Un grupo de desconocidos atacó e incendió el campamento Usamarca de la empresa minera Anabi, ubicado en la comunidad campesina de Pumallacta, en el distrito de Quiñota, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco).
De acuerdo con el portal Ojo Público, los comuneros dieron un ultimátum para que los trabajadores de la compañía abandonen el campamento, lo cual se concretó, pero poco después se desató un incendio en las instalaciones. Por ello, la Policía inició una investigación.
Según esa misma versión, los comuneros exigen el retiro definitivo de la minera Anabi porque supuestamente no habría cumplido con un adecuado proceso de cierre de su unidad minera, ya que habría filtraciones de sustancias contaminantes de las plantas de relave hacia los ríos de la zona.
En julio pasado, la comunidad campesina de Pumallacta inició un paro indefinido contra la empresa minera Anabi para exigir su retiro de la zona, así como el pago de US$ 60 millones como concepto de resarcimiento por los presuntos daños medioambientales que habría ocasionado.
El parte policial indica que alrededor de cien comuneros exigían una reunión con los representantes de la minera. Las fricciones habrían comenzado al no obtenerse respuesta para el encuentro.
El subprefecto de Quiñota, Francisco Pumainca, sostuvo que los comuneros piden el retiro de la empresa Anabi. Sin embargo, la unidad minera se encuentra en proceso de cierre definitivo. “Según los comuneros el proceso de cierre no es el adecuado debido a los graves impactos ambientales que estaría dejando (la minera)”, explicó.
La empresa Anabi se dedicó a la extracción de oro por varios años en Quiñota. Durante su operación el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió informes por malas prácticas medioambientales. Para los comuneros, la minera incumplió compromisos asumidos desde 2007 cuando empezó a explorar.
El secretario del Frente de Defensa de Quiñota, Arturo Mantilla, dijo que el gobierno debe tener presencia en la zona y garantizar un correcto cierre minero. “La empresa minera es muy cuestionada. Hay muchos problemas ambientales que nadie soluciona hasta el momento”, dijo.
“Hoy (ayer) la Fiscalía y la Policía realizaron diligencias. Se sabe que fueron los comuneros, pero aún no se tienen nombres. Esta investigación debe avanzar, alguien debe responder por los cuantiosos daños”, dijo.
Según Pumainca, antes de la quema del campamento, los comuneros quisieron retener como rehenes a los representantes de la minera; sin embargo, habrían sido auxiliados por la policía.
El subprefecto informó que dos plantas de tratamiento fueron quemadas, lo que afecta a la comunidad de Collana. Dijo que sin estas plantas se están contaminando los afluentes de la zona que desembocan en el río Santo Tomás, el principal de la provincia. “Es grave. Solo esas plantas evitan la contaminación de los ríos. Necesitamos ayuda en la zona”, agregó Pumainca.
Los comuneros cuestionan a Anabi y exigen su retiro definitivo porque, según aseguran, no han cumplido con un adecuado proceso de cierre de sus operaciones. Señalan que hay graves impactos ambientales y filtraciones de sustancias contaminantes de las plantas de relave hacia los ríos.
EL REPUDIO DE SNMPE
SNMPE CONDENA NUEVO ATAQUE A CAMPAMENTO MINERO EN CUSCO
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó los hechos de violencia que se registraron ayer en la provincia de Chumbivilcas - Cusco, donde un grupo de personas incendio el campamento Huisamarca de la compañía minera Anabi, destruyó maquinarias y equipos, así como puso en grave riesgo la vida de los trabajadores. El gremio minero energético manifestó que lo ocurrido en Chumbivilcas, forma parte de una escalada promovida por grupos violentistas que buscan paralizar las actividades productivas e inversiones en el sector minero, frente a la pasividad e inacción de las autoridades.
Esta escalada -explicó- ha tenido como blanco en las últimas semanas a importantes operaciones mineras como Antamina (Áncash), Cerro Lindo (Ica) y Las Bambas (Apurímac). Esta última se vio obligada a suspender totalmente sus labores desde el último sábado. “Observamos que estos grupos opositores a la minería actúan con total impunidad ante la actitud pusilánime de las autoridades gubernamentales que no actúan para restablecer el orden interno y hacer respetar el Estado de Derecho”, afirmó.
La SNMPE explicó que en la actualidad la unidad minera Huisamarca se encuentra en proceso de cierre de operaciones y, por ende, ya no registra actividades de producción de minerales. “Estos hechos que se vienen registrando en distintas regiones del país, lamentablemente ratifican que se está normalizando la violencia como medio de protesta social ante un Gobierno que pareciera haber claudicado en sus deberes y funciones”, advirtió el gremio minero energético.
Con respecto al caso de Las Bambas, la SNMPE criticó la actitud de un grupúsculo de dirigentes de Chumbivilcas que, anteponiendo sus intereses personales, persisten en el bloqueo de la carretera y su actitud de chantaje contra la empresa MMG Las Bambas. “Son 75 mil familias perjudicadas directamente por estas medidas de fuerza que impactan negativamente en la economía nacional, generando pérdidas por más de US$10 millones diarios para el país”.
En ese sentido, exhortó al gobierno a ejercer su autoridad en consonancia con el marco constitucional vigente, restableciendo el libre tránsito en el corredor minero del sur y otorgando las garantías necesarias para que el sector minero siga produciendo y aportando al desarrollo del Perú.
Atentado contra masificación del gas
De otro lado, la SNMPE denunció que la semana pasada, un grupo de trabajadores de la empresa Gasnorp que realizaban trabajos de tendido de ductos de gas en la provincia de Sechura en Piura, fueron atacados por presuntos pobladores de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.
“Ante las acciones violentas contra las cuadrillas de operarios y la falta de garantías, la empresa se ha visto obligada a paralizar los trabajos en cuatro frentes de tareas: válvulas de seccionamiento en el puente Sechura, Delicias y Virrilá, así como la actividad de apertura del derecho de vía en el tramo 11 del gasoducto”, indicó el gremio.
“Este es un claro atentado contra el proceso de masificación del gas natural que impulsa el Gobierno y se pone en riesgo las inversiones previstas para la región Piura”, precisó la SNMPE al señalar que Gasnorp cuenta con los permisos ambientales aprobados por las autoridades correspondientes y el derecho de servidumbre otorgado por los propietarios de los predios ubicados en el trazo del gasoducto que se construye en Sechura.
