Perú vive otro jalón más de ataques a su gran minería: Más de 150 integrantes de la comunidad de Fuerabamba, en el distrito de Chalhuahuacho (Apurímac), permanecen desde ayer en el recinto del campamento de la minera MMG Las Bambas aduciendo incumplimientos a los compromisos asumidos por la empresa y el gobierno.
Por segundo día, alrededor de 200 comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challahuahuacho (Apurímac) continúan dentro de los terrenos de propiedad la empresa MMG Las Bambas. Instalaron sus carpas a 200 metros de los yacimientos.
Las personas se apostaron con carpas de plástico en horas de la madrugada de este jueves, 14 de abril. Asimismo, se reportó que otro grupo permanece en las zonas aledañas de la minera.
Manifestantes señalaron que tienen intención de retomar la posesión de sus tierras, que hace años fueron negociadas con la mina, luego de que se incumplieran algunos compromisos.
Esta medida de fuerza se mantendrá hasta la empresa minera cumpla con los compromisos que exige la población. Se ha convocado a una mesa de diálogo que aún espera la confirmación del Ejecutivo.
El sub prefecto de Challahuahuacho, Edilberto Pinares, mencionó que no se registraron enfrentamientos y que la minera no procedió al retiro de la invasión. “Ayer se firmó un acta donde se acordó que no habrá enfrentamientos. Los comuneros permanecerán ahí hasta que se instale la mesa de diálogo”, comentó.
A través de un oficio, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) invitó a una reunión para el 20 de abril, pero los comuneros decidieron continuar con la medida hasta el encuentro. Exigen la presencia del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Las Bambas, Carlos Castro, según informó La República.
A su vez, mediante un comunicado, la minera expresó su sorpresa ante la medida de los pobladores por “un supuesto incumplimiento de compromisos de inversión social”, pues señalaron que la comunidad no ha atendido a las invitaciones que han realizado desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas y la misma minera para un diálogo sobre estos compromisos.
Según dijo la empresa, a la fecha contabilizan 264 compromisos asumidos con Fuerabamba, de los cuales el 79% han sido cumplidos (54% ejecutado y 25% en ejecución), mientras que el 21% ya está programado.
DAÑOS AL CAMPAMENTO
Los comuneros han dañado instalaciones de Las Bambas. La Fiscalía constató los daños y dijo que ya viene tomando acciones correspondientes para sancionar a los responsables. El sector HuiEpani en Tiaparo, distrito de Pocohuanca, está ahora en el ojo de la población chalhuanquina y apurimeña, debido a que, en dicho lugar se realizan actividades de minería ilegal, en propiedad de la comunidad de Tiaparo y concesiones de la minera Southern.
Tal como se informó anteriormente, los actos delincuenciales dentro del territorio comunal de Tiaparo, cada vez son más evidentes y peligrosos para todo aquel que transite por ese sector, publicó el diario local Chaski.
Destrozos en el campamento de Las Bambas
Según el sector minero, estos actos son promovidos por actores externos a la comunidad, por lo que las autoridades pertinentes deben actuar a la brevedad para sancionar a los responsables, de lo contrario se agravarían los problemas.
Además, se supo que los mineros informales al transitar por las vías en camionetas modernas por la comunidad de Tapairihua, atropellan y atentan contra los animales de los comuneros, por lo que ya hubo denuncias al respecto.
En asamblea en la comunidad de Tiaparo, acordaron negar tajantemente la continuidad de las actividades de minería ilegal en el sector de Huipani, que no tiene autorización.
Por otro lado, los comuneros denunciaron que no pueden transitar por el cerro Huipani debido a las amenazas y agresiones, por lo que piden garantías debido a las constantes intimidaciones de los mineros ilegales. El representante de la DREM, señaló que deben paralizar toda actividad minera en el sector de Huipani, por no contar con autorización de la comunidad dueña del territorio.
“Entonces ¿Qué estamos esperando?” desafían los comuneros. Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile y Las Bambas produce el 2% del metal rojo en el planeta.
A fines de marzo pasado, Las Bambas y la comunidad de Chuicuni llegaron a un acuerdo que levantó el bloqueo del Corredor Minero del Sur.
“Después de seis días de lucha hemos llegado a un consenso, pero les hemos aclarado (a MMG y al Estado) que queremos acuerdos serios”, dijo David Huillca, presidente de la comunidad.
Los invasores al predio de la mina señalaron que, pese a la incursión por parte de este grupo de personas, la empresa mantiene su vocación por “el diálogo respetuoso, transparente y constructivo”, por lo que reiteraron su invitación a una revisión conjunta de los compromisos de inversión social así como su estatus de cumplimiento.
MMG Las Bambas lamentó el impacto económico de estas protestas que han escalado hasta el ingreso en el territorio de la mina, llevando a que ñas operaciones en el tajo de Ferrobamba se detengan. La larga suspensión de su producción a finales de 2021, lo cual ocasionó pérdidas diarias por S/ 1.2 millones por concepto de regalías contractuales y de S/ 4 millones diarios por impuesto a la renta.
Desde que Las Bambas inició su operación en 2016 ha sufrido más de 460 días de bloqueo en su ruta al puerto de Matarani. La producción de Las Bambas representa más del 1% del PBI del Perú, el 78% del PBI de Apurímac y el 9% del PBI minero, según estudio de Macroconsult.
La región Apurímac recibirá S/314 millones (unos US$ 80 millones) por canon minero generado por Las Bambas en 2021, pese a que la mina sufrió 106 días de bloqueo, indicó la minera. Desde que inició operaciones la mina ha generado S/1.511 millones por regalías contractuales transferidos a la región.
Las Bambas enfrenta varios frentes de conflictos comunitarios. Uno no menor está relacionado con sus planes de expansión en el tajo de Chalcobamba, para llevar su producción a 400.000 ton de concentrado de cobre por año en el mediano plazo, lo que ha suscitado en marzo pasado protestas y bloqueos que están lejos de ser contenidos o evitados por las autoridades.
