CLAUDIO LEIVA

El pedido de Josemaría para que se firme entre la empresa y la Nación un compromiso escrito en el que el gobierno nacional se comprometa a no cambiar las reglas de juego en el futuro, como un condicionante para avanzar con la puesta en marcha del proyecto, no encontró eco ni en el gobierno provincial y tampoco en la Cámara Minera de San Juan.

"El único acuerdo con las empresas es la ley y deberán cumplir con la reglamentación vigente", respondió el ministro de Minería, Carlos Astudillo, consultado por el tema. Y agregó que "el único acuerdo que tiene el Gobierno provincial es el respeto al medio ambiente y con los sanjuaninos.

Desde la Cámara Minera, su presidente, Mario Hernández, sólo dijo que la entidad no acompaña el planteo de la minera y que sobre las implicancias legales de un compromiso escrito de ese tipo correspondería que lo analizaran los abogados.

La controversia surgió a partir de las declaraciones del gerente general de Josemaría, Alfredo Vitaller, quien expresó que "queremos que con la Nación haya un compromiso escrito. Acá en la Argentina no existe esta figura, pero estamos viendo cómo lo podemos hacer, es algo que tienen México, Perú, Colombia y Chile, que es un documento, un acuerdo o un contrato que se firma entre la compañía y el Estado Nacional. Allí la compañía se compromete a traer 4.100 millones, cumplir con el compre local, entre otras cuestiones, y el Estado se compromete a mantener las condiciones de mercado, la devolución del IVA y se firma".

Vitaller mencionó este punto como uno de los cuatro surgidos en el marco de la Mesa del Cobre, que integran los principales proyectos cupríferos del país y que a Josemaría, por el ser el más adelantado, le tocaba avanzar. Era un planteo primero con la Nación y sugirió que también se debería suscribir con la provincia, y reconoció que con las autoridades incluso se habían dado ya algunas conversaciones sobre el tema.

Astudillo dijo que "sobre el tema nacional no me corresponde opinar, porque soy un ministro provincial". Y agregó que "acá no hay ningún acuerdo, hay un respeto irrestricto a la ley. El único acuerdo que el Estado provincial tiene, al menos desde este ministerio, es con la ciudadanía".

En el ámbito minero sorprendieron las declaraciones de Vitaller condicionando el avance del proyecto a la firma de un acuerdo escrito. Él lo fundamentó en que "el inversor en general ve que Argentina no es la mejor plaza para realizar una inversión" y por eso, para que los inversores aporten los 4.100 millones de dólares que hacen falta para avanzar con la construcción de la mina, dijo que hace falta el convenio para darles seguridad a los inversores".

"Acá hay un compromiso en lo ambiental, en lo social y las empresas deberán cumplir estrictamente con lo que dice la ley", explicó el ministro.

El tema de los requerimientos de Josemaría, del Grupo Lundin, se da en un momento en el que, según las estimaciones del sector privado y lo que conocen en la misma compañía, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del emprendimiento, se espera que salga en el primer trimestre de este año. Pero la construcción de la mina, en la que se llegarán a ocupar hasta 10.000 trabajadores, con el consecuente impacto en la actividad económica provincial, no será inmediata.

El directivo explicó que después vendrá la tramitación de una serie de permisos sectoriales, como Hidráulica, Bomberos, Salud, "porque cada cuestión tiene que estar aprobada y supervisada por su área de gobierno", sostuvo. Por eso, si todo anda bien y no hay contratiempos, en el tercer trimestre de este año podría comenzar la construcción.

PERSONAL
200. Es la cantidad aproximada de empleados que tiene ahora Josemaría, cuando hace un año eran 26, dijo Alfredo Vitaller. Para la construcción llegarán a 10.000.

EXIGEN QUE SE CUMPLA LA LEY
Otra opinión que surgió tras las declaraciones de Vitaller fue la de Ricardo Martínez, que es secretario de la Cámara Minera de San Juan.

Para el experimento dirigente del sector minero lo que hizo Josemaría se explica porque "en el mundo financiero normal este tipo de convenios han sido usuales".

Y lo justificó porque dijo que hay numerosos antecedentes de violación a la llamada Ley de inversiones mineras aprobada en 1993 en la que se hablaba del principio de estabilidad fiscal, que debe entenderse como la imposibilidad de que se vea incrementada la carga tributaria en las empresas.

"En Argentina se ha violado esa ley en numerosos casos y por eso lo que pide la empresa es básicamente que se cumpla con la ley", sostuvo Martínez.

Y agregó que "el mercado internacional está mirando la Argentina de otra manera, porque hay condicionamientos de todo el mundo para la inversión, pero acá no lo entienden así". Según Vitaller, este tipo de convenios son usuales en otros países.