Ante la solicitud de Bolivia, Argentina accedió a ampliar la vigencia de la quinta adenda al contrato de compraventa de gas natural por 30 días y postergar el tratamiento de la sexta adenda.

Expertos en hidrocarburos consideran que este tratamiento se dilata debido a la disminución de reservas de gas y escasas posibilidades de cubrir la entrega de 14 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas en época de invierno y 8 MMm3d en verano.

Los especialistas advierten que Bolivia está en una situación difícil y Argentina tiene la “sartén por el mango”, por lo que piden a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aceptar reducir el precio ante las dificultades para cumplir la entrega acordada con el vecino país, informó Los Tiempos.

Las tensas negociaciones entre las empresas estatales de Argentina y Bolivia, Ieasa e YPFB se ampliaron hasta el 31 de enero del 2022 para acordar la sexta adenda al contrato de compra-venta de gas natural que tiene como vencimiento 2026, según fuentes gubernamentales de Argentina.

Se informó que la empresa argentina accedió también al pedido de la petrolera boliviana de prorrogar la quinta adenda por parte de la petrolera boliviana, que debía concluir el 31 de este mes. El domingo, el presidente de YPFB, Armin Dogarthen, dijo que estaban trabajando en la adenda.

Según datos proporcionados por fuentes del Gobierno argentino, las negociaciones no avanzaron debido a que YPFB había propuesto enviar 12 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) para la época de invierno y no 14 MMm3/d como lo hizo en el presente año.

lntegración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa) pidió a la petrolera boliviana enviar por encima de la cantidad enviada en 2021 para cubrir la creciente demanda en las provincias del Norte argentino.

Los representantes de Ieasa e YPFB volverán a reunirse en la primera semana de enero del próximo año para continuar en el diálogo sobre el acuerdo para la sexta adenda al contrato de compra-venta de gas natural entre Argentina y Bolivia, según El Deber.

El analista en hidrocarburos y exvicepresidente de YPFB Hugo del Granado indicó que ante la reducción de las reservas de gas no se puede cumplir con la entrega establecida en los contratos, por lo que se debe aceptar las condiciones de Argentina.

“El cliente está en una posición negociadora muy favorable, por lo tanto, puede fijar las condiciones de la negociación. Lamentablemente, Bolivia ya no puede mantener una posición soberbia”, dijo.

El experto en política energética Francesco Zaratti considera que YPFB busca reducir los volúmenes en invierno, sin tocar el precio, pero Integración Energética Argentina (Ieasa) alega que el gas no entregado debe ser suplido por compras de Gas Natural Licuado (LNG) que actualmente tiene un precio tres veces mayor que el gas boliviano.

“Por lo tanto, (YPFB) pretende una rebaja del precio junto a la rebaja del volumen”, explicó.

“En la actual negociación, Ieasa tiene el sartén por el mango, ya que, de no acordarse la adenda VI, volvería a tener vigencia el contrato original que obliga a YPFB a entregar mayores volúmenes bajo pena de multas y penalidades. Pero YPFB dispone para exportar a la Argentina más que de 7 u 8 MMm3d. En todo caso, asistimos, a mi criterio, al principio del fin de la exportación de gas a la Argentina”, agregó Zaratti.

Para el experto, una alternativa para cumplir los contratos de exportación con Argentina sería disminuir el consumo interno de gas en las termoeléctricas y enviar ese ahorro a la Argentina, pero ello depende de un largo proceso.

No hay certificación de reservas

El experto en hidrocarburos José Padilla considera que parte del problema para cumplir con los contratos de exportación con Argentina se debe a la ausencia de certificación de reservas, que deberían presentarse cada año.

“No pueden dar cifras oficiales, eso es indicativo de que las reservas de gas están para abajo. Bolivia está pasando por una crisis energética”, dijo.

Ante la imposibilidad de cumplir con los contratos de venta de gas, Padilla también recomienda a YPFB aceptar la reducción de los precios para evitar pagar multas y penalidades, que no sería favorable para la empresa estatal boliviana.