El debate en México y a nivel internacional se concentra en algunos minerales fundamentales para la transición energética, como el cobalto, el litio y el níquel. Pero hay otros que también resultan indispensables en ese camino y que permanecen en  segundo plano.

México, de hecho,  además de depósitos litio, posee recursos probados como bismuto, cobre, fluorita, grafito, molibdeno y zinc, involucrados de una u otra forma en los diferentes procesos de la transición hacia una economía de bajo carbono.

Beatriz Olivera, fundadora de la no gubernamental Energía, Género y Ambiente, resaltó que este país, la segunda economía latinoamericana,  tiene potencial minero para esa transición.

“Pero es un modelo extractivo, se extrae el mineral y se desarrollan en otros lados”, cuestionó sobre el actual modelo minero mexicano, y en particular sobre los elementos que adquieren especial valor al avanzarse a la descarbonización energética, como fórmula para contener el calentamiento planetario.

“Si estos minerales se extraen, ¿dónde queda la cadena de valor, el beneficio para países como México? Solo nos vamos a quedar con las consecuencias negativas y se van a crear zonas de sacrificio para satisfacer tecnologías en otras partes del mundo”, cuestionó.

Olivera es coautora de un informe de próxima aparición sobre los metales estratégicos para la transición en México y en el cual identifican 23 minerales para aplicaciones como instalaciones eléctricas, centrales solares y eólicas, así como dispositivos para almacenamiento de energía, como baterías.

El grupo halló 803 proyectos mineros, de los cuales 237 tienen algún mineral entregado en concesión que resulta utilizable en la transición, la mayor parte inactivos, pero vigentes.

Casi la mitad se halla en la etapa inicial, casi un tercio en exploración, 13 % en fase de preproducción y la parte restante se encuentra en prefactibilidad, expansión o cerrados.

Mientras, 58 emprendimientos pertenecen a empresas canadienses, 29 a mexicanas, 26 a estadounidenses, siete a australianas, tres a británicas, una a chinas y en 113 casos se desconoce la procedencia.

CARTERA MINERA
México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

En 2020, el país ocupó el segundo escalón en la producción mundial de fluorita, el quinto en bismuto, molibdeno y plomo, así como el sexto en zinc, el noveno en cobre y el décimo en manganeso.

En 2020, los yacimientos mexicanos aportaron dentro de los minerales para la transición 1,07 millones de toneladas de fluorita, 732 863 de cobre, 688 461 de zinc, 260 390 de plomo, 198 448 de manganeso, 18 562 de molibdeno y 1844 de grafito, según el oficial Anuario Estadístico de la Minería Mexicana.

El país tendría 38 depósitos de arcilla con presencia de litio, potasio, magnesio y sodio, de los cuales en al menos 10 habría 5000 millones de toneladas de esos minerales, aunque queda por analizar su viabilidad extractiva y económica, según detalló a IPS el experto independiente José Parga.

El gubernamental Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que México tendría reservas de litio por 1,7 millones de toneladas.

Parte de la propuesta gubernamental de reforma eléctrica para que el sector público retome el control de ese sector, incluye la nacionalización del litio y la creación de una empresa estatal para su aprovechamiento.

México albergaría reservas por 53 000 toneladas de cobre, 68 000 de fluorita, 5000 de manganeso, 5 600 de plomo y 19 000 toneladas de zinc, según el USGS.

La ley minera vigente en México desde 1992 prohíbe a entes estatales la explotación de los minerales descubiertos, lo que en la práctica supone la privatización del sector, ya que queda en sus manos la actividad y el Estado mantiene solo su regulación.

Si bien no hay explotación de cerio, disprosio, erbio, escandio, europio, gadolinio, holmio, iterbio, itrio, lantano, lutecio, neodimio, praseodimio, prometio, samario, terbio y tulio –las llamadas tierras raras, el conjunto de 17 elementos que se han vuelto fundamentales para la transición–, avanza la exploración de un proyecto en el norteño estado de Coahuila.

Además, los depósitos de zinc podrían aportar indio, galio y germanio, otros elementos importantes para la transición energética y que México tampoco extrae.

La mayor parte de vetas se localiza en la zona norte del país.

APROVECHAMIENTO A MEDIAS
Parga subrayó el potencial mexicano, parcialmente aprovechado.

“Existe la certeza de que los materiales están ahí, pero en realidad no han sido objeto de una evaluación que permita conocer realmente su potencial y la eventual viabilidad técnico-económica de su explotación”, planteó.

Para el especialista, “el primer paso para aprovechar los recursos minerales del país es investigar su existencia, cuantificarlos y caracterizarlos para su mejor aprovechamiento”.

Desde hace al menos una década, organismos internacionales han alertado del consumo de materias primas para la transición energética y que puede desembocar en su agotamiento o “pico de consumo”.

Además, la minería ha generado el rechazo en comunidades por todos los lugares del país donde opera, por los daños ambientales provocados, su baja creación de empleos y su pequeño aporte a la economía mexicana.

De hecho, en el país existen actualmente más de 50 conflictos mineros entre poblaciones locales y empresas del ramo.

En México, la transición energética se halla detenida desde 2019 debido a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien favorece el apoyo a combustibles fósiles y las centrales  hidroeléctricas, en detrimentos de variantes renovables como la eólica y la solar.

Además, este país latinoamericano, de 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental y de los cuales 10 % está entregado en concesión a compañías mineras, carece de una industria nacional vinculada a la transición o de una estrategia para su desarrollo.

Como resultado no hay fabricación de aerogeneradores, celdas solares o automóviles eléctricos, pues exporta la materia prima que regresa en forma de componentes para ensamblar paneles solares o vehículos eléctricos.

A PASO LENTO
Empero, ya hay algunos intentos en el mercado mexicano, como el armado de unidades eléctricas en el central estado de Puebla, vecino a Ciudad de México.

Además, la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores, con apoyo de la estadounidense Universidad de California, lanzó el 8 de febrero el Grupo de Trabajo México-Estados Unidos para la Electrificación del Transporte, que busca “generar soluciones para garantizar la transición coordinada hacia la electromovilidad desde una perspectiva estratégica”.

Durante 2022, las partes diseñarán un mapa de ruta binacional, que incluye un diagnóstico sobre el sector automotriz de ambos países y sus oportunidades en la transición eléctrica. Por electromovilidad se entiende la introducción de vehículos que usan electricidad, en vez de combustibles fósiles, y cuya fabricación requiere de los llamados minerales de la transición.

Pero México emprende esa iniciativa sin contar con la Estrategia Nacional de Electromovilidad, lista desde 2018 y que la Secretaría de Medio Ambiente de la administración de López Obrador, llegado en diciembre de ese año a la presidencia,   detuvo desde entonces para “su revisión”.

Si bien algunas urbes como Ciudad de México han introducido unidades de transporte urbano eléctricas, aún no representa una tendencia nacional marcada. Además, la alimentación energética para esas unidades aún proviene de fósiles.

A partir de 2016, la comercialización de autos híbridos y eléctricos nuevos se ha quintuplicado en México, según la consultora privada TResearch México. En 2021, esas ventas superaron las 39 000 unidades , lo que representa 4 % del total.

Durante la cumbre climática de Glasgow, celebrada en diciembre, México se adhirió al Acuerdo de Glasgow sobre Vehículos de Emisiones Cero, firmado por 37 países, 46 metrópolis y gobiernos regionales, así como 11 armadoras de vehículos, 28 dueños de flotas vehiculares, 13 inversionistas institucionales del sector automotriz, dos entes financieros y 21 firmantes de otros segmentos, para eliminar la producción de unidades de combustión interna entre 2035 y 2040.

En enero, en México la generación basada en combustibles fósiles totalizó 76 %, seguida por la eoloenergía  (7 %), la hidroeléctrica  (6,67 %9, la fotovoltaica (4,4 %),  la nucleoenergía  (3,87  %), la geotermia (1,55 %) y la biomasa (0,07 %), según datos del  no gubernamental Observatorio de la Transición Energética en México.

Olivera y Parga subrayaron las inquietudes del papel de los minerales en la transición energética, a nivel mexicano y también  global.

“No necesariamente van a servir para que la transición sea 100% renovable, hay que tomarlo con cierta mesura. Pero tampoco podemos seguir quemando fósiles a diestra y siniestra”, planteó Olivera.

A su juicio, “debe haber un beneficio para la gente, con límites ambientales y sociales, respeto a derechos colectivos de los pueblos, que existan medidas de mitigación a los impactos socioambientales y una distribución más justa y equitativa de los beneficios”.

A su vez, Parga sugirió construir en México una cadena de valor que lleve a la elaboración de productos terminados, como baterías de litio, y la participación de las comunidades de las regiones mineras en las diferentes etapas del proceso productivo.

“Aparte de cuidar el equilibrio ecológico, preservar el ambiente y el entorno cultural de los pueblos y comunidades, también debe asegurarse que obtengan un beneficio económico que le permita elevar su nivel de vida”, propuso.

La disyuntiva se revuelve alrededor de los vehículos de combustión interna, cuyos costos económicos, ambientales y sanitarios son elevados, y los eléctricos, cuya huella también es significativa.