Una nueva polémica que involucra a los mapuches en la Patagonia argentina se dio en las últimas horas en Bariloche, luego de que la Justicia de esa ciudad ordenara al gobierno local a entregar tierras del Estado a una comunidad originaria.

Se trata de un predio ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues, el cual ya había sido reconocido perteneciente a Millalonco Ranquehue por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el 2012.

La presentación, realizada por el grupo contra el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y el mencionado INAI, además de contra el Congreso de la Nación, busca que "se instrumente el reconocimiento definitivo e incondicional de la propiedad comunitaria mensurada como de ocupación tradicional".

“Considero que resulta razonable que tal como lo preveía el proyecto de ley del año 2002, el INAI atienda el otorgamiento de los títulos de propiedad comunitaria a través de la Escribanía General de Gobierno de la Nación”, sostuvo el fallo judicial que también obliga al Estado a pagar los honorarios del proceso.

El mismo, firmado por la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez, remarca además que "debe ser el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el obligado al cumplimiento de la sentencia”, y sienta un precedente para que otras comunidades puedan realizar reclamos similares.

En la demanda original, presentada en 2020, se reclama que “la pertenencia de la Comunidad Millalonco Ranquehue al pueblo mapuche se encuentra sobradamente comprobada en múltiples informes e instrumentos obrantes en la carpeta técnica ley 26.160, y que la mensura del territorio de ocupación tradicional de la Comunidad fue presentada por el agrimensor Braeckman al INAI en el mes de abril de 2011, pero que sin embargo a la fecha, la mensura no ha sido registrada por el Estado, ni se le ha otorgado a la Comunidad un título de propiedad comunitaria”.

En ese sentido, pedían “la inmediata transferencia directa a la Comunidad conforme el mecanismo descripto en el art. 8 de la ley 23.302, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer la transferencia de las tierras fiscales de propiedad de la Nación al INAI para su adjudicación y entrega de los títulos respectivos a las comunidades indígenas que las habitan”, algo que fue finalmente aprobado.