El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos calcula que la producción de gas desciende a un ritmo del 3 y 3,5% anual
El declive de la producción de gas natural en el megacampo San Alberto inició en 2014. Dos años después comenzó la disminución en Sábalo y, desde 2020, en Margarita. La producción bajó de 61 millones de metros cúbicos día (MMm3d) a 43 MMm3d en los últimos siete años.
En las últimas semanas, los problemas en el campo Margartita provocaron el incumplimiento en los envíos de gas a Argentina. Desde el pasado 22 de octubre se exporta por debajo de los 8 millones de metros cúbicos día (MMm3d), volumen mínimo establecido para esta época del año. En consecuencia, la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) anunció una penalización.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el incumplimiento surge raíz de una falla operativa en uno de los pozos del campo Margarita, concretamente en el MGR-X3ST, considerado uno de los de mayor productividad en el territorio nacional.
Al respecto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que persiste el problema operativo en el pozo Margarita, el cual que abastece al mercado; pero espera que esta semana se solucione el inconveniente.
“Hemos tenido un problema operativo, el pozo Margarita X3 ha tenido un derrumbe y eso ha afectado. Al ser un pozo productor, se están haciendo todos los trabajos para resolver esos problemas. Son problemas de fuerza mayor, pero estamos esperando que se solucione durante esta semana y normalizar el suministro en el marco del contrato con Argentina”, sostuvo Molina.
Sin embargo, Álvaro Ríos Roca observa que más allá de las penalizaciones que pueda recibir el país, la mayor preocupación es la caída de la producción de gas y la tendencia a la baja, pues calcula un descenso del 3 al 3,5% anual.
“El Gobierno argentino, por lo pronto, tiene que irse preparando y prever cómo abastecerá al norte de su territorio, puesto que cada vez vamos a tener menos producción”, advirtió.
El especialista afirmó que los incentivos a la exploración que anunció el gobierno de Luis Arce pueden dar “algo de resultados”, pero primero es necesario evaluar la letra chica del Decreto Supremo 4616, aprobado el 10 de noviembre, para luego ponerlo en marcha.
“Lo cierto es que la voluntad existe, y por lo menos se ha tomado la iniciativa de poner en marcha este decreto y ver cuán efectivo es”, añadió Ríos.
Sector eléctrico
El analista en hidrocarburos y energías José Padilla aseguró que Bolivia está en “caída libre” en materia de producción de gas natural, lo que implica “menor billetera” para el país.
Asimismo, advirtió que lo más grave de este descenso es que la energía eléctrica también se ve perjudicada, ya que el 70% de la electricidad generada en el país es en base a gas natural.
“Nosotros, para mantener el país, necesitamos 1.600 megavatios. Entonces, el gas juega un papel fundamental no solo para la billetera en lo que refiere al ingreso en divisas, sino a la generación de energía”, sostuvo.
Padilla indicó que por esa razón YPFB pidió a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) que vea la forma de ahorrar gas en la generación de electricidad para no tener contratiempos. “Estamos atravesando una etapa muy difícil”, añadió.
Por otro lado, el analista alertó que para volver a tener volúmenes altos de gas natural habrá que esperar unos siete años, por el tiempo que llevan los periodos de exploración.
Asimismo, explicó que las reservas de gas que tiene el país abastecerán un máximo de cinco a seis años, tomando en cuenta el consumo actual. Y es que la producción llega a un promedio de 43 MMm3d y la demanda interna asciende a 13 y 15 MMm3d; lo demás se exporta.
Padilla dijo que para salir de esta crisis se tiene que poner en marcha proyectos sostenibles.
Argentina cuestiona la reducida multa a YPFB por incumplimiento
Después de que el gobierno argentino anunciara la presentación formal del reclamo por el incumplimiento de Bolivia en las entregas de gas natural, se conoce que la compensación a la que aspira la nación vecina se ve afectada por una rebaja en las penalidades que se acordó en 2010.
La reforma en el contrato interpuesta en esa época comprimió el monto que Argentina puede recibir ante la informalidad del país, puesto que la compensación alcanzaría a los 626.000 dólares, apenas el 10% de lo que cuesta hoy reemplazar los menores envíos con gas licuado o unas 7.700 garrafas.
Si bien lo habitual en un convenio de estas características es que la penalidad sea el equivalente al precio que al cliente le va a costar adquirir ese gas de otro proveedor, esto no acontece con el contrato entre Ieasa e YPFB, por lo que, en el balance final, la estatal argentina terminará perdiendo nada menos que tres ceros, según el reporte del matutino argentino Río Negro.
Hasta el martes pasado, las minúsculas entregas sumaron 16,6 millones de metros cúbicos, por lo que Ieasa aspira a recibir 626.978 dólares, el 15% del precio del gas no entregado.
Mencionada publicación señala que si Ieasa decidiera compensar ese volumen, por ejemplo, con compras de gas natural licuado (GNL), se necesitarían unos 630,8 millones de dólares para obtener ese volumen.
En ese sentido, los 626 mil dólares de penalidad que tiene que hacer efectivo Bolivia, sólo alcanzaría para cubrir el 10% del costo de reemplazo o bien para adquirir 458.680 metros cúbicos, que equivalen a 7.700 garrafas de 45 kilos.
En Argentina califican como “pésima” la negociación que fue rubricada en la adenda de 2010, en la que se modificaron las penalidades.
El vecino país está obligado a comprar el gas previsto, pero si Bolivia entrega menos de los volúmenes acordados, deberá pagar sólo el 15% del producto no entregado a modo de penalización.
El contrato original de exportación de gas, firmado en 2006, imponía penalidades idénticas, tanto si Ieasa retiraba menos gas que el marcado, como si YPFB inyectaba una menor cantidad.
En 2010 se realizó la primera adenda del contrato, reduciendo el volumen de gas natural que Bolivia debía entregar, de 27,7 a 21,3 millones de metros cúbicos por día, como consecuencia del descenso que tiene el país en materia de producción gasífera.
En la misma adenda, Argentina aceptó reducir las penalidades si YPFB envía menor cantidad de gas, pero manteniendo el mismo nivel de obligaciones de Argentina, es decir, adquirir el 100% del gas que manifiesta el documento.