"Es una situación muy grave tal como la manifiestan los vecinos. La actividad minera debe respetar los derechos humanos, la no discriminación, la diversidad cultural y el cuidado del ambiente, principios que conforman del desarrollo sostenible. Las contrataciones de empleo o proveedores no pueden ser de un partido político", enfatizó Marchioli.

Además, insistió en que esta situación "va contra de normativas internacionales de derechos humanos, del trabajo y que además son requisitos del mercado de capitales que cotizan en bolsa de valores, como las políticas de no corrupción".

En este marco el legislador instó al diálogo con el nuevo operador del proyecto, Zijin Mining, con el propósito de corregir "maniobras" relacionadas con fines políticos-partidarios que derivan en actos de discriminación inaceptables".

"La empresa tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que el desarrollo y derrame económico, sea local y sin discriminaciones políticas", remarcó el diputado, a los fines de "evitar actos discriminatorios en la contratación de personal y empresas proveedoras tinogasteñas".

"¿Qué posibilidades pueden tener las y los catamarqueños con competencias laborales que no tienen un padrino político, y que sostenibilidad puede tener la licencia social bajo estas condiciones?", se preguntó.

Marchioli indicó que estos planteos fueron acercados por los vecinos en el marco del recorrido de la "oficina móvil", modalidad de trabajo que implementó en este último período.