Desde México, el presidente de Southern Perú Copper Corporation, Óscar González, señaló que el gobierno central no ha tomado las acciones correspondientes tras los bloqueos de vías y cortes de agua realizados por las comunidades de Tumilaca, Pocata y Coscore, aledañas a la mina de Cuajone, en Moquegua.

Como se recuerda, en la víspera los trabajadores la mina de Cuajone, operada por Southern Perú, denunciaron que desde hace más de 15 días estas comunidades les cortaron el suministro de agua, según informó Gestión.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), señaló que la compañía ha presentado las denuncias respectivas ante las autoridades, pero no han recibido respuesta.

“No se ha tomado ninguna medida de apoyo para tomar las acciones que corresponden (por parte) del Poder Judicial o por la Policía porque el gobierno central no ha tomado las acciones correspondientes”, indicó.

Agregó que el principio de seguridad jurídica en el Perú ha sido vulnerado con los bloqueos de vías y cortes de agua por parte de las comunidades, y advirtió que esa situación afectará la producción y reducir las contribuciones en impuestos para el Estado.

“Sí, hay una vulnerabilidad (jurídica) y la autoridad no está tomando las acciones que corresponden. El diálogo tampoco ha podido resolver el problema, porque estas personas no ceden y piensan que tienen la razón”, dijo.

Advirtió que, se ha vulnerado la seguridad jurídica y de esa manera es muy difícil que lleguen nuevas inversiones al Perú y que pueda convertirse en segundo productor mundial de cobre.

Agregó que la Policía ha querido actuar, pero no se le ha permitido. “No entendemos el proceder de las autoridades, vamos a seguir insistiendo a fin de que las denuncias se atiendan y se restablezcan las actividades (de la mina) y del personal que vive en Cuajone, que está afectada por la falta de agua”, dijo.

LOS EFECTOS
Gonzáles señaló que la falta de producción generará una disminución en el pago de impuestos, por lo que tendrán que comprar concentrados del exterior para tener producción en la refinería.

“Esto hace que los costos suban y van a disminuir las utilidades y los impuestos para la región y el gobierno central”, dijo.

Expresó su incertidumbre respecto a una pronta solución del problema. “No sé cómo se vaya a resolver este asunto, a pesar que tenemos una inversión de US$ 8.000 millones que esperamos ejecutar en Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca) y en Los Chancas (Apurímac), y que no hemos podido invertir también por falta de apoyo del gobierno central”, señaló.

“No creo que haya habido muchas inversiones últimamente de empresas del exterior en el Perú, porque las empresas que ya estamos en el país estamos teniendo problemas. También Las Bambas está teniendo problemas y vemos que no hay un apoyo gubernamental para que las actividades de inversión se lleven a cabo”, sostuvo.

LAS EXIGENCIAS
González Rocha, dijo que es imposible cumplir las exigencias de las comunidades pues están demandando el pago de US$ 5.000 millones y el 5% de utilidades por terrenos ocupados por la mina Cuajone.

“La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y nuestro personal participaron en un dialogo con las comunidades y no se llegó a ningún acuerdo”, dijo.

Explicó que Southern Perú tiene una concesión legal del MINEM. “(Según) la Presidencia del Consejo de Ministros todo está en regla. Esto (el bloqueo y los cortes de agua) hace que no podamos producir y que las personas que viven en el campamento de Cuajone no puedan tener agua para subsistir”, indicó.

“Hay una idea equivocada de las autoridades con respecto a conseguir (con situaciones como esta) que el Perú pueda llegar a ser un mejor país y el segundo productor de cobre a nivel mundial después de Chile. No vemos como esto esté dándole resultados y que pueda seguir teniendo más ingresos”, acotó.

MOQUEGUA PIDE A EJECUTIVO INTERVENIR
Desde el pasado 11 de febrero, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en el distrito de Torata (Moquegua), iniciaron una medida de protesta en contra de la empresa minera Southern que opera la mina Cuajone.

Los comuneros afirman ser propietarios de los terrenos donde está la garita, el hospital, la concentradora, Villa Botiflaca y el área por donde pasa la vía férrea, además del reservorio de Viña Blanca, ocupados por la minera, según La República. 

La medida se fue agudizando, hasta que el 20 de febrero bloquearon una vía férrea, para impedir que el mineral extraído sea transportado. El 28 de febrero, tomaron el reservorio de agua de Viña Blanca.

El conflicto se tornó violento la madrugada del 10 de marzo, cuando se desató un enfrentamiento entre los comuneros y personal de seguridad de la minera. De acuerdo al prefecto regional de Moquegua, Edgar Rea, hubo varios heridos y comuneros detenidos.

En declaraciones a una radio local, el gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, manifestó que pidió al viceministro de Gobernanza Territorial, Jesús Quispe, que intervenga en el conflicto para poder llegar a una solución.

De otro lado, el último domingo, los trabajadores de la minera publicaron un video en el que denuncian que no tienen agua en su campamento hace 15 días y que temen perder su trabajo por la paralización de operaciones. En esa línea, familiares de los trabajadores salieron a protestar para pedir que les restituyan el servicio de agua.

En un comunicado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía rechazó los hechos de violencia. Según el gremio, en los días de paralización se han dejado de producir más de 7 mil toneladas de cobre.