El ministro de Economía, Martín Guzmán explicó en detalle el acuerdo con el FMI ante Diputados, con especial foco en la cuestión de las tarifas y confirmó la segmentación en tres niveles atada al poder adquisitivo del usuario.

La única partida del gasto primario por lo que se espera una reducción en 2022 son los subsidios a la energía, que deberían caer en el equivalente al 0,6% del PIB en el año (del 2,3% en 2021 al 1,7% en el presente año).

El dato que confirmó el ministro Martín Guzmán ante la Comisión de Diputados es que, luego de la firma del acuerdo, el FMI desembolsará de inmediato casi U$S 10.000 millones, cifra que daría un respiro a las reservas del Banco Central en momentos en que el sector privado los cálculos actualmente estiman que los activos netos son negativos en alrededor de $ 500 millones.

Fuente Gráfico: Ámbito

"En el tema tarifas se apunta a un esquema de actualización que tenga un carácter progresivo", al tiempo que advirtió que se está "ante un escenario internacional de contingencias" y se debe "lidiar con ello".

"Planteamos una segmentación de subsidios que tiene tres niveles", destacó Guzman.  Un nivel que es el de capacidad plena de pago de los servicios, el de mayor capacidad económica; y donde se apunta, en principio, a que un 10% del universo de usuarios deje de percibir el subsidio y que las facturas reflejen el costo energético real.

El segundo grupo que es el que percibe tarifa social tendrá una actualización en términos de la factura final  muy inferior al índice de variación salarial del año 2021", agregó. Respecto a esto último, el ministro dijo que la actualización "reflejaría un aumento del 40 por ciento en relación a ese índice"; mientras que "en el resto de los usuarios la tarifa se actualizaría en un 80 por ciento del coeficiente de variación salarial, de modo que también quedarían por debajo de los salarios".

Para 2023 el documento indique una “expansión del plan de segmentación”. Alejandro Einstoss, economista del Instituto Argentino de Energía, aseguró a Infobae que al decidir no tocar el gasto social ni el de capital, el gobierno se condenó a que el ajuste fiscal se recueste en el recorte de los subsidios económicos, y 75% de estos son energéticos. La “línea roja” del FMI, dijo, es el sendero fiscal. Y el gobierno decidió transitarla por el lado de la energía.

“El plan apuntará decididamente a aumentar el recupero de los costos de la electricidad y el gas en el mediano plazo”, a “mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso” y a “asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad”.

En conferencia de prensa, la semana pasada la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, informó que durante 2022 y 2023 la suba de tarifas para los usuarios residenciales iba a ser menor al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, que en 2021 fue del 56,5%.

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