En su presentación, la primera ministra se comprometió que el Estado fiscalizará que estas mineras cumplan con su plan de cierre. El sector empresarial criticó el anuncio al considerarlo que se trata de una decisión “unilateral y arbitraria”.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), Pablo de la Flor explicó que la narrativa de la primera ministra contradice y pareciera boicotear los mensajes de confianza del presidente Castillo hacia las inversiones privadas.

DE LA FLOR: BOICOT DE VÁSQUEZ

“A pesar de las idas y venidas, es muy importante diferenciar el mensaje amigable, acogedor y positivo dado por el presidente Castillo en el CADE, todo se echó a perder por las declaraciones de la primera ministra Mirtha Vásquez quien en un acto inconsulto parece haber boicoteado un mensaje que estaba diseñado para la construcción de confianza, es imposible que los inversionistas tengan confianza sin estabilidad y predictibilidad y transparencia la presidenta de consejo de ministros de manera voluntariosa anuncia el cierre de cuatro operaciones mineras sin consultar ni convocar a involucrados, eso no le , no le compete”, declaró a Perú21TV

 Pablo de la Flor, demandó a la presidenta del Consejo de Ministros que vaya más allá del Twitter y realice la rectificación explícita ante el anuncio del cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho.

“Los inversionistas reaccionan a la defensiva con este tipo de anuncios que atentan contra la estabilidad de las inversiones, nos preocupa la pérdida de empleo y el bienestar para los peruanos por la disminución de la tasa de crecimiento y los problemas creados con la reactivación económica; necesitamos una expresión inequívoca y explícita de la premier sobre el tema, no basta un Twitter” remarcó.

GUAJARDO: INCERTIDUMBRE

En una entrevista a DF, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, precisó que "los plazos en un plan de cierre responden al mejor conocimiento que se tiene en un determinado momento. Si hay cambios en las condiciones del negocio, por ejemplo si se invierte y se identifican más reservas, la extensión de la vida de la mina puede modificarse y con ello los plazos del plan de cierre".

Y agregó, "la decisión de la autoridad peruana se basa en un plazo referencial que no toma en cuenta la dinámica del negocio minero, sujeta a una permanente evolución. La caducidad de una operación minera está ligada al marco de las concesiones, que regulan la propiedad, y no a un instrumento que cae más en el ámbito de la regulación ambiental"

 "Las cuatro minas en cuestión no son las más grandes de ese país; sin embargo son importantes en algunas dimensiones, como en la producción de plata y oro, y el empleo en Ayacucho. Ha generado inquietud que este tipo de decisiones se puedan extender a otras minas y, por ende, está impactando en los precios. El efecto más visible hasta el momento es la caída en el valor de las acciones de las compañías propietarias de estas minas, y en los indicadores económicos y financieros en Perú", destacó Guajardo

Lo más complejo es el impacto en los inversores extranjeros. Se establece un criterio de discrecionalidad administrativa sobre la continuidad de las operaciones mineras que genera incertidumbre de cómo podría aplicarse en otras minas y proyectos.

CEPAL, MUCHO Y OEFA: CIERRE DE MINAS Y EMPLEO INFORMAL

¿Qué es el plan de cierre de una mina? De acuerdo con una publicación de Cepal, se trata de un documento en desarrollo que se analizará y revisará a lo largo de la vida útil de la mina.

El Congreso legisló en el 2003 sobre el plan de cierre de minas mediante la ley 28090. En agosto, la presidenta del Congreso, Maríacarmen Alva, promulgó la ley Nº 31347, que modifica la ley que regula el cierre de minas. 

La norma tuvo por objeto “regular obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del plan de cierre de minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren el cumplimiento de las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de protección, preservación y recuperación del medio ambiente y con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”.

En el 2005, el Ministerio de Energía y Minas reglamentó la Ley y exigió a los titulares mineros con operaciones en curso o que estén iniciando nuevas operaciones, que presenten un plan de cierre de minas.

Es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas la que aprueba el expediente del plan de cierre de minas. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se encarga de supervisar y fiscalizar su cumplimiento.

Asimismo, la norma contempla etapas dentro del plan: cierre progresivo, cierre final y pos cierre.

El especialista en derecho ambiental Iván Lanegra indicó en RPP que “es cierto que todas las empresas mineras presentan un plan de cierre de sus minas para iniciar sus operaciones”. Se trata de una de las evaluaciones cuando la empresa pide autorización para operar en virtud a su vida útil.

“Por ejemplo, una vida útil de 20 años, entonces, en esos 20 años ocurren varias cosas, y se dice que hay que hacer un plan de cierre de minas. Ese plan evidentemente con ese plazo de 20 años va a mirar que cuando llegue ese momento la empresa puede cerrar sus operaciones de manera ordenada, cumpliendo las normas ambientales, para evitar lo que ocurrió en el pasado, cuando hubo muchos pasivos ambientales”, dijo Lanegra.

Lanegra indicó que estos planes de cierre pueden extenderse. “Por muchas razones: que el tiempo de operación requiera ser mayor o que la empresa amplie sus operaciones a otro ámbito. Puede solicitar al Estado una autorización para continuar o ampliar”, dijo.

En esa línea, manifestó que lo que el “Estado de derecho nos ofrece es que esas decisiones se toman en base a criterios técnicos, consensuados, producto del diálogo. Eso debe respetarse. Si no se sigue ese camino, se producen ruidos”.

MÁS PROBLEMAS PARA LA FORMALIZACIÓN

De acuerdo a Rómulo Mucho, exviceminsitro de Minas, en el 2006, cuando todavía era funcionario del gobierno, Ayacucho no figuraba entre las regiones con presencia importante de mineros informales, pero hoy sí, ubicados principalmente en la zona Sur de la región, como las provincias de Lucanas y Parinacochas.

Según Raúl Sayas, economista de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y asesor de la Cámara de Comercio de Ayacucho, los mineros artesanales formalizados en dicha región no pasan de las 500 empresas, mientras que los mineros informales suman 15,000. “Hay mucha riqueza minera pero el Estado se ha olvidado de formalizarla, es un caldo de cultivo”.

“La minería informal ha excavado por todos sitios, sin respeto a las zonas de amortiguamiento o zonas arqueológicas. Entre ellos hay peleas y la policía no llega hasta esa zona”, señaló el economista, que también hizo hincapié en que la minería formal -lamentablemente- tampoco ha cumplido con todas las normativas ambientales, como respetar las cabeceras de cuencas, aunque existe regulación para sancionarlas.

Solo en mayo de este año, medios de Ayacucho reportaron que mineros ilegales frustraron la fiscalización a los centros mineros Milagros 100, Filomena 100 y Datel 6, que operan en el distrito de Sancos de la provincia de Lucanas.

Ani Lu Torres de Gestión intentó comunicarse con la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho para conocer el avance de la formalización minera, a través del área de prensa, pero sin respuesta. Aunque un comunicado emitido en setiembre, informa que dicha Dirección, en lo que va del año, tiene 1,725 mineros formalizados, y hay 815 solicitudes de evaluación de Instrumentos ambientales en trámite.

Cabe indicar que el principal mineral explotado en Ayacucho es el oro. Según el reporte del Banco Central de Reserva (BCR), en lo que va de enero a agosto, en términos de participación en el Valor Bruto de Producción (VBP) minero, el oro concentra el 49.8%, seguido de zinc (28.8%) y plata (18.8%).

La producción de plata ascendió a 19,903 kilogramos de contenido fino y se elevó en 34.2% respecto a agosto del 2020, sustentado en el mayor volumen extraído por la Compañía Minera Ares (que opera Inmaculada y Pallancata), Catalina Huanca Sociedad Minera y Minera Sotrami. Además, se expandió la producción de cobre (499.9%), zinc (393.8%), plomo (43.9%) y oro (2.5%).

Minería ilegal sin freno

El exviceministro Mucho considera que el actual gobierno no ha mostrado intenciones claras de una estrategia que permita frenar el número de mineros informales, los cuales se han incrementado en diez veces desde el 2001 y ahora sumarían 500,000 a nivel nacional.

“Puno es la región que debe concentrar el mayor número de mineros ilegales con casi 100,000; seguido de Madre de Dios, Ica (Nazca), el norte de Piura, Apurímac, Ayacucho, así como en la sierra de Lima, como Santa Rosa de Quives y Huarmey, donde han comenzado a buscar vetas”, detalló.

En el 2019, el gobierno reconocía que el proceso de formalización minera a través del Registro de mineros informales en proceso de formalización (Reinfo) no estaba dando los resultados esperados. La vigencia de dicho registro vencía en diciembre del 2020 pero fue ampliado por el Congreso de la República hasta el 31 de diciembre de este año. Se buscaba que 70,000 operadores sean incorporados.

“Si nada ha funcionado entonces debe hacerse un nuevo análisis viendo el panorama completo. No se trata de criminalizar al minero informal porque de alguna manera, ellos mueven la microeconomía regional cuando compran maquinaria e insumos, pero hay que formalizar esa producción minera y que se respeten las normas ambientales”, finalizó.