La empresa Southern Copper señaló que está cerca de llegar a un acuerdo con un grupo de comunidades para levantar una protesta que había llevado a suspender las operaciones en la mina de Cuajone, según informó Reuters.

La mina de cobre de Cuajone suspendió sus operaciones el 28 de febrero, después de que cuatro comunidades del sur de Perú cerraran el acceso al agua a la empresa y bloquearan una vía férrea utilizada para transportar el mineral.

La empresa dijo que las asambleas locales de las comunidades podrían ratificar la operación en los próximos días, lo que permitiría a la mina reiniciar sus operaciones.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente clave de ingresos fiscales. Los residentes de las comunidades cercanas han protestado cada vez más porque las minas causan contaminación sin contribuir lo suficiente a la economía local.

Southern Copper, filial del Grupo México, es uno de los principales productores de cobre y Cuajone es la segunda mina más grande de la empresa en el país.

Según cálculos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Perú estaría dejando de percibir S/ 8.5 millones al día debido ala paralización de la mina Cuajone y que, junto con Las Bambas, se estaría afectando la producción del 20% de cobre.

El blo­queo de la vía férrea entre la mina Cua­jone, que impide el trans­porte de la pro­duc­ción de cobre al puerto de Ilo, afecta gra­ve­mente la ope­ra­ti­vi­dad de la mina y pone en grave riesgo más de 2,000 empleos direc­tos en esta zona, advir­tió la Socie­dad Nacio­nal de Indus­trias (SNI).

Señaló que Cua­jone repre­senta el 7% de la pro­duc­ción de cobre y está dejando de expor­tar dia­ria­mente US$ 4.8 millo­nes, lo cual reper­cute nega­ti­va­mente en el canon minero y otros impues­tos que la empresa aporta al país.

Por ello demandó al gobierno aten­der de manera inme­diata esta grave situa­ción. En la misma línea, el Comité de Pro­vee­do­res de la SNMPE exhortó al Eje­cu­tivo a res­ta­ble­cer la paz social en Cuajone y garan­ti­zar el dere­cho al tra­bajo, y con­de­nar los hechos de vio­len­cia en la zona.