¿Han esquivado las mineras el riesgo político?
BN Americas
El sector minero de América Latina parece estar a punto de esquivar el riesgo político al disminuir los temores sobre un alza de impuestos que frenaría las inversiones en importantes jurisdicciones.
Si bien el sector político de Chile y Perú —los principales productores de cobre del mundo—continúan evaluando elevar los gravámenes a la industria luego de meses de debate y disputas políticas, el resultado podría ser menos dañino de lo que se temía.
Por su parte, los proyectos continúan avanzando en México y Brasil a pesar de restringirse los permisos en el caso del primer país.
“Parece menos probable que el resultado para las mineras sea tan malo como probablemente pensamos hace seis meses”, dijo Joe Bormann, subdirector del área de empresas en Latinoamérica de Fitch Ratings.
Elecciones en Chile
Las proyecciones siguen sin estar claras para el balotaje presidencial que tendrá lugar el 19 de diciembre entre los candidatos de derecha, José Antonio Kast, y de izquierda, Gabriel Boric.
Sin embargo, tras los comicios del mes pasado, la centroderecha controlará más de la mitad de los escaños del Senado, lo que podría resultar positivo para el sector minero de Chile.
“El hecho de que el Senado haya resultado ser un poco más conservador de lo que la gente podría haber pensado actuará como balanza para cualquier movimiento brusco que pueda ocurrir hacia la izquierda después de las elecciones”, señaló Bormann.
La opinión se refleja en comentarios de Diego Hernández, presidente de la asociación minera Sonami, quien dijo que la composición del Senado reduce el potencial de un alza tributaria y los riesgos relacionados.
En noviembre, el Senado aprobó en general y por estrecho margen un proyecto de ley que propone un impuesto adicional de 3% sobre las ventas de más de 12.000t de cobre y 50.000t de litio al año, más un gravamen extra progresivo para el cobre que depende de sus precios.
En las próximas semanas se definirá un plazo para la presentación de modificaciones a la propuesta de royalty minero, a la cual la industria minera se opone enérgicamente.
Falta de impulso
En Perú, la victoria electoral del presidente Pedro Castillo este año provocó preocupaciones entre los inversores, en parte por las propuestas de subir los impuestos y las regalías mineras.
La decisión de no aprobar actividades de exploración o explotación adicionales en las minas, incluidas las operaciones Pallancata e Inmaculada de Hochschild, no hizo nada para aliviar el nerviosismo, aunque posteriormente el gobierno de izquierda dio marcha atrás al anuncio.
Y Castillo parece estar perdiendo tracción.
“Parece que la administración en Perú no está cobrando la fuerza que pensamos que iba a tener para aumentar los impuestos y las regalías mineras a tal grado que hubiera perjudicado a las mineras”, señaló Bormann. "El presidente tiene que lidiar con una oposición en el Congreso y, al mismo tiempo, está recibiendo un poco de presión dentro de su coalición, por lo que no está en una posición tan fuerte para impulsar algo muy draconiano".
En general, hay indicios de que el pragmatismo podría prevalecer tanto en Chile como en Perú.
“En este momento, hay señales de que podría haber aumentos de impuestos, pero estos no serán draconianos y no dañarán considerablemente al sector porque en ambos países la minería es extremadamente importante para el crecimiento a futuro”, agregó Bormann.
México y Brasil
En México, la postura más dura sobre la tramitación de permisos que adoptó el presidente Andrés López Obrador ha frenado el progreso, por lo que hay una serie de proyectos paralizados en la etapa ambiental. Sin embargo, otros están avanzando.
“En México, uno se encuentra con problemas ligados a la tramitación de permisos. Es lenta, pero constante. Brasil es tal vez un poco más dinámico a la hora de dejar que los proyectos avancen, aunque no hay proyectos masivos en cartera que se estén concretando”, indicó Bormann.
Falta de Proyectos
Esta falta de proyectos de envergadura es un problema regional.
Si bien algunas iniciativas más grandes —como la expansión por US$5.200 millones Quebrada Blanca II en la mina cuprífera de Teck Resources en Chile— intensificarán sus actividades durante el próximo año, hay pocos activos grandes en la etapa de análisis que debieran ponerse en marcha en los próximos cinco años.
“Hay cosas en proceso, pero no se ven muchos grandes proyectos en camino”, agregó Bormann. En parte, esto se debe a que los proyectos están frenando la oposición de comunidades cercanas. Tal es el caso del activo de cobre de US$1.380 millones Tía María, en manos de Southern Copper en Perú.
“Dentro de Perú, Chile y Brasil todavía hay muchos activos subterráneos que podrían explotarse, y es solo cuestión de si las empresas pueden lograr que las comunidades locales las apoyen más para seguir adelante con los proyectos porque desde perspectivas soberana, cambiaria, de los ingresos e impuestos, y de demanda del mercado, sería positivo si pudieran seguir adelante", añadió.
Humberto Campodónico: Lecciones de la renta minera en Chile
“La política minera de Chile ha sido distinta a la peruana, que optó por la privatización de las unidades mineras existentes: Tintaya, Cerro Verde, Centromin, así como concesionarias...”.
La Constitución de Pinochet de 1980 establece en su Tercera Disposición Transitoria que “la gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas de acuerdo a la Constitución de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución”.
Por tanto, la estatal Corporación del Cobre (CODELCO) continuará en posesión de las grandes minas de cobre Anaconda y Kennecott, cuyos procesos de “chilenización” y posterior “nacionalización” culminaron en 1971 bajo Salvador Allende. En el 2018 Codelco produjo 1,820 millones de toneladas de cobre, solo 20% menos que los 2,400 MMT que produjo toda la minería privada peruana.
Una razón para no privatizar la minería del cobre fue su carácter estabilizador de la economía: las exportaciones significan ingentes ingresos de divisas que producen superávits comerciales y aumentan los ingresos fiscales.
Desde los 80, el llamado GMP-10, la gran minería privada, elevó fuerte la producción de cobre, llegando a 4,154 MMT en el 2018, siendo las más grandes Escondida, Collahuasi y Los Pelambres. En Chile el 100% de la minería de cobre no es estatal, como dicen algunos. Lo resaltante es que, si bien la gran minería produce más que Codelco, su contribución fiscal es inferior. Veamos.
Los impuestos pagados en el 2018 por el GMP-10 y Codelco, según COCHILCO (Anuario de Estadísticas 1999-2018), fueron US$ 2,394 y 1,806 millones, respectivamente. Si los comparamos con la producción de GMP-10 y Codelco, se aprecia que por cada tonelada de cobre, la GMP-10 paga US$ 0.58/libra (2,394/4,154), mientras que Codelco paga US$ 0.99/libra (1,806/1,820).
Una de las razones puede ser la Ley Reservada del Cobre (“reservada” porque durante muchos años fue secreta) que le otorgaba a las FF. AA. el 10% de las exportaciones de cobre. Dice La Tercera (24/06/2019) que fueron US$ 5,018 millones del 2014 al 2018. Decimos “otorgaba” pues fue derogada en el 2019. Pero no desaparece de golpe: se extinguirá de a pocos en los próximos 10 años.
La política minera de Chile ha sido distinta a la peruana, que optó por la privatización de las unidades mineras existentes: Tintaya, Cerro Verde, Centromin, así como de las concesiones mineras de Minero Perú (muchas de ellas provenientes de la Cerro de Pasco), como Las Bambas, Bayóvar, Antamina y Quellaveco (solo para mencionar algunas).
Así lo manda la Constitución de 1993 (subsidiariedad del Estado) y por eso no existe hoy una sola mina estatal. En varios casos de privatización y concesiones se discutió la posibilidad de que el Estado participara como accionista con un cierto porcentaje minoritario; al fin y al cabo los recursos naturales le pertenecen al Estado. Pero la Comisión de Privatización (COPRI) no lo permitió.
La participación en la propiedad es una de las alternativas que el propio FMI considera apropiada pues permite la captación inmediata de las sobreganancias mineras del “boom” de precios, lo que no hace el impuesto a la renta, que sigue recaudando el mismo porcentaje. En Chile, con Codelco, el Estado capta el 100% de esa sobreganancia y, en buena medida, por eso tributa más, en términos relativos, como hemos visto.
No es posible ahora hacer el balance comparativo de ambas políticas. Pero se pueden decir dos cosas: una, que sí importa la captación de renta de recursos naturales para el equilibrio fiscal, como en Chile. Es un insulto decir, en el Perú, “no quiero pagar más porque tú no lo gastas”. Cierto, el aparato del Estado tiene problemas para gastar, producto de 30 años de neoliberalismo, pero eso no da “derechos” sobre los recursos naturales, que son de todos los peruanos.
La segunda, que captar más rentas, con toda la importancia que tiene, no garantiza el éxito del combate contra la pobreza y, sobre todo, la desigualdad, como se ha visto en Chile, que elige este domingo nuevo Presidente y, pronto, votará por una nueva Constitución. Y, esperemos, por nuevas políticas económicas para no tropezar de nuevo con la misma piedra.
* Ingeniero especializado en temas de economía de minería e hidrocarburos
