JUAN SALDARRIAGA

La mayor amenaza para el presidente Pedro Castillo desde que inició su mandato no ha sido ningún intento de vacancia pergeñado por la oposición, ni los destapes periodísticos sobre supuestos casos de corrupción en su gobierno.

Ha sido la efervescencia civil en contra el incremento de los precios de los fertilizantes, los alimentos y, sobre todo, de los combustibles, un fenómeno global que afecta a todos los países, pero más a los importadores netos de hidrocarburos, como el Perú.

REFINERÍA DE TALARA
De acuerdo a Perú-Petro, nuestro país produce un promedio diario de 40 mil barriles de petróleo y 85 mil barriles de líquidos de gas, volumen que no satisface la demanda nacional de combustibles, que bordea los 260 mil barriles diarios.

Eso significa un gasto enorme en importación de crudo y derivados.

“Cada año gastamos US$6.000 millones en divisas y este año vamos a gastar mucho más debido al elevado precio del petróleo”, señala Federico Noguera, directivo del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP).

Esta preocupación empujó al líder del partido gobiernista, Vladimir Cerrón, a poner paños tibios sobre la problemática con un equívoco tweet el pasado 11 de abril.

“Mañana (12 de abril) debe inaugurarse la refinería de Talara y dentro de un mes poner sus productos en el mercado nacional con mejores precios”, escribió.

Su comentario fue refutado inmediatamente por Humberto Campodónico, presidente de Petro-Perú, quien aclaró que la nueva refinería “no producirá 95 mil barriles de un día para otro”, sino al cabo de cinco o seis meses.

Esto significa, dijo, que Petro-Perú “va a seguir dependiendo de la importación de combustibles” hasta que el complejo refinero entre en funcionamiento.

La importación de crudo, sin embargo, se seguiría manteniendo por mucho tiempo debido al exiguo suministro local de este recurso energético (40 mil barriles diarios) un efecto de la clamorosa ausencia de inversiones en el sector, en un entono de elevada conflictividad social y rigurosa regulación ambiental.

SOMBRÍO PANORAMA
Síntoma de este decaimiento es la alarmante reducción de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, cuyo número ha caído de 87 a 32 entre el 2009 y el 2022.

Esto, para mayor perjuicio de los contratos de exploración, que hoy suman apenas siete, de los cuales “sólo uno se encuentra activo y seis están en fuerza mayor”, anota Graciela Arrieta, gerenta de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esta negativa dinámica se refleja en las cifras de inversión en exploración, que cayeron a un mínimo histórico de US$2,8 millones en el 2021, tras anotar US$420 millones en el 2014.

El panorama se complica cuando se observa el lamentable estado en que se encuentran muchos contratos en fase de explotación.

El Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP) advierte que mientras el país importa US$6.000 millones anuales en crudo y combustibles, el Estado tiene abandonados varios campos productores de petróleo, como el lote 192 (Loreto), el lote 8 (Loreto), el lote Z-1 (Tumbes) y los yacimientos de Ganso Azul (Ucayali) y Maquia (Loreto).

Se trata de un descuido que representa “pérdidas millonarias en regalías, impuestos y empleo” para las regiones productoras, además de un gasto adicional por “las cantidades de dinero que el Estado asigna para proteger las instalaciones”, anota el gremio.

¿Qué se puede hacer para revertir este clamoroso estado de cosas?

¿NUEVA ESTRATEGIA?
En años recientes, los gremios petroleros apostaron sus fichas a la modernización de la Ley Orgánica de hidrocarburos (LOH) como la mejor estrategia para reencaminar al sector.

Se trata de una iniciativa que no ha llegado a buen puerto por discrepancias al interior del Ejecutivo y por descoordinaciones entre este poder y el Legislativo.

En parecida situación se encuentra la ley de fortalecimiento de Peru-Petro. Y se puede decir otro tanto del plan de cierre de brechas para la selva, y de la definición sobre los seis lotes petroleros con contratos próximos a vencer, un dilema que Perú-Petro plantea resolver con una licitación anticipada que “duplicaría la producción de crudo de Talara”, sostiene Carlos Bianchi, gerente de supervisión y contratos de la agencia petrolera.

¿Pero qué garantiza que todo esto funcione esta vez? Ricardo Barrios, abogado especialista en hidrocarburos, opina que no hay manera de asegurar el éxito en tanto el sector privado continúe abordando el problema como lo viene haciendo, es decir, excluyendo al Estado del ‘upstream’ petrolero.

“Estoy convencido de que insistir en la manera como venimos trabajando es inútil. Tenemos que cambiar de estrategia. Traer al gobierno a nuestro lado de la mesa”, señala.

Esto significa incluir a Petro-Perú en las actividades de exploración y explotación, como socio de las empresas, si bien no de forma mayoritaria.

La idea implícita es que “nadie en el Gobierno detendrá un lote o proyecto legislativo donde Petro-Perú esté involucrado”, apunta Barrios.

CONTRATO CORPORATIVO
Para nadie un secreto que Petro-Perú aspira a obtener una participación en los lotes petroleros de Talara con contratos próximos a vencer, del mismo modo que hoy participa en la selva norte con dos grandes yacimientos: el 192 y el 64, detenidos por problemas sociales y administrativos.

El objetivo es garantizar suministro (crudo) para la nueva refinería de Talara, en el entendido que “le va a costar mucho menos” obtenerlo de esta forma que “si lo importara a precio internacional”, señala Humberto Campodónico, presidente de Petro-Perú.

El problema es que la estatal no tiene dinero para explotar ninguno de dichos lotes.

Por esta razón, Víctor Saavedra, CEO de VSConsultng, sostiene que el mejor curso que puede tomar el Gobierno para producir petróleo propio y, de paso, minimizar las pérdidas de la nueva refinería de Talara es asociarse con el sector privado.

“La idea es promover que el Estado participe en el negocio porque tiene activos estratégicos en su poder, a los que no les da el valor que realmente tienen”, señala.

Es el caso de la nueva refinería, los lotes 192 y 64, y el Oleoducto Norperuano, activos cuya utilización integrada posibilitaría “triplicar el margen de refinación” del complejo de Talara.

Para ello propone un tipo de asociación, que él denomina ‘corporativa’. Esto es, un contrato que no se limita a la producción y regalías que pueda proporcionar cada lote, sino que se extiende a la utilización de toda la cadena logística de Petro-Perú entre la selva y la costa.

NUEVO OLEODUCTO
El objetivo, apunta Saavedra, es atraer a las grandes petroleras mundiales y también a las empresas que ya están involucradas en la explotación de la selva norte, como Perenco, empresa que ya está en capacidad de producir 10 mil barriles por día y “que tiene para desarrollar hasta 70 mil o 80 mil barriles”,

“De lo que se trata es de de¡ sacar provecho a los lotes de la selva norte, porque son yacimientos gigantes, que pueden producir 200 mil barriles diarios de petróleo. Y la prueba es que en la misma cuenca, al otro lado de la frontera (Ecuador), se producen 400 mil barriles al día”, añade.

El planteamiento involucra el concurso de las comunidades como socios del proyecto y también la construcción de un nuevo oleoducto, más moderno pero de menor dimensión.

De hecho, IPIGP ha señalado que lo ideal sería desguazar el viejo oleoducto y construir un nuevo sobre el trazo original, pero con menor diámetro.

Esto, debido a que “es muy costoso mantener una infraestructura para 500 mil barriles de petróleo cuando por allí nunca han pasado más de 150 mil barriles”, sostiene el gremio petrolero.