Junto al anuncio de un bono para jubilados, monotributistas y trabajadores informales, el ministro Martín Guzmán anunció  la implementación de un impuesto a la “renta inesperada” a aquellos sectores de la economía que hayan incrementado sus ganancias por el shock de la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentan las dudas en relación a cuáles serán las empresas que deberán pagar el nuevo tributo.

La iniciativa se enfocará en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de sólo el 3,2% de las grandes compañías.

“La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022, lo mismo que el margen de ganancia”, explicó Guzmán sobre el universo en el que impactará la nueva iniciativa tributaria.

El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Carlos Ramos, expresó a El Tribuno que como sector “siempre” están en contra de la suba de impuestos por el motivo que sea porque, sobre todos las empresas mineras que están en explotación, necesitan que se les garantice “estabilidad fiscal” por 30 años.

“Vos imagínate que tener una suba de impuestos inesperada, obviamente si está violentando la estabilidad fiscal que está basada en una ley que es la 24.196, es problemática. No es un buen mensaje. Uno puede entender las necesidades de recaudación que tiene el Estado, pero la suba de impuestos no debería ser el mecanismo permanente al que se está acudiendo para resolver cuestiones de la administración”, expresó el titular de la cámara.

"Parece que en el gobierno la mayor creatividad que tienen está en crear nuevos impuestos", arremetieron desde una petrolera de Vaca Muerta, según Victoria Terzaghi en Diario Río Negro, mientras que desde otra firma se señaló que "es una locura lo que están planteando porque entonces durante la pandemia deberían haber bajado las alícuotas cuando el precio del petróleo cayó hasta valores negativos".

Carlos Ramos afirmó que no “tiene dudas” de que una medida así crea incertidumbre en el sector que requiera estabilidad porque sus inversiones son a largo plazo. Además agregó que es “violatoria” de un proceso que se hace en minería que es factibilizar un proyecto con una determina carga tributaria.

“En esta rama, en la minería cuando vas a construir vos factibilizas el proyecto y tenes una carga fiscal prevista para el tiempo de vida de la mina. En Taca Taca, que no es el caso porque no está produciendo, va a durar unos 32 años de explotación y la empresa ya realizó en base a la carga fiscal argentina una proyección de cuál va a ser el monto que se va a pagar en impuestos. Esto es lo que siempre llamamos la necesidad de la minería de tener seguridad en proyectos a tan largo plazo”, expresó.

El titular de la Cámara Minera destacó que con este nuevo impuesto se genera “una problemática” porque no es un anuncio agradable para cualquier actividad o empresa, pero sobre todo en la minería porque este impacto e incertidumbre que se crea genera una situación adicional que “con seguridad se va a estar violentando” la factibilización de los proyectos.

“A veces, nosotros decimos, que bueno sería dar el mensaje de que se respeta la estabilidad fiscal a la que se comprometió el gobierno para proyectos de tan largo plazo e inversiones enormes que son para la construcción de una mina”, aseguró.

ADVRTENCIA DE INDUSTRIALES
En la reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina, se analizó "cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo". 

“Los representantes sectoriales y regionales de la Junta Directiva manifestaron su preocupación por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a empresas de todo el país. Al respecto, se analizó cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”, señala ese cuerpo directivo.

La UIA adelanta que “en los próximos días, el departamento de Política Tributaria y el Centro de Estudios de la UIA (CEU) estudiarán los alcances de la medida y su repercusión en los diferentes sectores productivos”. De acuerdo con lo anunciado por Guzmán, se buscaría aplicar una alícuota adicional a aquellas empresas que tengan una ganancia imponible de más de $1.000 millones y que declaren un incremento muy fuerte de su rentabilidad, como consecuencia del aumento de los precios a nivel mundial que generó la guerra en Ucrania. Las empresas de la UIA que reúnen ese requisito no son muchas.

“Se trata de un impuesto inesperado”, afirmó Daniel Funes de Rioja, el presidente de la entidad, según publicó Ámbito, quien estuvo presente en el anuncio que se llevó a cabo en la Casa Rosada. Ahora el impuesto se volverá uno de los temas de la mesa que integra la central con la Confederación General del Trabajo. El titular del Palacio de Hacienda anticipó que pretende que el proyecto se pueda debatir en ese contexto.

El presidente de la UIA aclaró que más allá de su particular opinión sobre el proyecto, tiene que haber un posicionamiento institucional de la entidad que preside. De ese modo, también se evitan potenciales fricciones internas con algunas cámaras y regionales que respaldan al Gobierno.

La Unión Industrial de Mendoza  (UIM) expresó su negativa y rechazó el proyecto anunciado para introducir un impuesto más al sector productivo del país para gravar los ingresos a las empresas que obtengan mayores ganancias producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, la UIM manifestó en un comunicado que se trata, una vez más, de buscar financiar un Estado cada vez más grande sin desarrollo serio de la economía con el consiguiente impacto en la inflación -el impuesto más regresivo que existe que más afecta a los que menos tienen- y en el desaliento de inversiones en un contexto de reglas cambiantes que, en este caso, rozan lo absurdo y ponen en alerta a la propiedad privada así como al trabajo genuino.

La UIM repite que la presión fiscal, la burocracia y las reglas que cambian de manera continua atentan contra la producción, la creación de trabajo genuino, la inversión que tracciona el desarrollo económico al tiempo que alientan la incertidumbre, la suba de precios y la pobreza que no deja de aumentar.

Aunque la propuesta explica que si existe reinversión dicha renta será menor, se trata de una falacia ya que -en el contexto actual- la mayoría de las empresas subsisten y no pueden pensar en ampliarse o invertir debido a las condiciones macro así como a la inexistencia de crédito para la producción.

A la vez, el hecho de que se pretendan gravar "márgenes de ganancia anormalmente elevados" o "ganancias netas con aumentos significativos" otorga un marco de discrecionalidad que ningún ente recaudador debería detentar en un estado de derecho.

Tal como pasó con el llamado Impuesto a las Grandes Fortunas, el gobierno ha vuelto a quedarse sin ideas para salir de la crisis económica existente así como demuestra que su apuesta no es a la producción o el trabajo sino al aumento de gastos del Estado que -está demostrado- no han servido para salir de la difícil situación que atraviesa el país.

En esta misma línea, ni desde la actual dirigencia que hoy gobierna pero tampoco desde la oposición, han surgido propuestas de reducción de gastos de la política o, al menos, de redirección de los mismos hacia áreas que realmente lo necesitan como salud, seguridad y educación para que no sean más gastos y se conviertan en inversión del Estado con el objetivo de aportar a la calidad de vida de una población empobrecida.

La UIM repite que la presión fiscal, la burocracia y las reglas que cambian de manera continua atentan contra la producción, la creación de trabajo genuino, la inversión que tracciona el desarrollo económico al tiempo que alientan la incertidumbre, la suba de precios y la pobreza que no deja de aumentar.

RURALES Y COMPARACIÓN CON RETENCIONES
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló a Infobae que el proyecto del impuesto a la renta inesperada tiene aspectos adicionales. En un comunicado la entidad que preside Jorge Chemes señaló que “siembra un antecedente similar a las retenciones móviles de 2008, porque pretende gravar flujos productivos en función de variación alcista de shocks de precios externos”.

Además, precisaron que “los $ 250.000 millones a recaudar informados por el Ejecutivo, hoy representan US$ 2.101 millones, al tipo de cambio oficial de la fecha. Si se considera la recaudación por Derechos de Exportación por sectores de 2021 (estimada, a falta de datos oficiales), y su alícuota promedio estimada para sectores agroalimentarios, minería e hidrocarburos, se tiene que las cadenas agroindustriales aportarían con este nuevo impuesto adicionalmente US$ 1.941 millones, de los US$ 2.101 millones”.

Y agregaron: “Esto implica, en una estimación que relaciona el nuevo aporte tributario con lo que sería su equivalente en incremento de alícuotas de derechos de exportación, subas significativas de las alícuotas. Es similar a las retenciones móviles”.

A todo esto, dijeron que si bien el nuevo impuesto está destinado a las grandes empresas, las mismas trasladarían el costo impositivo al precio que pagan al productor, y por otro lado expresaron su preocupación porque el proyecto oficial no contempla la suba de los fertilizantes, combustibles y otros insumos, como consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania.

En un fuerte comunicado, la Sociedad Rural de General Guido, provincia de Buenos Aires, refutó las justificaciones del ministro y dijo que, a través de “discursos flojos, medidas repetidas, inflación sin control, manotazos de ahogados, populismo barato, van a la carga sobre los que producen”

“¿Más muestras del fracaso? Intervinieron y distorsionan la cadena de la carne y solo perjudican a los productores. Nunca lograron nada en pos del consumidor. Solo han subido las commodities agrícolas: pero en función de los costos que se vienen. La sequía, las inundaciones y las políticas del Gobierno sí son inesperadas. Nuestro sector agropecuario viene de atravesar sequía, incendios, falta de insumos y sobreprecios, falta de gasoil y gasoil blue. Prevemos una campaña 2022/2023 con una gran suba de costos, primero por el desbarajuste local y, además, por la menor oferta mundial de fertilizantes y fitosanitarios”, enfatizó la entidad.

¿Qué materias primas se beneficiaron?
El conflicto bélico entre las dos naciones agroexportadoras hizo saltar las cotizaciones internacionales de commodities como los granos de trigo y maíz que alcanzaron máximos históricos en poco tiempo. Mientras que la oleaginosa ronda los 630 dólares por tonelada en la Bolsa de Chicago, el trigo se mantiene por encima de los 400 dólares por tonelada.

La soja, una de las exportaciones más importantes de la Argentina, también se benefició de la ola alcista y llegó a valer más de 600 dólares por tonelada. Con estos números, es probable que las empresas que exporten y produzcan estas materias primas se hayan visto beneficiadas por el fenómeno mundial.

Tras el anuncio, Guzmán convocó a empresarios y sindicatos para consensuar un camino que grave la “renta inesperada”, producto del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

”Lo que se busca es capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar la pobreza infantil, y lograr una mayor inclusión social”, concluyó.