ELIZABETH PRADO

La empresa Pluspetrol Norte en liquidación denunció que personas desconocidas han cortado los tubos del oleoducto en el tramo Corrientes-Saramuro y se los han llevado en naves a través del río. Señaló que, de continuar este hecho, podría ocurrir un desastre ambiental teniendo en cuenta que existen 34 mil barriles de petróleo distribuidos en todo el ducto.

“Hay dos tubos en paralelo, uno lo han cortado y se ha producido un derrame y el otro tubo lo han cortado por trozos y lo han llevado por el río para venderlo por pedazos. Hay dos tubos porque, cuando uno de ellos se malogra, se rompe o sufre un atentado, entonces se usa el otro. Ya han producido un acto de vandalismo, de contaminación, y a mí me preocupa que, como la gente está irritada, esto se convierta en un desastre ambiental ecológico brutal”, señaló el abogado de la empresa Pluspetrol Norte en liquidación, Aurelio Loret de Mola.

El asesor legal se refiere a los cuatro meses que lleva invadido el campamento del Lote 8 por pobladores que exigen al Gobierno atender sus históricas demandas socioambientales.

Relató que hace un mes la empresa ya había denunciado que en el tramo entre Corrientes y Saramuro una de las líneas del oleoducto estaba siendo desmantelada. Esa vez encontraron 130 trozos de tubería ya cortados, apilados y preparados para ser transportados.

Sobre estos hechos, Loret de Mola dijo que han comunicado a los funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Interior y Defensa, así como a Perupetro, pero no han obtenido respuesta. “Lo fundamental acá es restablecer el orden y evitar que se siga canibalizando el ducto que va de Corrientes, donde está el Lote 8, a Saramuro, que es donde debiera recibir el petróleo Petroperú”.

El abogado contó que el 9 de enero pasado los pobladores de la comunidad de San Juan Nativo llegaron hasta la zona industrial del Lote 8 portando armas de fuego. Ese día retuvieron un camión articulado que llevaba un generador eléctrico. En días anteriores habían tomado dos embarcaciones, también propiedad de la empresa.

Más medidas de fuerza

Los manifestantes argumentaron que sus acciones se mantendrían hasta el 15 de enero en que se reunirán con las autoridades del Ejecutivo para revisar sus demandas. También amenazaron con radicalizar sus medidas de fuerza, lo que incluiría la vandalización del campamento Percy Rozas, si el 15 de enero no se atiende sus pedidos.

Este campamento está ocupado desde el 27 de agosto del 2021. Cerca de 80 personas de las comunidades de San Juan Nativo, San Juan Campesino y San José de Nueva Esperanza están viviendo en este lugar e impiden la descarga de los 34.000 barriles de crudo almacenados a lo largo del ducto.

La secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Giselle Huamaní, confirmó que el 14 y 15 de enero el Ejecutivo se reunirá en Iquitos con los dirigentes de las cinco cuencas amazónicas para ver la agenda petrolera.

“El proceso de hacer una ruta para la agenda de hidrocarburos es un proceso que tiene que involucrar a todas las organizaciones amazónicas”, precisó Giselle Huamaní.

Deslinde. El apu de la comunidad de Pucacuro, Emerson Mucushua, así como el dirigente de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), Joel Musoline, marcaron distancia de estos actos y se pronunciaron en favor del diálogo con el Ejecutivo para solucionar sus demandas.