La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez acordó en Ayacucho, cerrar y negociar el retiro de cuatro mineras, decisión que generó una fuerte crítica de SNMPE, IIMP, CONFIEP, la titular  Congreso, Maricarmen Alva y el exviceminitro Romulo Mucho.

“¡Primó el diálogo! Tras una reunión sincera y transparente, la Comisión del Ejecutivo y autoridades y dirigentes de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, firmaron un acta de acuerdos que buscan atender demandas en beneficio de la población”, escribió la Presidencia del Consejo de Ministros en sus redes sociales.

Ante el anuncio de Mirtha Vásquez, la titular del Congreso, Maricarmen Alva, se pronunció para criticar esta medida.

La también congresista de Acción Popular utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que la premier se encuentra errada en su accionar ya que el país necesita de la inversión privada y no “mayor incertidumbre”.

“El anuncio de la premier Mirtha Vásquez con respecto al cierre de operaciones mineras genera rechazo y mayor incertidumbre en relación a la posición del gobierno”, escribió. “Nosotros insistiremos en la defensa de la inversión pública y privada con seguridad jurídica”, agregó.

En la misma línea, el exviceministro de Energía y Minas Rómulo Mucho también rechazó el aununcio de Vásquez. "Ya no quedan dudas de que es un gobierno antinversión, antidesarrollo, antimineria, fundamentalmente anti-Perú", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias y señaló que esta iniciativa dejaría sin empleos directos e indirectos a unos 50.000 trabajadores.

"No solo son los trabajadores [...] (también) los estudiantes, los proveedores, los contratistas, toda la cadena de suministros que tiene la minería", agregó.

Mucho afirmó que esta iniciativa "no es potestad de la PCM", pues según la Ley de cierre de minas esa tarea corresponde a las instituciones supervisoras o de control.

En ese sentido, sostuvo que no hay razones para cerrar las minas operadas por las empresas Apumayo, Sami y Compañía y Ares, porque "han cumplido todos los requerimientos sociales, económicos y ambientales. Obviamente están cumpliendo el Estado de derecho para generar desarrollo en la zona", manifestó.

El exviceministro consideró que el anuncio de la titular de la PCM obedece a "un tema ideológico" y se refirió a Mirtha Vásquez como "una conocida anti minería" que "infringe la ley" porque "no es su potestad trabajar en el cierra de las minas".

LOS MOTIVOS, SEGÚN VÁSQUEZ

Por su parte, la premier Vásquez explicó, en su cuenta de Twitter, que las cabeceras de cuenca son “ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios, por eso han acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación”.

Indicó que por ello se acordó crear una comisión ejecutiva para negociar retiro y cierre de cuatro unidades mineras, visitas a zonas afectadas y reuniones con empresas mineras.

“Acordamos crear una comisión ejecutora para negociar retiro y cierre de 4 unidades mineras, visitas a zonas afectadas y reuniones con empresas mineras. Asimismo, la delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental para identificar fuentes de contaminación”, agregó.

Previamente, la titular del Consejo de Ministros indicó ante la población ayacuchana reunida, que, como defensora ambiental por muchos años, también se “identificaba con las causas que defienden”.

“Reconocemos en ustedes un pueblo valiente y luchador, defensor de lo más preciado que es el agua. Si estoy acá como presidenta del Consejo de Ministros, con los representantes de ministerios, es porque reconocemos que sus demandas son legítimas y justas”, aseguró.

Asimismo, refirió que muchos de los pueblos han sufrido serias afectaciones a nombre del desarrollo, recordando que proviene de Cajamarca, “donde muchas veces sufrimos la indiferencia de un Estado que pensaba que es suficiente el crecimiento económico y se olvidaba de los problemas del pueblo”.

“Nosotros comprendemos su frustración que muchas veces se expresa en enojo. Tenemos que responder a lo que ustedes reclaman y asumir pasivos de otras gestiones. Estamos generando un nuevo modelo de manejo de conflictos de forma integral, que construya confianza”, agregó.

En ese sentido, anunció que respecto a las cuatro mineras que fueron señaladas, que para estas “no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible”.

“Vamos a entrar al proceso de cierre de la actividad minera con cronogramas claros, que sea participativo para que ustedes tengan confianza que se cumplirá. Vamos a atender su pedido con los sectores competentes, como el Ministerio de Energía y Minas, para verificar in situ”, refirió.

Vásquez Chuquilín añadió que desde hace años se está luchando en muchos lugares del país para que se delimiten las cabeceras de cuenca. “He peleado para que exista una ley hasta que se logró. Hoy, les anunció que Coracora será la primera experiencia de delimitación de cabecera de cuenca”, sostuvo.

Por último, la jefa del Gabinete Ministerial reiteró las disculpas como Estado, “porque hay que reconocer que ha sido ineficiente”. “Queremos darnos la oportunidad de caminar de manera diferente entre Estado y población. Privilegiemos el diálogo para avanzar, la violencia no nos lleva a nada”, afirmó.

EL COMUNICADO DE PCM

"ARBITRARIA E ILEGAL": EL RECHAZO DE CONFIEP, SNMPE E IIMP

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rotundo rechazo contra la medida arbitraria e ilegal realizada por la primera ministra, Mirtha Vásquez, al anunciar el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, así como el anuncio de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.

En una conferencia de prensa donde estuvieron los máximos representantes de estos gremios, instituciones y empresas mineras, se alertó sobre que esta medida arbitraria de cierre de minas ha sido anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado.

Por su parte, el presidente de la CONFIEP,Óscar Caipo, reiteró que los mensajes erráticos y contradictorios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de Derecho. “En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar 4 empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”, mencionó.

Además, indicó que “la primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”. Al finalizar su intervención, Caipo expresó su rotundo rechazo a que desde el Estado se siga justificando y normalizando la violencia como medida de presión social.

En conjunto todos los gremios, instituciones y empresas mineras presentes hicieron un llamado a la primera ministra para que rectifique formalmente los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora, los mismos que contradicen los mensajes brindados por el señor presidente Castillo en foros nacionales e internacionales para promover la inversión.

Durante su intervención, la SNMPE explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de S/ 12,500 millones en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos”.

Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, recalcó que con esta medida ilegal, 54,000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo.

Además, el gremio minero enfatizó que “en el acta firmada, la premier acuerda negociar el cierre unilateral de las cuatro unidades mineras y luego a través de mensajes en sus redes sociales pretende minimizar lo firmado”. También explicaron que al indicar que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.

En el momento de su intervención, Ignacio Bustamante, en representación de Compañía Minera Ares (unidades mineras Inmaculada y Pallancata afectadas por el anuncio) rechazó categóricamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. “Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera. No tenemos planes de cesar nuestras operaciones y, por el contrario, tenemos la expectativa de continuar trabajando, generando dinamismo económico y empleo en el país”, añadió.

En este sentido, explicó que “el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y requiere para operar. Se va actualizando en función de los nuevos descubrimientos de mineral en el tiempo. Por lo tanto, es un documento que se aprueba y se renueva periódicamente”.

Además, expreso que cuentan con todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo nuestras actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas debidamente aprobados. Nuestra actividad es altamente regulada y, como tal, somos permanentemente fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”), la Autoridad Nacional del Agua (“ANA”), entre otros organismos.

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