodumeno. Pero fue recién en 1994 cuando comenzó la producción de cloruro y carbonato de litio desde las salmueras del Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y actualmente es el cuarto mayor productor mundial.

Bolivia, por su parte, no tiene hasta la fecha producciones importantes de litio, sino solo plantas piloto de pequeña producción, pero ha hecho esfuerzos importantes para dar mayor valor agregado a la futura producción.

Chile, finalmente, comenzó a producir carbonato de litio en 1984, a partir de salmueras del Salar de Atacama, y actualmente es el segundo mayor productor mundial.

La publicación señala que los ingresos fiscales derivados de la explotación de litio mejorarán con el actual contexto de aumento de precios y producción, pero se requiere, por un lado, instrumentos que doten de mayor progresividad, equidad y eficiencia a los sistemas fiscales, y, por otro lado, la transparencia en la apropiación, el uso y la distribución de los ingresos fiscales derivados de la actividad minera.

La investigación propone como buena práctica el uso y la combinación de varios instrumentos. Por ejemplo, un royalty ad valorem con tasa moderada, que garantice ingresos desde el comienzo de la operación; un impuesto sobre las utilidades, que garantice ingresos aun cuando el rendimiento obtenido por el explotador minero no exceda al rendimiento normal; y un royalty sobre utilidades o impuesto a la renta económica de los recursos mineros, que permita extraer una mayor porción de las rentas económicas propias de la industria extractiva.

Finalmente, en términos de transparencia, los tres países pueden avanzar más en la divulgación de los impuestos pagados por las empresas mineras. Se estima conveniente la divulgación de información desagregada por empresas e impuestos, además de la completitud y oportunidad de la información.