KAREN PEÑA

Tras la sorpresa de la licitación pública lanzada por el Ministerio de Minería en octubre para establecer contratos especiales de operación en yacimientos de litio, salieron a la luz señales concretas del malestar que está provocando en algunos el proceso, a pesar de la defensa que ha sostenido el gobierno desde su lanzamiento.

Compañía Minera Salares del Norte ingresó el 10 de diciembre una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que resuelva si las bases de licitación de este proceso pueden infringir las normas que protegen la libre competencia.

El concurso considera explotar hasta 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una, de las cuales los oferentes podrían adjudicarse hasta un máximo de dos de ellas.

Sin embargo, de acuerdo al escrito de 34 páginas presentado por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, "las bases contienen condiciones que restringen injustificadamente la competencia, inhiben la participación de postulantes, reducen la intensidad competitiva del proceso licitatorio, pueden resultar en una menor producción y, lo que es más grave, favorecerán arbitrariamente a los grandes actores internacionales".

Según aseguran, las bases podrían ser arbitrariamente discriminatorias si se comparan con el último contrato que fue adjudicado a un competidor, aludiendo a la sociedad Salar de Maricunga que es filial de Codelco.

"A ese competidor se le habrían dado condiciones infinitamente más favorables solamente por tratarse de una empresa del Estado, pues coincide con ser una filial de Codelco. Esta situación distorsiona la competencia y podría infringir el principio de que las bases de licitación deben ser no discriminatorias, objetivas y transparentes", recalcan.

Estas circunstancias pueden infringir, dicen, las normas sobre defensa de la libre competencia que debe observar el Ministerio de Minería y, de paso, "vulneran gravemente los objetivos de política pública perseguidos por la autoridad con este proceso", que - según consta expresamente en las bases- consisten en la apertura del acceso al mercado del litio en Chile, aumentar la producción y maximizar la recaudación fiscal.

Ante esto, la compañía solicita aumentar significativamente los plazos del programa de licitación, reducir significativamente los montos de la Garantía de Seriedad de la Oferta, la Garantía de Pago del Precio de la Oferta, y la Garantía de Ejecución de Inicio de Labores de Explotación, ordenando que sean de una suma no superior al 30% de sus valores actuales; y eliminar la exigencia de que las ofertas superen un precio mínimo publicado en las bases.

A esto, se suma eliminar como criterio de desempate la elección de la oferta "más temprana" y disponer que los oferentes deben ser titulares de concesiones mineras.

Así, la empresa y otros actores del mercado, podrían hacer -dicen- una oferta tanto o más competitiva que la del resto de sus competidores.

De hecho, junto con reconocer su interés de participar en la licitación, la firma asegura que "tiene la aptitud y capacidad para realizar ofertas competitivas, que le permitan resultar adjudicatario del proceso, si éste se desarrollase en igualdad de condiciones".