Gobitz: Mineras deben colaborar en desarrollo y ejecución de obras

IIMP

El presidente el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz, refirió que la licencia social es uno de los principales desafíos a superar para avanzar hacia la cristalización de la cartera de proyectos mineros en vías de construcción, la cual estima una inversión total de US$ 56,168 millones, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El ejecutivo declaró que la licencia social, si bien es un concepto que formalmente no existe, sí permite entender la armonía necesaria y requerida en el entorno en el que opera la industria minera.

“La licencia social tiene dos miradas. Por un lado, una población altoandina urgida por elevar su calidad de vida con demandas de corto plazo y, por otro lado, una industria minera que requiere certidumbre para desarrollar inversiones de mediano y largo plazo”, analizó.

Ambas miradas, remarcó, no deben ser antagónicas, sino, coincidir en el objetivo común: el cierre sostenido de brechas socioeconómicas a mediano y largo plazo, donde la herramienta para alcanzar ello sea, sin duda, un desarrollo territorial concertado una gestión pública madura.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA MANO DE LA MINERÍA

En ese sentido, el máximo representante del IIMP sostuvo que el desarrollo territorial concertado, coherente y sostenible tiene, por lo menos, tres componentes claves: el planeamiento, el financiamiento y, finalmente, la ejecución sincronizada de proyectos a través de una buena gestión pública.

Por tal motivo, aseveró que en estos tres aspectos del desarrollo territorial, el sector minero una gran oportunidad de aportar.

“Creemos que el sector minero debería tener una activa participación tanto en la formulación de los planes para un desarrollo territorial concertado, con la experiencia ganada en el programa Aporte Voluntario, como en la ejecución de proyectos de infraestructura pública, a partir del conocimiento adquirido en los programas de Obras por Impuestos”, resaltó.

GOBIERNOS NO EJECUTAN EFICIENTEMENTE EL CANON MINERO

Víctor Gobitz detalló que, entre el 2001 y 2020, el sector minero aportó al erario nacional S/ 127,000 millones, y casi la mitad de ello se destinó, bajo el concepto de canon, a los territorios donde se encuentran las operaciones mineras.

“Estos recursos generados por nuestra industria deberían ser asignados correctamente bajo criterios de oportunidad, calidad y transparencia. En promedio, desde que se inició el proceso de regionalización hace 20 años, los gobiernos regionales han gastado solo el 63% de lo percibido y los locales, el 61%. Este es otro desafío por resolver”, acotó.

Por último, el también presidente y CEO de Compañía Minera Antamina, enfatizó que las propuestas de gestión pública de alto estándar se deben implementar a través de personas conocedoras y responsables, bajo el criterio de la meritocracia.  

Los proyectos mineros deben tener un componente social

El Peruano

Jorge Chávez Cresta, viceministro de Minas, consideró que los proyectos de cualquier estrato deben tener un componente social que permita visibilizar, en pocos años, con obras y acciones concretas, los beneficios que genera esta actividad económica, principalmente, en las poblaciones circundantes a las operaciones.

Chávez Cresta sostuvo que el entrampamiento del uso del canon minero y de otros recursos de la actividad, que sirven para financiar obras, inciden en la percepción de las comunidades circundantes a los proyectos respecto a la actividad y en la aceptación de la misma.

Al respecto, señaló que desde el gobierno que impulsa el presidente Pedro Castillo se impulsa un enfoque social para los proyectos y operaciones mineras con un carácter participativo que involucra al Estado, a las empresas y a las comunidades.

ÁRBITRO Y FACILITADOR

Precisó que el Estado, en sus tres niveles, actúa como un árbitro y como un facilitador del diálogo con el propósito de buscar acuerdos consensuados que se reflejen, precisamente, en el progreso y bienestar de los pueblos.

“Los conflictos deben ser resueltos de forma preventiva y, para ello, se debe tomar en cuenta la particularidad de cada uno de los casos”, manifestó el viceministro.

Incidió, finalmente, en la necesidad de que la gran, mediana y pequeña minería, así como la minería artesanal, desarrollen inversiones sostenibles que lleve beneficios a los pueblos aledaños y que los hagan sentir orgullosos del progreso de su tierra.

Cabe recordar que, de acuerdo al mapa de conflictividad social elaborado por la Defensoría del Pueblo, la mayoría de conflictos activos en la actualidad en nuestro país están asociados a proyectos extractivos, ya sea de tipo minero o de hidrocarburos y tienen como protagonistas a las empresas operadoras y a las comunidades.