El costo económico que alcanzará para la minera Pelambres, la compañía chilena que explota una mira de oro pegado al límite con San Juan, por haber derramado los desechos del lado argentino, es de más de US$ 120 millones.

El hecho ocasionó un escándalo diplomático cuando fue descubierto, a instancias del reclamo de la minera Pachón –del lado sanjuanino- que reclamó incluso una compensación económica. Pero más allá de ello, la justicia federal de Argentina montó una investigación inmediata que constató el grave daño ambiental y emitió una cautelar que obligó a Pelambres a remediar el daño mientras se expide sobre los delitos posibles que puedan caberles a los responsables. Aunque sobre el ese fondo de la cuestión, la justicia argentina congeló la investigación ante los avances de la remediación.

Justamente en la supervisión de esos trabajos de remediación es que el pasado 3 de marzo se acercó hasta el terreno de los hechos una delegación de AFIP junto a Gendarmería, para elevar un informe al juez Leopoldo Rago Gallo, que es quien lleva adelante la causa.

Allí, el jefe de proyecto de la minera Cerro Amarillo –Pelambres-, identificado como Guillermo Segovia, indicó que los trabajos de remediación fueron contratados por la compañía a la empresa Excavaciones y Proyectos de Chile (EPSA), que es la que está montando una impresionante logística de maquinaria en plena cordillera para quitar todos los desechos del lado argentino.

El contrato de EPSA con Pelambres es de US$ 3,01 por tonelada incluyendo las obras anexas que deben realizar. Si se tiene en cuenta que el volumen total de los que deben retirar es de unos 41 millones de toneladas, el valor del trabajo total supera los US$ 120 millones.

Es decir que ese es el costo de piso de lo que le costó a Pelambres el incidente del lado argentino. Que nació por un reclamo de Pachón y que la minera chilena argumentó que se había producido por error en la cartografía sobre el lugar exacto por donde pasa el límite entre Argentina y Chile. E incluye otros reclamos recíprocos como daños, multas, etc, que no tuvieron avances.

La expedición a la escombrera fue el 3 de marzo pasado. Fueron 4 contadores de la AFIP escoltados por una patrulla de Gendarmería justo al límite con Chile, donde fueron tirados los residuos peligrosos que hasta llegaron a ocasionar un incidente diplomático cuando fueron descubiertos.

En el acta que labraron al final de la inspección indicaron que hallaron en el lugar una retroexcabadora, 4 camiones Komatsu para 380 toneladas, 5 camiones Caterpillar para cargar 240 toneladas, una topadora Komatsu, una motoniveladora Caterpillar y una excavadora Liebherr. En el lugar, el jefe de planta Segovia informó que los trabajos de la contratista EPSA son supervisados por Minera Los Pelambres, y se obtuvieron fotografías de los trabajos.

Además del costo que demanda el trabajo, en el acta se indica el nivel de avance. Sostiene la empresa que ya fueron retirados 30 millones de toneladas de los 41 fijados en la orden de la justicia argentina, lo que arroja un avance del 73% de la obra.

De acuerdo a los cálculos actualizados, a marzo del año próximo se calcula que ya estarán prácticamente terminados los trabajos de remediación ordenados por Rago Gallo.

La causa es por infracción a la ley de residuos peligrosos y por el presunto delito de usurpación de aguas, porque también está en juego la calidad de las nacientes del Río San Juan. El escándalo se conoció en 2017 y la cautelar para remediar el daño comenzó a ser aplicada a fines de ese mismo año.

La última novedad fue a finales del año pasado, cuando Rago Galle aceptó suspender los alcances de la causa penal contra los ejecutivos tanto de Pelambres como de Pachón ante el avance de la remediación, que en ese momento alcanzaba el 66%.

Esa suspensión de la acción penal fue un permanente reclamo de la defensa de los imputados chilenos, ejercida por el reconocido estudio jurídico porteño de Ricardo Gil Lavedra, ex camarista en el juicio contra las juntas militares y activo dirigente del radicalismo.

El fallo del juez federal sanjuanino establece que la acción penal sólo se extinguirá cuando se verifique la remediación total del daño.