PABLO FERNÁNDEZ BLANCO

De la derrota electoral surgió un modelo de gestión con el que el Frente de Todos intentará frenar antes del abismo y fijar el norte que seguirá la Argentina en los próximos dos años. Los creadores de las derrotas triunfales aplicarán saltos del tipo de cambio sin devaluar, subas de tarifas sin ajustar y un método heterodoxo para manejar la economía con más ortodoxia. O al menos eso dirán.

La estrella más brillante de ese olimpo de eufemismos será un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se presentará como el resultado de un gran desacuerdo y le dará forma a todo lo demás.

Cristina Kirchner se involucró personalmente en algunas decisiones. Dos de sus funcionarios más cercanos, como Federico Basualdo (Energía) y Federico Bernal (Enargas) trabajan contrarreloj para implementar en abril del año próximo un aumento en las tarifas de luz y gas.

Tienen una responsabilidad inédita: reempadronar a millones de titulares de servicios públicos para que cada usuario pague lo que corresponde, algo que nunca se hizo hasta ahora en la Argentina.

El objetivo es bajar los subsidios del Estado, que se enfocarán en personas mayores, quienes viven en zonas frías y los que reciban la tarifa social. Será el último capítulo, también, de una pelea que enfrentó a la vicepresidenta con Alberto Fernández y Martín Guzmán a principios de este año. El primero, por insistencia del segundo, apuró una segmentación entre usuarios que Cristina Kirchner consideraba imposible, como la había convencido Basualdo.

La disputa Fernández-Kirchner terminó en un entuerto para Guzmán, que echó a su subordinado Basualdo, si bien su orden nunca se cumplió por decisión de la vicepresidenta.

El espanto condujo a acuerdos en algunas áreas sensibles y hoy todos trabajan a la par: Guzmán, Basualdo, Bernal y Santiago López Osornio (responde al ministro) son el núcleo duro que debe avanzar en un pilar clave para achicar el déficit público, uno de los reclamos del FMI.

La suba de tarifas con inclusión social no puede tener errores. Bernal espera anunciar la segmentación en enero próximo y le presta atención a los detalles. No quiere que lo reprendan como a Basualdo -el jefe real de la conducción testimonial que María Soledad Manín ejerce en el ente regulador de la electricidad- por haber habilitado a cortarle el servicio a quien no declare la titularidad real.

La suba de tarifas de abril próximo tendrá un condimento político. Será abultada para evitar ajustes importantes al año siguiente, cuando se renueva la Presidencia. Aunque las elecciones fueron la semana pasada, el Frente de Todos ya comenzó la próxima campaña.

Al día siguiente de la derrota, Fernández, Guzmán y Miguel Pesce (BCRA) tiraron el mapa del dólar con el que venían trabajando. Los tipos de cambio financieros aumentaron casi 8% en dos días. La tendencia se profundizó en el resto de la semana.

Esos dólares subieron porque el gobierno dejó de intervenir. Se calcula que se usaron US$2500 millones para mantener un precio artificial, mostrar cierta estabilidad y luego, soltarla. Alcanza para comprar una YPF y media.

Hernán Lacunza, exministro de Mauricio Macri, técnico de confianza de Horacio Rodríguez Larreta y articulador económico del PRO, estaba fastidiado el martes pasado por el manejo electoralista que la Casa Rosada había hecho con las reservas, según reprodujo su círculo. Es la misma crítica con la que Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuestionan a Macri por la plata del FMI. Un nuevo intercambio de orillas.

Con la derrota electoral consumada perdió sentido comprar paz cambiaria con reservas para buscar votos. Es otro pedido del Fondo Monetario, que también reclama que la Argentina pase de números rojos a azules. O cuanto menos, lo intente.

La base de un futuro acuerdo con el FMI fue tema de conversación esta semana entre empresarios privados de diálogo con el Gobierno y dirigentes de la oposición. De allí surgieron cifras extraoficiales.

El organismo aceptaría una reducción del déficit fiscal que llegue hasta 1% del producto bruto en 2023. La previsión de Hacienda para el año próximo es del 3,3%. La diferencia entre ambos números alumbró una nueva propaganda: no será un ajuste, como prometió Alberto Fernández, sino una corrección. Así se escuchó esta semana en un banco que suele conocer cómo piensan los funcionarios de aquí y de Estados Unidos.

El FMI también sugiere que el bache del año próximo se financie menos con emisión monetaria y más con deuda. Para eso, habrá que tocar la puerta de organismos multilaterales de crédito, algo que suele desaconsejar Martín Guzmán.

Un punto sobresaliente de las discusiones queda enmascarado por los críticos de lo que recomienda Washington. Las cuentas pueden ir cerrando con un ajuste en el gasto -algo que el Presidente dijo que no ocurrirá, pero ocurrirá con la suba de tarifas- o con un aumento de los ingresos mediante la recaudación. Esto último también está en marcha.

El Frente de Todos impulsa una tasa que se parece a un impuesto de hasta 3% sobre el precio de envasados. Es una iniciativa de Máximo Kirchner y Juan Cabandié (ministro de Medio Ambiente y militante de La Cámpora) que podría aplicarse a miles de productos. Es curioso: la Federación de Cartoneros es la excusa para generar un ingreso mayor al que se le cobró a las grandes fortunas argentinas.

Hay más. El miércoles pasado las operaciones de compra y venta de criptomonedas quedaron alcanzadas por el impuesto al cheque. Fue una decisión prototípica del futuro: la Casa Rosada barrerá el fondo de la recaudación pública para aumentar ingresos. Las migas, suman.

Los acreedores están en un momento condescendiente debido a sus propias necesidades. Cuanto más se extiende la negociación, más los funcionarios de Estados Unidos deben explicarles a sus socios europeos en el Fondo, reacios en su momento a prestar los US$44.000 millones. La más incómoda es por qué en su patio trasero no se puede llevar adelante un ajuste como el que Alemania les exigió a Portugal y a Grecia, dos países que atravesaron duras protestas sociales y ahora parecen encaminados.

Washington se pasó dos años tratando de ganarse la confianza de los vencedores de Mauricio Macri y tras el resultado del último domingo pasará los próximos dos esperando al sucesor de Alberto Fernández, con quien espera alcanzar un entendimiento más fácil.

Por motivos distintos, la Argentina y el Fondo son dos interesados en poner rápido su firma en un convenio que será de transición, como muestra la abrumadora evidencia histórica. El Excel está hecho, como dicen en dos bancos, y la voluntad política, apareció. A tal punto que podría haber anuncios importantes en los próximos días.